Caso Maureira: fiscalía deja fuera de juicio denuncia de abuso sexual y pide siete años de cárcel a carabineros acusados por torturas tras 18-O

La investigación de la Fiscalía Sur por el caso del estudiante de Medicina de la Universidad Católica (UC) Josué Maureira ha sido reconocida como una indagatoria compleja. La causa se remonta a octubre de 2019 y fue parte de los primeros hechos emblemáticos que daban cuenta de la violencia policial que ocurrió posterior al 18-O.

Luego de dos años el caso se acerca a su juicio oral. La investigación partió luego de la denuncia realizada por el joven y las querellas que ingresaron la UC, el INDH y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda en contra de los funcionarios de Carabineros que resultaran responsables de la denuncia realizada por Maureira, quien aseguró haber sido torturado y atacado sexualmente por un grupo de uniformados de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde permaneció detenido en la madrugada del lunes 21 de octubre.

Hace 10 días, la fiscalía dio un paso decisivo en esta investigación e ingresó al 10º Juzgado de Garantía de Santiago la acusación del caso. El escrito del Ministerio Público detalla que el juicio oral se realizará únicamente respecto de dos hechos.

El primero se remonta a las 2.00 de la mañana del 21 de octubre de 2019. Ese día el estudiante de la UC fue detenido por Carabineros y llevado a un carro policial para luego ser derivado a la comisaría. Adentro del vehículo, dice la fiscalía, los acusados “profirieron expresiones degradantes, alusivas a la orientación sexual del ofendido, tratándolo de ‘maricón cu...’, para luego proceder a bajar sus pantalones, burlándose del tamaño de su pene y de la pintura que llevaba puesta en sus uñas”.

Además, según el Ministerio Público, los acusados agredieron a la víctima en reiteradas ocasiones “con golpes de pie y puño, haciendo uso, además, de sus bastones institucionales, acción desplegada con una finalidad de castigo debido a la resistencia inicialmente opuesta por el ofendido a su detención y en razón de una discriminación hacia el ofendido debido a su homosexualidad”.

El segundo hecho, se lee en el documento, corresponde a los golpes que habría recibido la víctima en la comisaría: “Los funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones golpearon al ofendido mientras lo mantenían en el suelo, junto a los baños de dicha unidad, aprovechando un punto ciego donde las cámaras de seguridad no captan imágenes, agrediéndolo con golpes de pie y puño en castigo de una supuesta agresión de parte del ofendido hacia una de las acusadas y en razón de una discriminación por la orientación sexual del ofendido”.

De acuerdo a la acusación, producto de esta agresión Maureira terminó con “múltiples contusiones equimóticas y hematomas traumáticos de cuello, tórax y extremidades superiores e inferiores, según informe evacuado por el Servicio Médico Legal”.

Pese a que el Ministerio Público había formalizado a siete imputados por los delitos de tortura, tortura calificada y apremios ilegítimos, el 22 de septiembre la fiscal Paulina Díaz tomó una decisión relevante. Solicitó una audiencia de reformalización para dejar fuera del caso el delito de tortura calificada, es decir, el tipo de tortura que incluía el supuesto abuso sexual agravado. En octubre de 2019 Maureira había declarado que fue víctima de un eventual delito de abuso sexual, ya que, además de los golpes, los uniformados lo habían sodomizado, usando para ello el bastón de servicio.

Pese a que ese hecho contaba con un informe ampliado del SML que acreditaba una lesión sexual en la víctima que era “parcial” y “compatible con un elemento contundente como lo es un bastón retráctil”, la fiscalía no pudo obtener más antecedentes para acreditar la participación de los acusados.

La abogada vocera de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco, así lo confirma: “Respecto de la tortura calificada este delito fue reformalizado a tortura simple previo al cierre de la investigación, puesto que no se pudo acreditar la participación de los imputados en este hecho, no obstante el SML en una ampliación del informe sexológico refiere indicios que pudieran atribuirse a una acción de índole sexual en contra de la víctima”.

La representante del Ministerio Público, además, reconoce que “este ha sido un caso de alta complejidad por la naturaleza del delito y especialmente por el contexto en el que se registró en el ámbito de la violación de derechos humanos por parte de algunos funcionarios policiales”.

La persecutora Díaz solicitó una pena de siete años para Erwin Espinosa, Ciro Cubillos, Marcos Valenzuela, Javier Marchant y Marcos Vásquez por ser los eventuales autores del delito de tortura. Además, acusó a Luna Werchez por el eventual delito de apremios ilegítimos, solicitando una pena de cuatro años en su contra. Por ese mismo ilícito también acusó a Daniel Meneses, pero en contra de él pidió una pena de tres años.

La vocera de la fiscalía detalla que en los primeros cinco acusados “el delito tiene como elemento inherente el tema de la discriminación como finalidad y objeto de la tortura”. Además explica que en el caso de Werchez “se acusó con la agravante de discriminación a partir de los dichos proferidos contra la víctima dada su orientación sexual”.

De todos ellos, Vásquez y Meneses son los únicos que ya no están en Carabineros. El primero dejó la institución policial por razones personales y el segundo, comentan desde la policía uniformada, por otras razones administrativas distintas a este caso.

El resto de los cinco acusados son funcionarios activos que están cumpliendo labores administrativas y también operativas. Carabineros realizó un primer sumario que indagó el supuesto abuso sexual, el cual ya está cerrado y descartó “por completo” cualquier responsabilidad de los funcionarios policiales. Luego abrió un segundo sumario, por los hechos detallados en la acusación de la fiscalía, el que aún sigue abierto.

Uno de los defensores del caso, Rodrigo Lazo, comenta que están optimistas de lo que vendrá en el juicio. “Se logró que la fiscalía reformalizara el delito de tortura agravada para terminar en un delito de tortura simple, lo cual es bastante importante. Esa situación es crucial dentro de la investigación, porque desestima por completo la teoría de que los funcionarios de Carabineros habrían abusado sexualmente de la víctima”, dice a La Tercera PM el abogado que representa a Werchez, Meneses y Vásquez.

Lazo agrega que “ese hecho nos tiene satisfechos y convencidos de que en juicio oral lograremos derribar las imputaciones que el Ministerio Público ha realizado, porque tiene una serie de inconsistencias”. El defensor prefiere no adelantar esto último “por razones estratégicas”, pero dice que es un elemento “que debiese apuntar a que este caso termine en absolución”.

El defensor, además, critica las pruebas de la fiscalía: “La imputación que se hace de tortura está amparada básicamente en la declaración de la víctima y a esta no se le creyó respecto de la introducción del bastón que era lo más grave. La defensa va a enfocarse en destruir aquel antecedente que se supone es el más contundente”.

La abogada querellante que representa a la víctima, María Elena Santibáñez, en tanto, asegura que “existe contundente prueba en este caso para acreditar la existencia de los delitos de tortura y apremios ilegítimos”.

En esa misma línea la abogada agrega que “el hecho de que se haya sacado el tema sexual tiene que ver con insuficiencia para acreditar la participación de los imputados”. Esto, dice, no significa que la agresión no haya ocurrido.

“El resto de los hechos son lo suficientemente graves y están bien probados”, afirma la penalista, quien además destaca que los acusados han estado durante todo el proceso con cautelares en su contra.

El próximo 30 de noviembre se realizará la audiencia de preparación de juicio oral. Luego de ese hito comenzarán las audiencias decisivas para que tres jueces penales decidan la culpabilidad o la inocencia de los siete acusados en este caso.