Caso Sierra Bella: concejales insisten en que hay “irregularidades” y Asociación de Tasadores llama a realizar un nuevo avalúo

La polémica compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago sigue dando de qué hablar. Ahora el tema es que salieron a la luz dos nuevas tasaciones -con un año de diferencia- que calcularon por menos de $ 2.500 millones el valor de la clínica. Es decir, menos de un tercio de lo que ofreció el municipio para su compra en enero de 2022: $ 8.285 millones.

Tales antecedentes, dados a conocer por Pulso el domingo recién pasado, dan cuenta de que en 2020 el Banco Internacional tasó el inmueble en $ 2.499 millones. Mientras que en abril de 2021 un interesado (San Isidro Salud SpA, dueña de la Clínica Central) por la propiedad encargó otra tasación a la firma Integravaluaciones, que fijó el precio en $ 2.418 millones. Ese negocio se cayó y terminó en un arbitraje en la Cámara de Comercio donde Ismael Mandiola, el gerente general de la sociedad de médicos que era la dueña de la propiedad ubicada en Sierra Bella 1181, dejó su cargo en enero.

Con todo, el contrato de compra-venta de la exclínica Sierra Bella se encuentra suspendido desde el jueves 9 de febrero, luego de que la concejala de Santiago Rosario Carvajal (Ind.) denunciara ante la Contraloría General de la República (CGR) que el municipio estaría pagando un valor mucho más alto que el comercial real de la propiedad. El ente contralor respondió a la solicitud y ofició al municipio “hasta que se aclare el procedimiento administrativo de compra del inmueble”.

La alcaldesa Irací Hassler (PC) ha defendido la adquisición, señalando que se realizó “con el cumplimiento de la normativa” y que el valor a pagar fue fijado por las tasaciones respectivas realizadas por dos arquitectas y un arquitecto: Mylena Cárcamo Valencia, Patricio Gajardo Rocha y María José Sepúlveda, quienes establecieron el monto del inmueble en $ 8.207.718.078, $ 8.257.244.342 y $ 8.304.902.356, respectivamente.

No obstante, con las dos nuevas tasaciones anteriores al proyecto de Santiago, algunos concejales de la comuna insisten en que el proceso para adquirir el nuevo centro de salud presenta “irregularidades graves”. Esto, hoy los mantiene evaluando la posibilidad de ingresar los nuevos antecedentes a Contraloría, al alero de la investigación que hoy lleva el Ministerio Público para tratar de averiguar si el recinto contaba con permisos sanitarios, cuál era su avalúo fiscal y cómo fue el debate que se llevó en el concejo municipal sobre esta compraventa.

“Todas las semanas hemos encontrado nuevos antecedentes de la compra de la exclínica Sierra Bella que confirmarían que aquí se constituye un sobrepago de cuatro veces el valor oficial y eso no corresponde. Creo que las instituciones que están realizando la investigación están muy atentas a los nuevos antecedentes, pero no es malo que nosotros también estemos haciendo seguimiento a este caso y formalicemos el ingreso de nuevos detalles que siguen generando dudas”, expresó Carvajal.

Eso sí, la concejala precisa que la solicitud de una nueva tasación por parte del municipio no es algo que ella esté considerando: “No tiene sentido porque hoy el proceso (de venta) está congelado por orden de Contraloría. Una nueva tasación significaría en cierto sentido “activar” la compra. Aquí lo prudente, independiente de que nosotros podemos plantear estos antecedentes en acta del concejo, la municipalidad tiene que entregar el resultado de las investigaciones”.

Juan Mena (Ind.) concuerda con Carvajal. Para el concejal, las tasaciones realizadas en 2020 y 2022 “reafirman que el procedimiento planteado por el municipio está mal hecho. Siempre fue necesaria un tasación bancaria, a lo que este municipio siempre se negó”.

Por su parte, el concejal Santiago Mekis (RN) expresó: “La principal duda de los vecinos de Santiago sigue siendo la compra de la exclínica. Es por eso que seguimos levantando dudas y cuestionamientos a la municipalidad, la que, por el contrario, se niega siempre a responder a las solicitudes, por lo que terminan mandando la información a goteo”.

Pese a los cuestionamientos, la concejala Virginia Palma (PC) mantiene su apoyo a la veracidad y “correcto procedimiento” realizado por la Municipalidad de Santiago, algo que “está llevando el Ministerio Público, que va a terminar de develar qué tan real son los hechos, los argumentos y las acusaciones gravísimas que se han hecho de esta gestión de compraventa que es para los vecinos de Santiago”.

Y agrega: “Mi tranquilidad y convencimiento sigue intacto, absolutamente intacto. Los nuevos antecedentes que se han entregado no sé de dónde nacen, por ejemplo, esas tasaciones no las he tenido a la vista (...). Creen que somos unos ignorantes, que no sabemos lo que estamos comprando y que a la vez San Valentino no sabía lo que estaba vendiendo. Nosotros sabemos por experiencia de cuánto cuesta hacer un Cesfam en dinero y tiempo. Mi votación a favor la voy a defender hasta el final, creo en el proyecto de la alcaldesa Irací Hassler”.

Tales declaraciones llegan previo a un nuevo concejo municipal que se celebrará este miércoles 15 de diciembre, instancias que últimamente han tenido un tono “áspero”, según fuentes de la municipalidad, debido a la constante discusión del proyecto de exclínica Sierra Bella, y pese a que no ha sido contemplado dentro de las tablas diarias de discusión y votación.

Luego de que el equipo de la alcaldesa Hassler revelara el rol de los peritos que valorizaron el inmueble, la Asociación de Tasadores de Chile (ASATCh) volvió a cuestionar la tarea y la fórmula utilizada por los profesionales para completar la labor solicitada, pues dentro de este ejercicio se estaría incrementando el valor del suelo sin justificación.

“Al revisar las tasaciones quedan muchas dudas del procedimiento realizado. Primero, porque las tasaciones con que se está justificando esta compra no cumplen ni se ajustan a lo que establece la norma chilena vigente. No cumplen con algo tan básico como es definir adecuadamente el mecanismo de valoración acorde a los principios que sustentan el valor y los enfoques que establece la norma. Por lo tanto, las descripciones del trabajo no son consistentes con los cálculos realizados” manifestó en su momento Teodosio Cayo, presidente de la entidad.

A casi un mes de ese cuestionamiento -y con el conocimiento de las tasaciones realizadas en 2020 y 2021- hoy la asociación ha vuelto a referirse a la polémica compra. En conversación con La Tercera PM, Cayo reafirmó la negativa del organismo a las tasaciones que encomendó el municipio de Santiago debido a que estas “no se ajustarían a la normativa chilena. Por lo tanto, es necesario que se realicen nuevas tasaciones en base a la normativa existente”.

En esta línea, el profesional argumenta que quienes deberían realizar estos nuevos procedimientos deben ser profesionales con una preparación en el área “los que, ojalá, hayan tomado cursos recientes de lo que significan las normativas de hoy. Esperamos que esos tasadores, en lo posible, estén certificados y que funcionen bajo un régimen de control como un tribunal de ética. Esas son las cosas que deben considerarse y es lo mínimo que uno como profesional esperaría”.