Centros de estudios ligados a convencionales RN y Evópoli lanzan documento en el que plantean mecanismos de democracia directa

Mientras se desplegaban en sus distritos para dar a conocer la labor que han realizado en los primeros tres meses de trabajo de la Convención Constitucional, los 17 convencionales de Renovación Nacional y Evópoli, además de los independientes vinculados a esos partidos, ultimaron los detalles de un documento en que plasmaron los principios que buscarán promover en la redacción de la nueva Carta Magna.

Con el impulso de los centros de estudio Horizontal, IdeaPaís e Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), además de un grupo de académicos de distintas universidades, como Catalina Salem, Mariana Canales y José Francisco García, parte del colectivo Vamos por Chile abordará el debate sobre las normas constitucionales que se iniciará el próximo lunes con los lineamientos que recoge el escrito de nueve carillas.

El texto surgió a partir de diversos encuentros y conversaciones, y su último borrador les fue enviado por correo electrónico a los 17 convencionales hace cerca de una semana. Así, los constituyentes de centroderecha pudieron enviar sus comentarios -ya sea por esa vía o a través de conversaciones telefónicas- y definir el escrito que fija sus posturas en diversas áreas.

En esta labor, quienes más participaron –según explican algunos de sus autores- fueron los RN Raúl Celis, Manuel José Ossandón, Cristián Monckeberg y Ruggero Cozzi, además del expresidente de Evópoli Hernán Larraín Matte, quienes se coordinaron principalmente con Juan José Obach (Horizontal), Claudio Alvarado (IES) y Pablo Valderrama (IdeaPaís), para definir la redacción final del documento al que tuvo acceso La Tercera PM.

“El trabajo de la Convención no tiene asegurada su legitimidad”, se lee en el primer apartado del escrito, y añade: “Es crucial respetar las reglas establecidas y garantizar el pluralismo político, la libertad de expresión y la paz social que posibilitan la deliberación democrática (…) Si la nueva Carta consiste en la imposición de una mayoría circunstancial, ella se volverá objeto de disputa permanente en el debate político ordinario”.

Sobre el resguardo con que los convencionales y centros de estudio abordan la discusión, Alvarado puntualiza que “este es un grupo que tiene un ánimo constructivo, que quiere que el proceso resulte lo mejor posible, pero -por supuesto- en algunos temas estamos preocupados; el modo en que se discutió el negacionismo, el anticipo de un recelo respecto de la libertad de enseñanza. O sea, esos son principios, por poner solo dos ejemplos, que a nosotros nos interesan mucho y queremos resguardar”.

En ese sentido, algunos de sus autores previenen que se busca evitar la polarización en el debate y propiciar la construcción de acuerdos, lo que se plasma, incluso, en una narrativa propositiva en el mismo texto. De ese modo, este trabajo vuelve a marcar la idea de que la centroderecha está representada por “dos almas” en la Convención, entre aquellos que fijan posturas tendientes a la búsqueda de acuerdos más amplios y quienes propician defender posiciones.

Al respecto, el director ejecutivo del IES explica que varias de las propuestas incluidas en el documento “debieran generar acuerdo con el mundo de la centroizquierda, incluso con los sectores más moderados del Frente Amplio”, y enfatiza: “Me resisto a creer que la libertad de expresión o el respeto a las reglas es algo que vamos a minusvalorar, porque si es que eso se consolidara, va a ser cada vez más difícil mantener el ánimo constructivo a través del tiempo”.

Explorar mecanismos para favorecer la democracia representativa; defender el bicameralismo, promover partidos políticos “robustos” y fomentar amplios pactos de gobernabilidad, no solo electorales; mantener el principio de la separación de poderes, con controles y contrapesos, junto a sistemas de rendición de cuentas de las autoridades; limitar la reelección de autoridades políticas elegidas popularmente y considerar el principio de alternancia en el poder; otorgar mayor poder a las autoridades regionales; incorporar el reconocimiento de los pueblos originarios; modificar aspectos vinculados a la Corte Suprema como máximo tribunal y gobierno judicial; reformar el Tribunal Constitucional, y el establecimiento de normas constitucionales económicas que permitan el impulso de políticas económicas sin importar el signo político del gobierno de turno y, a la vez, resguarden prácticas abusivas e ilegítimas.

Esos son solo algunos de los principios contenidos en el documento, que está dividido en 12 áreas temáticas: Legitimidad de un proceso democrático, participativo e institucionalidad; Más y mejor democracia; Libertades básicas y sociedad civil; Deberes ciudadanos; Estado social, derechos fundamentales y problemas sociales; Desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente; Un nuevo Estado al servicio de las personas y comunidades; Forma de Estado, descentralización y pueblos originarios; Judicatura; Justicia constitucional; Participación y mecanismos de democracia directa, y Constitución económica: hacia principios constitucionales económicos compartidos.

En el ámbito de la democracia representativa, algunas de las ideas que propondrán los convencionales RN y Evópoli está la de incorporar un nuevo “Estatuto constitucional de la ciudadanía”, con el fin de propiciar la participación de las personas y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. En ese sentido, plantean mecanismos como “la iniciativa popular de ley, que debidamente regulada puede servir como una forma de posicionar temas en la agenda política; y flexibilizar y perfeccionar los plebiscitos a nivel comunal, los que sujetos a limitaciones y exigencias que impidan su abuso pueden ayudar a acercar la toma de las decisiones públicas a la vida cotidiana de las personas. Todavía más novedoso, sugerimos explorar asambleas ciudadanas sorteadas y con objetivo único, que funcionen en base a una agenda previamente establecida y pública, y que sea implementada por el Congreso Nacional”.

Otro aspecto contenido en la propuesta es respecto del Tribunal Constitucional, tema que los autores reconocen que será polémico de abordar en la discusión de la Convención, considerando la imagen pública del organismo y la decisión anunciada por diversos convencionales de terminar con su existencia.

Al respecto, la idea de la centroderecha es modificar este tribunal tanto en sus funciones –que sugieren acotar- como en la forma de designación de sus integrantes. “Nosotros creemos que, efectivamente, este va a ser un tema polémico, pero también es cierto que, si uno mira a los expertos de distintos sectores, bajo este enfoque -que tengamos un TC muy distinto, con funciones más acotadas, pero que de todos modos sigue cumpliendo las funciones más básicas que implica el control de constitucionalidad- nosotros creemos que es posible llegar a algún tipo de acuerdo en esta materia”, concluye Alvarado.