Ciudadanos: Bandos de Santa Cruz y Velasco se van a tribunales y Evoting se abstiene de calificar "fraude"

A punto de entrar a escena están los abogados en la trama que descompone al partido Ciudadanos tras el bochorno de sus elecciones electrónicas del fin de semana pasado, cuyo resultado lleva cinco días sin conocerse producto de una guerrilla entre las facciones que apoyan a Juan José Santa Cruz y Andrés Velasco. El primero exige que se abra la urna virtual y se cuenten los votos, y el segundo pasó a denunciar un "fraude amplio y organizado".

El sector afín al ex ministro, que apoya a la candidata María Ignacia Gómez de la lista "Ciudadanos de a Pie" -que compite con Santa Cruz- prepara acciones judiciales. Personeros de ese bando precisaron que tienen certezas de que hubo "graves irregularidades" tras consultar a estadísticos e informáticos, pero que les falta decidir si han de recurrir a la justicia electoral, penal o civil, o las tres, para denunciar o querellarse por fraude.

De cualquier modo, el documento de dos paginas divulgado ayer por esa facción cierra con la frase "estamos estudiando con un equipo de abogados penalistas".

En tanto, los abogados de la lista de Santa Cruz recurrirán al Tribunal Calificador de Elecciones probablemente mañana, donde presentarán al menos dos escritos que apuntan a que se consolide y valide como único parecer del Tribunal Supremo de Ciudadanos la resolución que ordenó anteayer abrir la urna electrónica. Ese dictamen fue firmado por Ricardo Escobar y Eugenio Evans, pero desconocido por Esteban Ovalle y Nicolás Shea, del sector de Velasco.

Los dos primeros también declararon que el quinto integrante del TS, Alí Samir Hamed Al-Hochi -que se encuentra en Arabia Saudí, peregrinando con ocasión del Hajj-, "no existe" como tal, ya que ni siquiera es militante. Eso les da la mayoría porque Escobar es voto dirimente como presidente del tribunal.

Ambas acciones, de concretarse, judicializarán el conflicto y lo prolongarán. Mientras el Tricel (compuesto por cuatro ministros de la Corte Suprema más el ex presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, de 89 años) no se pronuncie sobre el reclamo de Santa Cruz, es bien factible que la urna siga cerrada allá arriba, en la nube virtual del servidor de Evoting. Lo mismo sobre las acciones que emprenda el otro bando.

El sector de Velasco y de la lista de "Ciudadanos de a Pie" -en el documento divulgado ayer- aseguró que hallaron más "votos fraudulentos", que se suman a los primeros 169 (que el partido sí eliminó de la urna electrónica) y a los 206 que objetan y que siguen en ella. En total, dicen, hay 66 nuevos casos, con lo que en total "se emitieron al menos 441 votos inválidos, equivalentes al 30.3%".

El bando de Santa Cruz prepara una declaración en respuesta a eso para esta tarde, ya que, sostienen, primero quieren saber de dónde sus rivales obtuvieron la información de que existen 66 votos más susceptibles de ser objetados.

En la elección votaron poco menos de 1.300 personas, alrededor del 6% de la militancia del colectivo.

Esta denuncia se hizo después de que el Tribunal Supremo del partido se quebrara anteayer al emitir dos fallos contradictorios (uno que ordenaba contar los votos y otro que lo prohibía mientras no se aclararan las irregularidades), y tampoco se conocía cuando la empresa Evoting, contratada por Ciudadanos para producir la elección, declaró el lunes último que "con la información que tenemos no podríamos decir que hay fraude".

Consultados sus ejecutivos esta mañana, su gerente comercial, Mario Novoa, declaró a La Tercera PM que "no vamos a decir si hubo fraude o no, porque no nos corresponde a nosotros calificar la elección". Añadió que respecto a los nuevos antecedentes, "el análisis no lo hicimos nosotros, pero viene a confirmar que las alertas que levantamos durante la votación fueron oportunas y son más antecedentes para informar al Tribunal en su decisión sobre qué hacer con el proceso".

Las denuncias del velasquismo ya han llegado al Tribunal Supremo de Ciudadanos, cuyos integrantes han recibido entre 8 y 10 e-mails que las replican y piden, en lenguaje jurídico, anular la resolución de Escobar y Evans, que exige contar los votos. Los ministros declinaron referirse hoy a esta nueva arista, aunque se aclaró que cualquier nulidad debe ser pronunciada por una instancia superior, como el Tricel o el Tribunal Electoral Regional. Ese es el camino que deberían seguir los seguidores del ex ministro, además de -si finalmente lo hacen- acusar judicialmente el fraude que ya han denunciado por los medios.