Claudia Heiss (RD) y el proceso constituyente: “Hay mucho de la Constitución del ’80 que se va a mantener”

La periodista y politóloga Claudia Heiss representó a Revolución Democrática en la mesa técnica que trabajó la reforma constitucional de cara al proceso que vive Chile.

A dos meses del plebiscito del 26 de abril que definirá si habrá o no una nueva Constitución, la jefa de carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile tiene su foco puesto en la legitimidad del proceso y la importancia que éste sea atractivo para la ciudadanía, “que la gente no perciba que es igual de excluyente que lo que ha sido el sistema político hasta hoy día”.

“Esto tiene que ser un proceso que no tenga solamente mucha participación en los momentos electorales (plebiscito entrada, elección convencionales y el plebiscito de salida) sino que en todo el proceso. Es muy importante que, si gana el “apruebo”, sea un debate abierto, con participación ciudadana”, afirma.

¿Qué temas se deberían cerrar antes de octubre?

Cuando asumimos la mesa técnica, pensamos que iba a haber un acuerdo político sobre la composición de la convención para darle más inclusión y representación a la sociedad civil. Que la reforma constitucional incluyera estos temas que son una demanda ciudadana muy importante para la legitimidad de la convención por el escenario de descrédito de los partidos. En el fondo, el problema es que estamos tratando de hacer una salida institucional liderada por los partidos en un contexto de mucho descrédito de los partidos. Lo primero que debe resolverse antes del plebiscito son los temas del acuerdo complementario: paridad, escaños de pueblos indígenas, cómo darle opciones de competir a los independientes. Lo importante es que cuando los partidos llamen a participar del proceso constituyente, éste sea un proceso más atractivo y que la gente no perciba que es igual de excluyente como ha sido el sistema político hasta hoy.

No hay claridad en cómo será la transparencia o el lobby en una eventual convención. ¿Regularlo aportaría a la legitimidad?

Esto no estaba en el acuerdo del 15 de noviembre. El acuerdo hablaba de la norma electoral pero no de la regulación del lobby, declaración de patrimonio de intereses y esas cosas. Esto fue algo que se propuso desde la oposición y la derecha estuvo disponible a incorporarlo en la reforma constitucional. Es algo que por supuesto no resuelve el problema, mucho más grande, de la relación de la política y el dinero en Chile. Debe haber una conciencia de los partidos políticos que la política constituyente no es política ordinaria, que es un proceso donde hay cosas mucho más importantes que ganar las posiciones específicas.

¿Los resultados del 26 de abril influirán en la legitimidad del proceso?

Sí, muchísimo. En la coyuntura de hoy hay un problema tan grave con la legitimidad de origen de la Constitución de 1980, que ella es más importante que en otros casos. La señal más clara de que existe un momento constituyente y que la ciudadanía quiere un nuevo pacto social y político es que haya una amplia votación por el ‘Apruebo’, eso daría más pie para lo que salga del proceso constituyente tenga más adhesión. Este tiene que ser un proceso que no tenga sólo mucha participación en los momentos electorales (plebiscito de entrada, elección de convencionales y plebiscito de salida) sino que en todo el proceso. Es muy importante que, si gana el “Apruebo”, sea un debate abierto, con participación ciudadana.

¿Cuáles son los temas que debe abordar una nueva Constitución?

En primer lugar, tiene que estar lo que señala la reforma constitucional, que dice que la convención no puede modificar el carácter de república, democracia, la vigencia de los tratados internacionales y fallos judiciales. Lo que tiene que estar en la Constitución es una declaración de derechos, establecer lo que esta comunidad política considera que son los derechos fundamentales que debe proteger. En segundo lugar, algún nivel de especificidad sobre el funcionamiento orgánico del Gobierno, la relación entre el poder central y las regiones, el funcionamiento de los poderes del Estado. Creo que es poco probable que pase algo que cambie radicalmente el sistema político chileno porque la Constitución va a seguir dialogando con las normas que están vigentes y los cambios que se hagan al ordenamiento actual se van a ir produciendo de a poco. El cambio de la forma en que se vive todo lo que emana de la Constitución va a ser lento y progresivo.

¿Cuál es el régimen político que se debiese definir en la Constitución?

Lo importante es que podamos tener una discusión democrática y representativa sobre el régimen político. Personalmente, no creo que sea viable un cambio radical, como eliminar el presidencialismo, pero sin duda debiera avanzarse a generar un sistema más balanceado entre Congreso, Presidencia, Poder Judicial y otros poderes autónomos. Creo que deberíamos buscar maneras de desconcentrar el poder y acercarlo más a la ciudadanía. Eso implica mayores frenos y contrapesos al Ejecutivo, algún nivel de descentralización y posiblemente pensar en mecanismos de participación complementarios a la representación política como la iniciativa popular de ley u otros.

¿Hay algo rescatable de la actual Constitución?

Hay mucho de la Constitución del 80 que se va a mantener, cosas que se han discutido mucho. Una de ellas, por ejemplo, es que entre los cambios que se hicieron al sistema electoral se instauró la segunda vuelta para las elecciones de presidente. Eso ha sido considerado como algo bueno, no está en la Constitución misma pero sí en la ley electoral que quedó anclada. El proceso democratizador del cambio constitucional tiene que ver con eliminar lo que la dictadura introdujo para modificar el sistema político chileno.

¿Cuáles elementos son?

Tenemos una Constitución que no tiene legitimidad de origen y que además tiene normas que dificultan los procesos de reforma democráticos, a través de las súper mayorías para la reforma constitucional, a través de las 18 leyes orgánicas constitucionales que requieren 4/7 para ser modificadas, a través de un rol del Tribunal Constitucional -a partir de la reforma del 2005- en una especie de poder tutelar sobre el sistema político. En ese sentido, seguimos teniendo lo que Pinochet y Jaime Guzmán quisieron construir que era una democracia que ellos le pusieron el apellido de “tutelada” o “protegida”.

Elementos que hay que revisar y discutir democráticamente, que no han podido serlo por estas normas de aislamiento que tiene la Constitución, son, por ejemplo, la propiedad privada de las aguas que está en el artículo 19 de la Constitución. La Constitución dice que la gente debe poder optar entre un sistema público o un sistema privado de salud, lo mismo pasa con la AFP que están constitucionalizadas en el artículo 19. Lo que se ha llamado la subsidiariedad del Estado, que es la idea de que se debe privilegiar la provisión privada de servicios o necesidades sociales cuando esté disponible y que el Estado sólo debe intervenir cuando no haya privados que tengan interés o capacidad de responder a ciertas necesidad. Eso es un modelo de la relación entre el Estado y la economía y los derechos sociales y que no se ha decidido democráticamente. Es importante que defina a través de un proceso democrático de deliberación constitucional en un proceso constituyente.

Lo que la dictadura introdujo fue una Constitución impuesta que tenía una concepción nacionalista, católica, conservadora, que no es compartida por la mayoría de las chilenas y chilenos y de la que quedan muchísimos resabios institucionales que deben ser discutidos democráticamente.

¿Cuáles son los temas que RD defenderá en una eventual convención?

En general, RD está en sintonía con la oposición en los temas que mencioné, sobre descentralizar el poder, desconcentrar el poder del Ejecutivo y darle más peso al Congreso. Lo que tiene distintivo RD es un énfasis muy grande en los temas de inclusión y participación política. Entonces, es posible que en la convención se discuta paridad para el futuro sistema político. Creo que hay que reivindicar el rol de los partidos políticos pero también pensar que la gente debiera tener espacios de participación a través de consultas, mecanismo de democracia directa como la iniciativa popular de ley que ha dado buenos resultados en otros países.

¿La paridad debiese tener un rango constitucional? ¿Se podría aplicar no solo en el mundo público sino también el privado?

Se pudiera establecer, si hubiera un acuerdo por los ⅔ de la convención constitucional, normas sobre la paridad para la futura legislación del sistema electoral del Congreso. Antes de pensar en los directores de empresa, deberíamos pensar en la designación de nuestro sistema político. Se podría avanzar en un sistema electoral que promueva la paridad en todas las elecciones de representación política del país.