Columna de Javier Sajuria: Comisiones y desinformaciones
Al mirar las críticas sobre la comisión propuesta por el gobierno, queda la duda de si sus detractores han hecho un mínimo trabajo de leer sus objetivos o de revisar el trabajo de sus miembros.
La comisión de desinformación creada recientemente por el gobierno ha levantado una polvareda. Lamentablemente, por las razones equivocadas. Sectores políticos del oficialismo y la oposición han rasgado vestiduras acusando un ataque a la libertad de expresión, pero la realidad es que sus aprehensiones tienen poco que ver con el objeto de la comisión y mucho más con sus sesgos y miedos. La desinformación, en todo orden de cosas, es una de las principales amenazas actuales a la democracia; hacer como que no es un tema que requiera de investigación y política pública es simplemente iluso.
Partamos por los consensos. La desinformación no es un fenómeno reciente. Desde que ha existido poder sobre la trasmisión de información, quienes la controlan han utilizado mecanismos para ser creativos con la verdad. Lo han hecho medios de comunicación, gobiernos, políticos de todos los sectores. La verdad, o lo que se le parezca, siempre ha estado en disputa cuando se trata de influir a la opinión pública. Sin embargo, la expansión de redes sociales en los últimos 15 años ha cambiado la velocidad y la profundidad con que la desinformación se transmite.
La investigación sobre el tema nos ha permitido saber que la desinformación tiende a funcionar mejor en públicos menos informados, o que los mensajes menos sofisticados tienen mayor llegada. También hemos aprendido que teorías conspirativas, como las del Covid-19, han tenido un impacto directo sobre tasas de vacunación y otros problemas de salud pública. Asimismo, la evidencia muestra que las opciones políticas tienen cierta correlación con la (des)información que recibimos, pero que la preferencia por partidos o líderes populistas pareciera no estar influida por ella.
Desde el punto de vista de política pública, el trabajo de la comisión sobre desinformación de la Unión Europea ha mostrado lo complejo que es generar legislación sobre el tema, pero ha permitido también generar una serie de recomendaciones a sus estados miembros. El comité sobre medios y cultura del parlamento británico fue responsable de investigar el rol de Cambridge Analytica en el Brexit, además de ventilar una serie de otras prácticas reñidas con la ética. Gracias a la acción del Estado financiando y promoviendo la generación de conocimiento, hemos podido descubrir las nuevas formas en la que la desinformación se propaga, así como sus efectos.
Al mirar las críticas sobre la comisión propuesta por el gobierno, queda la duda de si sus detractores han hecho un mínimo trabajo de leer sus objetivos o de revisar el trabajo de sus miembros. No se trata de una comisión que busque generar censura o legislación, su conformación no busca representar a la sociedad ni nada por el estilo. Su mandato no es mayor que las múltiples comisiones que hemos tenido en otros temas de política pública, como delincuencia, pensiones o impuestos. Y, sin embargo, ninguna de estas comisiones se ha enfrentado al nivel de resistencia y de baja calidad de debate como ésta.
Otro de los hallazgos es que la investigación sobre desinformación en política tiende a incomodar a quienes están detrás de ella: los políticos. Quizás eso nos permita explicar sus resistencia a la comisión.
