Muchas han sido las alarmas activadas a raíz de los indultos y declaraciones presidenciales. La última, de la Corte Suprema. Todo un encontrón institucional que tiene como telón de fondo un gobierno que, más allá de sus visiones ideológicas, hace las cosas mal. Solo en el affair indultos encontramos listas equivocadas, leyes mal citadas, declaraciones impertinentes y una respuesta descuidada que, como agravante, está redactada en primera persona: la del Presidente. Muchos problemas podrían encontrarse en estas desprolijidades, pero lo más grave resulta de pensar que tras ellas existió un estudio previo, una ponderación de riesgos, un análisis crítico y una decisión revisada. ¿Nadie fue capaz de adelantar la razonable irritación de la Corte? ¿Le pareció a alguien una buena estrategia? ¿Se anticiparon y asumieron las contingencias políticas y el impacto en la mesa de seguridad? Lo dramático es que ambas respuestas, si y no, son alarmantes.
Pero la chapucería continúa porque entre la lista de indultados, “que no son delincuentes”, aparecen nombres que parecen refutar este punto de partida. El más bullado, Luis Castillo, que ha sido condenado cinco veces; dos por hurto, una por lesiones, una por robo con violencia y la última, en 2017, por robo con sorpresa. ¿Nadie revisó adecuadamente los antecedentes?¿Nadie pensó el impacto que produciría en la opinión pública? ¿Alguien indagó en su prontuario? ¿Confiaron en que la prensa no haría su trabajo? Nuevamente todas las respuestas resultan alarmantes.
Nadie podría extrañarse entonces ante una ciudadanía que con ello profundiza su desafección con la política y se aleja de un gobierno que no está en sintonía con sus requerimientos y demandas. Efectivamente, el indulto de los “presos del estallido” (hablar de la “revuelta” es una estrategia para bajar el perfil, los condenados distan de ser meros “revoltosos”) fue una promesa de campaña, como también lo fueron otras que el realismo, pragmatismo, plebiscito, guitarra (o como quieran llamarlo) dejaron atrás. Hoy el 97% de los encuestados en la encuesta CEP responde que jamás justificaría participar en barricadas o destrozos como forma de protesta y que nunca avalaría intervenir en saqueos, o provocar incendios en edificios o locales comerciales. Dado lo anterior, resulta difícil justificar el indulto como una medida “de mucho cariño hacia su pueblo”, como sostuvo la senadora Campillai, o “para sanar heridas” como sostuvo el mismo presidente. Todo indica que la ciudadanía espera exactamente lo contrario.
Quizá la clave esté en otra chapucería que este gobierno ha instalado como estrategia permanente; cambiar de opinión sin sustento argumentativo ninguno, permitiendo el campeo de la inconsistencia. El actual Presidente Boric coincidía, hace algunos meses, con las declaraciones de la diputada de Comunes, Claudia Mix, como las de Natalia Castillo (PC) que hoy abogan por seguir indultando y cifran el error en no reconsiderar nuevos indultos a los “presos de la revuelta”. Hoy lo sigue haciendo, a pesar de sus declaraciones intermedias.
Esta incongruencia no solo daña al gobierno, a su coalición y al oficialismo, sino a la democracia (baste ver que las bajas más significativas, en la misma encuesta, son precisamente Jackson, que respecto de las acusaciones constitucionales hoy está en las antípodas de sí mismo, y Boric). La encuesta CEP da cuenta de un deterioro alarmante en su valoración y de un consiguiente auge de apoyo al autoritarismo. El asunto se vuelve aún más complejo cuando observamos las respuestas respecto del funcionamiento de la democracia en Chile, donde el 36% (+6) de los encuestados cree que funciona mal o muy mal, y el 49%, regular. La percepción ciudadana está muy en línea con el Democracy Index del 2021 que constata el deterioro de la democracia mundial y chilena, situándonos en una categoría inferior a otras evaluaciones y considerándonos como una “democracia defectuosa”, esto es una donde se respetan las libertades políticas y civiles básicas, pero que a su vez presentan un desarrollo insuficiente de la cultura política, tienen bajos niveles de participación y presentan problemas de gobernanza.
Frente a líderes chapuceros, los riesgos de tener a la cabeza del gobierno a un populista o a un sheriff están a la vuelta de la esquina. Y aunque lo hagan democráticamente, no olvidemos que una vez instalados suelen dejar de serlo.
