Columna de María José Naudón: Comunes, ¿acuerdo o desacuerdo?

El acuerdo constitucional del lunes ha sido objeto de un razonable debate y escrutinio. En términos generales, se ha relevado el valor de la negociación y la capacidad de zanjar las razonables y evidentes diferencias dentro de los partícipes. Se han puesto en cuestión aspectos relevantes, no incorporados en el mismo, como el reglamento y la participación ciudadana y también, se ha abierto una discusión en torno a los expertos, su remuneración y selección. Todo dentro del marco de lo esperado y esperable.

Sin embargo, ayer Comunes expresó sus reparos argumentando un excesivo tutelaje que, en sus propias palabras, “restringe el debate democrático” y respecto del cual aseguraron estarán en disposición “a disputar y mejorar lo que sea necesario, para que el proceso tenga como protagonistas a la ciudadanía”. Sus palabras causaron inmediatas y diferentes reacciones en el oficialismo. En general, el socialismo democrático puso énfasis en la relevancia del compromiso afirmando que, eventuales cambios en el acuerdo, resultarían inaceptables. Pero, como buena coalición de almas diversas, Apruebo Dignidad no puso el mismo énfasis y optó por desdramatizar la polémica. El senador Daniel Núñez (PC) aludió a las “zonas grises” y el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que “cualquier parlamentario es libre de presentar indicaciones”, pero que “sugeriría” que las indicaciones estuvieran dentro del marco del acuerdo.

Precisamente para aclarar las “zonas grises” el presidente de Comunes, Marco Velarde, aseguró que la necesidad de puntualizar las discrepancias tenían que ver con su militancia y con la ciudadanía y que no habría contradicción entre firmar y criticar el proceso. En sus declaraciones, sin embargo, habló de la necesidad de “convencer” a sus representantes y de trabajar en evaluar “las cosas críticas y las que no están, para incidir”, refiriéndose, entre otros, al sistema electoral acordado.

Toda una confusión que en el subtexto parece aludir a una renuncia que se volvió demasiado costosa y que puede traer más de algún descolgado pero que, peor aún, parece desconocer el sentido mismo de la negociación y de la representación democrática. Respecto de lo primero, es imposible olvidar que una negociación supone siempre una renuncia. Para ganar hay que perder. Pero es interesante comprender que esta “renuncia” no es necesariamente altruista, no se hace por “generosidad”, sino más bien se refiere a una aproximación pragmática que evalúa y decide. Este matiz no es trivial. Visto así, las negociaciones serán mejores o peores cuando aquello que se cede está en relación con aquello que se obtiene. Y ese parece ser el problema de Comunes. Lo obtenido no es suficiente frente a lo cedido. ¿Es este un problema de acuerdo? No. Es más bien un problema de estos negociadores.

Vayamos ahora a la crítica: el excesivo “tutelaje”. Nos encontramos aquí con un problema de fondo, porque la expresión usada por Comunes alude a un desacuerdo que afecta el centro mismo de lo acordado. ¿Dónde estaría el tutelaje? Podría estar en las 12 bases plateadas como marco, que dicho sea de paso, resultan bastante generales o bien, podría estar en la figura y participación de los expertos. Respecto de las primeras, la necesidad de explicitarlas nace del desborde del proceso anterior y aluden, en general, a asuntos que la propia ciudadanía rechazó o requirió con fuerza. Respecto de los expertos, y más allá de las legítimas opiniones, el acuerdo establece que quien los designa es el Congreso, una institución democrática, legítima y elegida por la ciudadanía para representarla. Esto sin considerar que el producto entregado por dicha comisión deberá luego someterse al Consejo Constitucional, cuyos miembros son todos electos y, posteriormente al plebiscito de salida.

Visto así es razonable que existan discrepancias y es sensato perfeccionar el acuerdo definiendo, proponiendo y trabajando espacios que han quedado abiertos. Sin embargo, no resulta adecuado dirigir los dardos hacia asuntos centrales, definidos y acordados, abriendo dudas de su valor democrático. Lo anterior supone introducir una inestabilidad que puede costar muy cara y desconocer que este proceso no se entiende desvinculado del anterior. Cuidar esta oportunidad (desde todos los lugares y aspectos) es fundamental para el bien del país.