Cómo el Colegio de Profesores empujó la acusación constitucional contra Raúl Figueroa

El 31 de mayo, cuando la comisión de Educación de la Cámara de Diputados discutía sobre cambios al bono de incentivo al retiro, el Colegio de Profesores dejó caer una específica solicitud.

“Estimado presidente, quiero solicitar formalmente la presentación de una acusación contra el ministro (de Educación, Raúl Figueroa), por el abandono de parte del Ministerio en apoyar con insumos, tablet, conectividad, el proceso escolar durante la pandemia. Su única preocupación ha sido abrir escuelas, y ha empezado a presionar con las subvenciones”, sostuvo en esa oportunidad el titular del gremio, Carlos Díaz.

El planteamiento alimentó la idea que estaba rondando dos días antes entre algunos diputados de oposición que pedían estudiar la posibilidad de una acusación constitucional en contra del secretario de Estado.

Simultáneamente, Díaz -que milita en el Partido Humanista- intensificaba los llamados telefónicos con los parlamentarios de esta comisión con el fin de entregar los argumentos que ellos creían que sostenían una acción de esta envergadura. “Hemos ido conversando con los diputados personalmente, expresando nuestros puntos de vista”, admite.

En paralelo, el 30 de junio se anunciaron dos libelos. Uno, de las diputadas de Comunes y del PC, Camila Rojas y Camila Vallejo, respectivamente; y otro, de los diputados del PS, encabezados por Juan Santana. “Desde la vocería que me encomendó la bancada del PS manifestamos la necesidad de llevar una acusación hace meses, y posteriormente el Colegio de Profesores nos dijo que estaban de acuerdo”, recuerda el parlamentario.

El Colegio de Profesores aplaudió estos anuncios y en su sitio web publicó una noticia titulada “El magisterio lo solicitó y se hará: Raúl Figueroa será acusado constitucionalmente”.

Esa intención provocó que ambos bloques comenzaran a conversar, dando paso a una reunión en la que el Colegio de Profesores jugó un rol clave, una semana después.

El 7 de julio se realizó un encuentro extendido con este gremio y la Confech, Unidos por la Educación, Aprojunji, Anef, CUT, Consejo Nacional Asistentes de la Educación (CONAECH), etc. y los diputados opositores de la comisión de Educación.

“En aquella ocasión, nosotros entregamos los antecedentes jurídicos, y la información concreta de número de casos que daban cuenta de la nula voluntad del ministro Figueroa de apoyar a los docentes para la apertura de los colegios. Advertimos que desde el inicio de la pandemia no ha habido voluntad de parte del ministro por apoyar el retorno a clases”, recalca Díaz.

El diputado Santana admite que ese encuentro fue gravitante para aquellos que aún tenían dudas: “fue una reunión muy provechosa en que producto de los argumentos que entregaron las organizaciones de la educación algunos parlamentarios ratificaron su postura y terminaron de convencerse de presentar una acusación”.

En esa oportunidad estuvo el diputado Rodrigo González (PPD), quien se sumó a la acción y luego convenció a su bancada de sumarse a la embestida contra el secretario de Estado.

Luego, el PC, PS y FA juntaron a los equipos de abogados que durante dos semanas prepararon los fundamentos jurídicos, tarea en la cual también colaboró el Colegio de Profesores. “Hemos aportado todos los antecedentes que tenemos, aunque no creemos ser los únicos”, señala Díaz.

Finalmente el 20 de julio, doce diputados opositores presentaron la acusación bajo tres fundamentos: vulneración del derecho a la educación; vulneración de los trabajadores de la educación, y amenaza a la vida e integridad física y psíquica de los estudiantes.

“Llevar adelante un libelo es decisión de parlamentarios, aunque obviamente nosotros tenemos más cercanía con organizaciones sociales que otros parlamentarios como asistentes de educación, estudiantes, profesores”, recalca Santana al desestimar que esta acción haya sido presentada sólo por presión del Colegio.

Algo similar sostiene el presidente de la comisión diputado Mario Venegas (DC), quien posteriormente también se sumó a esta acción. “Si hubo esas conversaciones cuando el Colegio pidió la acusación yo no participé, y no puede dar fe de que eso haya ocurrido. He tenido contacto con ellos pero por otras materias no por esto; no obstante, supongo que ellos están respaldando porque tienen mirada muy crítica respecto de gestión del ministro”, admite.

En tanto, la Comisión revisora que analizará la acusación contra Figueroa -que quedó compuesta mayoritariamente por diputados del oficialismo-, citó para hoy entre 15:00 y 17:00 horas a los primeros invitados: la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC); el propio titular del Colegio de Profesores y representantes de aulas hospitalarias.