Un levantamiento de información acucioso para despejar si había otros llamados de personeros del gobierno al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Esa fue una de las tantas situaciones que el gobierno del Presidente Gabriel Boric buscó despejar ayer tras enterarse que una asesora de la ahora exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega había tomado contacto con el exfrentista, hoy detenido por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, provocando una crisis política que terminó con la primera baja de su gabinete.

Cualquier decisión que se tomara, según confirman en La Moneda, debía resolverse con ese antecedente sobre la mesa. Otros llamados a Llaitul y su entorno era un factor que debía ponderarse en caso de que se aceptara la renuncia que ya había puesto sobre la mesa Vega. Su salida por esa acción inconsulta, asumiendo responsabilidades políticas por la gravedad del hecho, no podía estar sucedida por otras sorpresas para el Presidente.

Por lo mismo -según fuentes de Palacio- se le pidió a distintas carteras relacionadas con el conflicto en La Araucanía que levantaran la información con el objetivo de despejar rápidamente si podían estar seguros que el intento por contactarse con el comunero -que lideró la jefa de comunicaciones de Vega, Tania Santis- no se había repetido en otras carteras. La noche del martes en Palacio aseguraban que no hay registro de ningún otro llamado a Llaitul desde La Moneda ni el gobierno y así lo ratificó esta mañana en un punto de prensa el propio Boric y la ministra Camila Vallejo (Segegob).

“¿Pueden dar certeza de que otros ministros o funcionarios del gobierno no se han comunicado con él?”, fue la pregunta que se le hizo a la ministra, ante lo que respondió, luego de varias insistencias: “Por cierto, nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto, porque ha sido la orientación del Presidente de la República y del comité político”.

Y agregó: “Las gestiones para intentar establecer un vínculo con Llaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas ni informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Por lo mismo, la ministra asumió su responsabilidad política. Porque más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda. Nadie esta por sobre la ley, ni Héctor Llaitul, ni ningún funcionario del Estado”.

Más tarde, desde el norte del país, el Mandatario, a diferencia del jueves, respondió preguntas a la prensa y manifestó: “Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar de todos quienes estuvieran por el camino de la paz (…). El señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino Yo doy esa garantía de que no he dado esa instrucción a absolutamente nadie y yo no estoy en conocimiento de que nadie la haya hecho tampoco. Yo no tengo información de nadie, ningún personero de gobierno, que se haya comunicado con Héctor Llaitul. Ni funcionario”.

Desde anoche que el gobierno ha insistido en privado que ni el Presidente ni el comité político estaban al tanto de las gestiones de Vega y que habría corrido con colores propios al mandatar a su asesora a abrir un diálogo con el líder de la CAM. “Ella al ser consultada por este intento de gestión es que no prosperó, en primer lugar. Y, en segundo lugar, que lo hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo, pero evidentemente no corresponde si es que no es instruido ni informado debidamente. El gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión que no sean los formales”, agregó Vallejo, quien -de todas formas- destacó la gestión de la exministra y valoró su compromiso con el gobierno.

En el mismo tono varios ministros enviaron mensajes de despedida ayer a la extitular de Mideso, agradeciendo su aporte al gabinete y deseándole suerte.

La situación de Vega reflotó la idea de un cambio de gabinete, el que el Presidente Boric tiene previsto para después del referéndum. Al Mandatario le preguntaron, durante el punto de prensa, por qué en este caso decidió sacar a la militante PPD del gabinete y no tomó la misma decisión cuando otros ministros -como Izkia Siches y Giorgio Jackson- han cometido varios errores.

“La atribución de evaluar el desempeño de los ministros es exclusiva y excluyente del Presidente de la República. Creo que no tengo que entrar en detalles al respecto”, manifestó Boric, sin entrar en detalles sobre el asunto.

Por su parte, la ministra de Salud, Begoña Yarza, también fue consultada por su caso en particular e indicó que “es el Presidente el que toma las decisiones (...), estoy disponible hasta cuando el Presidente así lo estime”, agregando que no se siente para nada “inhibida” en su cargo, pese a que se encuentra mal evaluada por parte de La Moneda.

Por otro lado, otro tema que quiere instalar el gobierno es el cuestionamiento a la filtración de la información. El propio Boric manifestó ayer su preocupación por el tema, cuando, además, ocurrió solo días para el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. Luego de sus dichos, un sector del oficialismo levantó una tesis al respecto: que se trató de una operación para favorecer al Rechazo de cara a esos comicios no tardó en instalarse en el oficialismo.

Así lo dijo públicamente esta mañana el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. En entrevista con Radio Duna, el senador advirtió que “no quiero hacer un juicio previo, pero pongo la hipótesis sobre la mesa, hay policías que están jugando a la política. O sea, el filtrar una conversación que es parte de una carpeta investigativa (...) a la prensa y provocar una decisión... porque claramente había una intencionalidad política, a pocos días de un plebiscito histórico por una nueva Constitución, creo que hay gente ahí jugando a la política”.

“Puede haber una coordinación de sectores de derecha que quieran favorece con esto a la opción del Rechazo”, agregó el parlamentario, sin entregar ningún antecedente que acreditara sus declaraciones.

A juicio de una parte del oficialismo, la derecha ha buscado “aprovechar políticamente” la crisis que se produjo en el gobierno. Esto en un contexto, en que la oposición diseñó como estrategia mantener el tema en agenda y esta mañana, de hecho, representantes de Chile Vamos llegaron hasta La Moneda a dejar una carta al Mandatario pidiendo que suspenda su gira en el norte y anunciaron una comisión investigadora por el caso Vega. La UDI, por su parte, presentó una denuncia en contra de la exministra en los delitos que se le imputaron a Llaitul, mientras que desde el Partido Republicano, pidieron un fiscal especial para investigar posibles vínculos del “narcoterrorismo” con el gobierno. Así, reconocen en los partidos, este hecho tensiona aún más la campaña de cara al plebiscito.

Pese al análisis de Latorre y otros oficialistas, en La Moneda buscaron tomar distancia de esa hipótesis. “No sería prudente por parte del gobierno señalar aquello, por cierto, como lo dijo nuestro Presidente lamentamos que este tipo de información sea filtrada por la prensa porque interviene en el proceso judicial”, dijo Vallejo al ser consultada sobre si compartía que esto podría tratarse de una operación de las policías en coordinación con el Rechazo.

Y agregó: “Las opiniones políticas son legítimas y, por cierto, a nosotros lo que más nos interesa es la tranquilidad de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Por eso reiteramos el llamado que ha hecho nuestra ministra del Interior de no intentar sacar réditos políticos en este contexto de un proceso que está judicializado (...), tratar de intervenir con maniobras políticas no le hace bien a nuestra democracia”.

Boric, a su vez, pidió que se investigue la filtración, sin precisar eso sí, a qué instituciones le hacía la solicitud. “Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones”, afirmó el Jefe de Estado.