Corfo se reserva acciones para poner término a contrato si fracasa arbitraje con Albemarle

Con el pie en el acelerador trabajan asesores legales técnicos y económicos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) trabajan en la elaboración de la demanda arbitral que presentarán en contra de la estadounidense Albemarle, por diferencias en la interpretación de una cláusula del contrato que define que el 25% de su producción de litio será vendida a un precio preferencial a productores en Chile.

El plan original de la corporación apuntaba a ingresar la demanda arbitral a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, esto no ocurrió y el proceso se ha extendido más de lo planeado. Ahora la institución dependiente del Ministerio de Economía estima que dicho acto se concretará antes de concluir el presente mes de diciembre.

Si bien la demanda apuntará al "cumplimiento forzoso" de la estadounidense, Corfo en su acción se reservará acciones en caso de que la minera no metálica "alargue o muestre que no desea llegar a un entendimiento".

En efecto, la entidad que lidera el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel se reserva  el derecho de pedir el término del contrato en el juicio arbitral en caso que la contraparte desconozca en todo o parte lo suscrito. Es decir, la corporación recurre por el cumplimento de la cláusula, pero al mismo tiempo se reservará el derecho de según la evolución del arbitraje, escritos y pruebas, pedir el término anticipado con indemnización de existir antecedentes para que esto ocurra, informó una alta fuente ligada al proceso.

El equipo liderado por la fiscal de Corfo, María Elina Cruz mantiene la firme convicción de que en juego está una de las cláusulas esenciales del contrato y que podría retrasar potencialmente la instalación de las empresas que buscan desarrollar productos de valor agregado tras el Lithium Call, que se adjudicaron Posco-Samsung, Molymet y Fulin.

Hace unas semanas ante la comisión investigadora por el caso de Soquimich, el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel lanzó duros cuestionamientos a Albemarle por su posición frente al proceso del arbitraje, pero también criticó la expedita forma en que la administración anterior cerró los contratos con las mineras especialistas en la explotación de litio.

"Decidimos ir a arbitraje con Albemarle, porque no podíamos seguir esperando que la empresa de la buena manera de Dios fijara un precio para que estos productores se instalaran en Chile", sostuvo Sichel.

"Antes de Navidad se presentará la solicitud de arbitraje por los plazos. Estamos en plena discusión. Se contrató a un asesor jurídico, son abogados que nos van a representar frente a la Corte Internacional de Arbitraje, que es Andrés Jana. La última semana antes de la Pascua se debería presentar", anunció la autoridad.

Ad portas del inicio del litigio, las partes han comenzado a reclutar los primeros nombres para la elaboración de estudios en derecho y económicos para afianzar sus posiciones frente a la terna arbitral. Esto debido a que cada parte debe designar a un árbitro, quienes a su vez nombran a un tercero que zanjará definitivamente la disputa.

En medio de este proceso, Albemarle contactó a distintos expertos en derecho en Chile para la redacción de informes en la ante sala al inicio del juicio arbitral. Es así como la estadounidense encomendó al abogado Carlos Peña,  la elaboración de un informe sobre la disputa. Peña, igualmente ha sido árbitro de la ICC.

La compañía igualmente contactó a Enrique Barros, experto en procesos arbitrales entre grandes compañías y fundador del estudio que lleva su nombre. El ex presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP) es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (ICCA) y del Centro Internacional de Arreglo de Conflictos sobre Inversiones (CIADI). Sin embargo, a diferencia de Peña, Barros aún no decide si acepta o rechaza la petición de la norteamericana que le ha solicitado una opinión legal sobre el caso.

La etapa de negociación previa por parte de Albemarle la lideró el abogado estadounidense Terry Hammonds quien sostuvo reuniones personalmente con representantes de Corfo, secundado por Cristián Conejero, abogado socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Conejero cuenta con amplia experiencia en procesos de arbitrajes de alto interés a nivel nacional e internacional. Actualmente representa a CAP en la demanda arbitral que presentó Guacolda e igualmente representó a Colbún en el juicio arbitral con Tecnimont por atrasos en la central Santa María en 2012. Dicho proceso fue por US$500 millones.

Además ha asesorado a AMSA, BHP Billiton, Sacyr y Abengoa, entre otros.