De impulsores a rechazarlo: el giro en la postura de dirigentes del Frente Amplio sobre el voto obligatorio

“Acabamos de aprobar reponer voto obligatorio como una manera de enfrentar espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres”. Era junio de 2021 y el entonces diputado Gabriel Boric -hoy Presidente de la República- celebraba el voto obligatorio, que se aplicaría en las elecciones presidenciales de ese año, en la que se impuso ante el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En su publicación, en su cuenta de “X”, Boric citaba comentarios de su hoy ministro de Energía, Diego Pardow (FA), quien, a su vez, recogió elementos de un estudio encabezado por Marcela Ríos (FA), exsecretaria de Estado de esta administración. “Es razonable reponer el voto obligatorio, pero hay que hacerlo bien, moderar expectativas y acompañar con campaña de formación ciudadana”, comentó Pardow.

Tres años después, ya instalado en La Moneda, el partido del Presidente, el Frente Amplio, ha salido a discutir los efectos del voto obligatorio en la población con menos riquezas. La situación se da en momentos en que el Senado dejó sin multas sancionatorias el proyecto de elección en dos días con voto obligatorio -lo que, según analistas, establece un voto voluntario de facto-, lo que llevó al Ejecutivo a anunciar un veto para reponer esta materia, pero excluyendo las sanciones para los extranjeros que pueden votar en nuestro país.

Esto levantó las suspicacias de la derecha, ya que en los comicios pasados del Consejo Constitucional, que fueron con voto obligatorio, no se excluyó a esa población de las multas. Por lo mismo, acusan que hay un cálculo electoral, ya que dicen que ese electorado vota favorablemente por la derecha.

“El gobierno ha sido explícito, presentamos un proyecto para hacer realidad la reforma que fue aprobada bajo el gobierno del Presidente Boric, que restableció el voto obligatorio. Este proyecto ha tenido algunos problemas en su tramitación: cuando se votó la idea de legislar muchos de la oposición votaron en contra, cuando se votaron normas específicas también lo hicieron algunos del oficialismo”, dijo este jueves, desde La Moneda, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

Una de las voces contrarias a las multas en el voto obligatorio, que más concentraron la atención, fue la del diputado Gonzalo Winter, integrante del núcleo del Mandatario y quien se ha erigido como líder del nuevo partido en la Cámara de Diputados. El mismo parlamentario sinceró la postura que ha tenido el frenteamplismo en esta pasada, ya que la aplicación de altas multas en el voto obligatorio ha sido un tema resistido durante la tramitación del proyecto de elección en dos días.

A su vez, en su entorno advierten que es la misma posición que ha sostenido en el pasado. Por ejemplo, en la votación de 2022, ya en el mandato de Boric, fue de los seis integrantes del oficialismo que no aprobaron el voto obligatorio.

“¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”, dijo el diputado en una de sus intervenciones en la sala de la Cámara.

“No comparto esos términos. (...). No quiero profundizar, porque mi rol es de generar acuerdos más que estar comentando declaraciones de los distintos parlamentarios, pero creo que se deberían usar otro tipo de términos”, le respondió Elizalde este jueves, desde la Casa de Gobierno.

Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió al parlamentario frenteamplista: “El diputado es parte de un conglomerado político que ha promovido el voto obligatorio hace mucho tiempo. El diputado siempre ha estado en desacuerdo. Esa ha sido su postura históricamente, así que lo que yo pediría es que no ocupemos cada argumento como una mecha para encender una hoguera, no armemos una hoguera. Este es un tema serio”.

En el FA, sin embargo, la posición de Winter no es representativa de la institucionalidad directiva. Por ejemplo, el propio diputado Diego Ibáñez, presidente provisorio de la nueva colectividad, no comparte la misma postura.

“La posición del Frente Amplio como partido se ha sostenido en una sola línea, más allá de las legítimas diferencias que manifiesten parlamentarios respecto de la obligatoriedad. Estamos por el voto obligatorio, aunque el monto de la multa es una cuestión a la que debemos llegar a consensos, dada la situación económica de las familias”, dijo Ibáñez a La Tercera.

“Estamos a la espera de la nueva propuesta del gobierno para tramitar rápidamente la ley y que existan certezas ad portas de los comicios electorales”, subrayó Ibáñez.

Desde la oposición se han encargado de criticar la posición asumida por el FA, acusando “cálculo electoral”. Paradójicamente, es lo mismo que apuntó el mundo frenteamplista cuando la derecha rechazó la reposición del voto obligatorio en enero de 2020, que afectaba el plebiscito constitucional de entrada de abril.

“Casi todo Chile Vamos rechazando con calculadora en mano después de bajada de línea desde La Moneda. Piñera y poderes fácticos deben estar celebrando”, publicó en sus redes sociales, en ese momento, el entonces diputado Giorgio Jackson.

Ese fue un punto sobre el que insistió previamente el exministro. “En discusión sobre voto obligatorio, la derecha, que hace un par de semanas dio su voto a favor en general, parece que sacó la calculadora y responde a la bajada de línea de Piñera para rechazar el proyecto. Sencillamente no quieren que la gente manifieste su opinión en el voto”, posteó el 8 de enero de 2020 en su cuenta de “X”.

En la derecha también ha existido un viraje, que ha sido apuntado en la discusión por personeros del oficialismo, quienes recuerdan que durante el primer gobierno de Piñera fue el propio exmandatario quien aseguró que “algunos han sostenido legítimamente que la inscripción automática debería haber ido acompañada de un voto siempre obligatorio, no es esa la posición de nuestro gobierno. Obligar a votar bajo la amenaza de sanciones a quienes no habían querido inscribirse en los registros electorales, habría sido la mejor manera de transformar su distancia de las instituciones políticas en abierta hostilidad hacia ellas”.