Decenas de kilos apilados en oficinas y pasillos: Contraloría da cuenta de graves fallas en acopio y destrucción de droga

Con el fin de saber cómo funciona el proceso de destrucción de drogas ilícitas en los Servicios de Salud a nivel nacional, la Contraloría General de la República realizó auditorías en 10 de los 29 servicios encargados de recibir, acopiar y destruir la droga incautada por la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Gendarmería y las Fuerzas de Orden de manera anual. Y los resultados son, a lo menos, escandalosos.

Esto ya que según cinco informes preliminares publicados por el ente contralor -realizados entre 2023 y 2024- evidenciaron problemas estructurales en cómo es manejada la recepción y posterior destrucción de sustancias ilícitas, sobre todo en servicios regionales: no se cuenta con bodegas con capacidad para su almacenamiento, por lo que las sustancias decomisadas deben ser apiladas en oficinas, estantes e incluso pasillos de los centros de salud donde transita y cumple labores el personal de dichas unidades, sumado a la falta de herramientas como hornos capacitados para su destrucción.

Por lo mismo, se cuidará con dar las ubicaciones de dichos centros, con el fin de resguardar la seguridad de sus trabajadores.

Y es que en los documentos a los que tuvo acceso La Tercera se constató de casos donde la droga incautada pasó hasta 288 días a la deriva. Es decir, se mantuvo en lugares en que la norma no lo permite y sin resguardo, superando el plazo límite de 24 horas para ser entregada en centros de recepción, acopio y destrucción, establecidos en la Ley 20.000, que regula esta materia.

Por ejemplo, según las pesquisas realizadas por Contraloría, en uno de los servicios se constató que al 11 de marzo de 2024 existían 2.574 muestras de decomiso correspondientes a los años 2020, 2021 y 2023, respecto de las cuales no se habían realizado los correspondientes análisis químicos por parte del laboratorio del Servicio de Salud.

Asimismo, se detalla que el pasado 23 de febrero de 2024 ocurrió un robo en una de las Unidades de Decomiso a nivel nacional, donde se sustrajeron 957 muestras, equivalentes a 475,3 gramos de cannabis, correspondientes a los años 2021, 2023 y 2024, las cuales tampoco habían sido analizadas por dicho laboratorio.

Por lo demás, se han constatado deficiencias en las instalaciones y equipamiento de seguridad de las Unidades de Decomiso, tales como la inexistencia de cámaras -tanto en la unidad como en bodegas-, muros de tabiquería y ausencia de puertas blindadas, entre otras situaciones que afectan el resguardo de los decomisos ante incidentes o robos. Esto sumado a falencias en los extractores de aire, que según Contraloría pueden influir en la conservación de las muestras y en la salud del personal de dicha unidad.

De acuerdo a lo dispuesto en la norma técnica general no. 7 del Ministerio de Salud, la Unidad de Decomiso solo recibe evidencias de lunes a viernes, dejando fuera los fines de semana y festivos. Esta situación, explicita la pesquisa, no permite a las policías y Gendarmería de Chile dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 20.000 en cuanto a que los decomisos deben ser entregados al servicio de salud dentro de las 24 horas siguientes de la incautación.

También, uno de los servicios tardó hasta 384 días en informar a las Fiscalías -mediante respectivo oficio- sobre la eliminación de las sustancias ilícitas, pasando a llevar lo establecido en la ley, que define que lo anterior deberá efectuarse como máximo al quinto día de haberse producido.

A esto también se suma la poca probidad, control y eficiencia de funcionarios policiales y/o Gendarmería. Esto ya que según el informe, los funcionarios entregaron droga incautada a la Unidad de Decomiso del Servicio de Salud sin que el personal de esa dependencia confeccionara de forma inmediata las correspondientes actas de recepción, lo que advirtió que la elaboración de dichos documentos se efectuó sin la presencia de algún funcionario de tales reparticiones, situación que además de hacer que el proceso no sea transparente conlleva a la pérdida y/o hurto de dicha sustancia.

En solo uno de los recintos se observó que en 422 ocasiones este presentó demoras en la destrucción de la droga y estupefacientes recepcionados, particularmente en la incineración de 11.982.332 gramos de sustancias, lo que además se realizó fuera del plazo legal, presentando un retraso de hasta 45 días hábiles.

Por lo mismo, en abril de este año la entonces contralora general (s), Dorothy Pérez, junto a la contralora regional (s) de Los Ríos, Carol Delgado, y el jefe de Gabinete CGR, Alejandro Riquelme, realizaron una visita inspectiva al Servicio de Salud de Los Ríos, para interiorizarse en terreno sobre el procedimiento con el cual se efectúa la quema de droga incautada.

Ahí se observó cómo funcionaba la recepción, custodia, pesaje y eliminación de las drogas incautadas en procedimientos que llevan a cabo la PDI, Carabineros y Gendarmería y, de este modo, la forma en la que se cumplen los mandatos de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.Me