Denuncias por reuniones secretas: suspensión de investigación contra Pedro Castillo hasta 2026 abre nuevos cuestionamientos en Perú

A las 9.00 de hoy, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú citó al procurador general del Estado, Daniel Soria, para conocer cuáles son las acciones judiciales que enfrentará el Presidente Pedro Castillo después de que la Fiscalía decidiera aplazar hasta 2026 -cuando finaliza su mandato- las investigaciones preliminares en su contra por, entre otros delitos, presunto tráfico de influencias.

La indagación presentada por Soria en diciembre abrió una nueva controversia contra el mandatario, cuyo abogado acusó al funcionario de “burlarse” de Castillo, razón por la cual su nombramiento está siendo revisado por el Ministerio de Justicia. En medio de esta disputa, se mantienen las dudas sobre las “reuniones secretas” que el gobernante de izquierda sostuvo en el domicilio del distrito limeño de Breña.

A poco más de cinco meses de asumir y después de sobrevivir a una moción de vacancia en el Congreso a inicios de diciembre, Castillo sigue en el ojo del huracán. El revuelo se instaló en Lima está semana después de que la Fiscalía, por segunda vez en la historia del país, abrió una investigación contra un mandatario en ejercicio, como ocurrió en 2020 contra Martín Vizcarra. La indagatoria de Castillo busca establecer los vínculos que tuvo con los casos Concesión Puente Tarata III por intervenir en licitaciones estatales, adquisición de Biodiesel B100 por adquirir el combustible para la petrolera estatal PetroPerú y ascensos irregulares a militares afines.

Anteriormente, el fiscal supremo adjunto Ramiro González declaró, tras interrogar a Castillo, que el mandatario pasó de testigo a investigado porque no logró entregar una “explicación válida” a los cuestionamientos por su supuesta interferencia en los ascensos a miembros de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la paralización de la pesquisa por los próximos cuatro años ha sido cuestionada por varios sectores. La Defensoría del Pueblo solicitó a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, “reexaminar” la suspensión de la investigación contra el mandatario, que se basó en el Artículo 117 de la Constitución, que establece que el jefe de Estado no puede ser acusado judicialmente por su inmunidad.

“La decisión del Ministerio Publico en la cual dispone haber mérito para investigar preliminarmente al mandatario y, a la vez, suspende el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria”, acusó la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado.

En una entrevista con la cadena RPP, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó la decisión de aplazar la investigación, ya que “no hay ninguna posibilidad de conocer la verdad, luego de cuatro o cinco años”. En los últimos días, la bancada oficialista de Perú Libre advirtió que hay un intento de “instrumentalización” de la justicia para avanzar en un nuevo intento de vacancia.

Durante la jornada de ayer, el abogado del mandatario peruano, Eduardo Pachas, exigió la destitución del procurador general, acusando al denunciante de no cumplir con los requisitos mínimos para estar en el cargo al no tener dos años como abogado litigante. Además, en una entrevista, Pachas señaló que durante un interrogatorio “se burlaba por la forma en la que el señor presidente estaba respondiendo y se mofaba públicamente”.

La respuesta por parte del Ejecutivo no se hizo esperar y ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, defendió que “va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador”. En tanto, apuntó que existe “una campaña y una persecución política” contra Castillo, ya que, a su juicio, “se le quiere tener en investigación tras investigación, que no gobierne, para buscar una causal de vacancia. Son los golpistas que buscan esta figura”.

En tanto, en declaraciones a RPP, Soria aseguró: “Me llama la atención de que se tenga que hacer una revisión después de dos años (en el cargo), habiendo pasado por varios ministros y que no haya habido un pedido para dar declaraciones complementarias o presentar documentos”.

Desde el inicio del mandato de Castillo, las visitas al domicilio de Breña han sido una incógnita. A diferencia de los invitados al Palacio Pizarro -que deben quedar estrictamente registrados en una lista que puede ser solicitada por los ciudadanos-, lo que ocurre en la casa es casi un secreto, ya que no quedan establecidas en la agenda. Las dudas de la prensa y el seguimiento a los visitantes se han incrementado debido a que desde julio el mandatario no ha dado ninguna entrevista.

Hasta ahora, el abogado del mandatario sostiene que están dispuestos a levantar el secreto bancario, tributario y de comunicaciones, pero no revelarán la lista de personas con las que se reunió el jefe de Estado fuera de las oficinas estatales, ya que se trataría solo de encuentros personales. En noviembre, la prensa local destapó que una serie de funcionarios, congresistas y empresarios habían llegado hasta Breña.

De acuerdo con el diario La República, la Fiscalía peruana explicó que Castillo debe responder por dos millonarios contratos gubernamentales. El primero es sobre su supuesta participación para favorecer en la licitación al Consorcio Tarata III, que está compuesto por la empresa Termirex vinculada a Karelim López, amiga del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, y del propio Castillo, y quien estuvo en reuniones clave antes de la decisión final.