El sumario municipal que concluyó el “maltrato laboral” de la concejala de Ñuñoa, María Eugenia Lorenzini (Revolución Democrática), contra su exasesora, continúa generando coletazos. Tras la declaración pública que la directiva nacional de RD emitió este fin de semana, ahora los propios pares de Lorenzini piden revisar las “implicancias éticas” del caso y cuestionan a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) por “acoger erradamente” la resolución de no sancionar a la sicóloga por estas actitudes.

Fueron los ediles Daniela Bonvallet (RN), Camilo Brodsky (independiente, con cupo PC), Mireya del Río (PC), Germán Sylvester (RN) y Alejandra Valle (independiente, con cupo Comunes) quienes suscriben la carta en la que manifiestan su rechazo a la forma en que el municipio ha manejado la situación.

“No podemos quedar indiferentes al resultado del sumario administrativo realizado a raíz de la situación que afecta a una exasistente de la concejala María Eugenia Lorenzini, el que además de acreditar el maltrato laboral hacia la funcionaria, indica que esta concejala genera un mal ambiente laboral”, comienza la misiva.

Pese a que las autoridades comunales respaldan el actuar de la alcaldesa desde el punto de vista legal, aseguran que no ha sido igual “en lo referido a las implicancias éticas de la situación”. Prueba de esto, dicen, es que C.E. (28 años), la víctima de Lorenzini, dimitió del municipio “debido a diferencias valóricas irreconciliables frente al caso de acoso laboral denunciado durante 2021 y la resolución recientemente comunicada”, según declaró en su carta de renuncia.

“El municipio se escuda en que no tiene autoridad y la ley lo limita. Pero ¿dónde está la ética feminista de un gobierno local proclamado como tal por la actual administración? ¿Depende ésta sólo de una declaración por parte de la alcaldesa? ¿Una edil cuya imparcialidad, además, puede verse cuestionada al compartir partido con Lorenzini?”, se preguntan en la misiva.

Otra situación que critican los concejales firmantes es que todos deberán someterse a los cursos de buen trato que el sumario recomendó, siendo esta la única acción real recomendada por el documento. “¿Qué significa eso? ¿Nos están poniendo a todas y todos al mismo nivel de quien cometió los malos tratos? ¿Tratan de bajarles la gravedad a sus actitudes patriarcales, haciéndonos parte o “culpables” de ellas?”, se preguntan.

Por esta razón, adelantan que no tomarán el curso. “No nos prestaremos para bajar el perfil de la situación ni nos haremos responsables de los malos tratos de una persona en particular”.

El viernes, la alcaldesa Emilia Ríos aseguró haber hecho todo lo legalmente posible para solucionar este problema, sin embargo, reconoció que la ley no le permitió sancionar por maltrato laboral a un concejal, algo que disgustó a los pares de Lorenzini: “Con las declaraciones de la alcaldesa, que acoge la errada sugerencia de la fiscal del sumario, se busca disolver una responsabilidad personal en una responsabilidad colectiva de forma arbitraria e injustificada”, añadiendo que “la solidaridad de los y las concejalas firmantes está con las víctimas del caso y no con la autora de los hechos denunciados”.

Por ello, concluyen manifestando la necesidad de revisar la Ley Orgánica de Municipalidades, para evitar que casos como el de Lorenzini -fundadora de Humanas y La Morada, instituciones que promueven el respeto a los derechos de las mujeres- queden sin sanciones efectivas. “Chile, de la mano de la Convención Constitucional, va camino a la descentralización y al Estado regional, pero nada sacaremos si al mismo tiempo que aumentan nuestras atribuciones no se crean y perfeccionan, también, herramientas y métodos para nuestra fiscalización”.

Además, los concejales buscarán que el tema se discuta en el próximo concejo, el próximo miércoles 2 de marzo.

El viernes, María Eugenia Lorenzini emitió una declaración pública en la que se refirió al sumario que la involucra. En este, aseguró estar revisando su conducta y asume que ha “tenido comportamientos patriarcales”. “En ese caso herí a una persona que trabajaba conmigo y eso es duro de asumir y no hay excusa que valga por ello”, señaló la sicóloga.

En la misiva, Lorenzini explica el detalle del informe municipal, destacando que pese a que sí se acreditó maltrato, no fue posible lo mismo en relación al acoso laboral y sexual. “La fiscalía concluye que “no es posible establecer como acoso laboral los hechos denunciados, ya que no concurren los elementos principales del acoso, como son la sistematización o reiteración, ni la finalidad de humillar o marginar a la denunciante”.

Para ello, la sicóloga destaca un extracto de la investigación, donde se señala que “de acuerdo a las conversaciones de WhatsApp acompañadas (...), no es posible determinar en qué etapa se produjo un quiebre de la relación, más bien se aprecia (que) es una relación amistosa, de respeto y colaboración mutua. Incluso, respecto de las conversaciones en que se aprecian diferencias de criterio, existen mensajes de la denunciada ofreciendo disculpas y de la denunciante aceptándolas, dando por superado o cerrado el punto o hecho que originó el conflicto. De todas formas, esto no resulta suficiente para dar por desacreditado lo denunciado”.

En tanto a las acusaciones por acoso sexual, Lorenzini recalca que “en relación a las acusaciones de que yo habría hecho comentarios e insinuaciones sexuales referentes a su vida privada, la fiscalía concluye que “no se aportó prueba que acredite la veracidad de esta acusación. Asimismo, se devela una confusión en la apreciación de lo que es constitutivo de acoso sexual”.

“He sido sobreseída bajo el argumento de que el municipio no tiene atribuciones para sancionarme al no ser una funcionaria municipal, sin embargo, el hecho de detentar un cargo electo me hace doblemente responsable de mis errores”, también declara.

Para subsanar estos “errores”, la concejala explica que ha hecho terapia sicológica, además de mostrarse abierta a asistir las clases antimaltratos que sugiere el sumario. “Espero me permita procesar de la mejor manera posible esta experiencia que ha sido dura, no sólo en lo personal y familiar, sino para la Municipalidad de Ñuñoa, el concejo y la comuna entera”, concluye.

El fin de semana, en tanto, una declaración pública emitida por la directiva nacional y el Frente Feminista de Revolución Democrática reprobó las conclusiones que dejó el sumario levantado tras las denuncias contra Lorenzini, una de sus integrantes más emblemáticas, clasificándolos de “suma gravedad” y de ir “en contra de nuestra declaración de principios”.

Por ello, anunciaron que presentarán por oficio los antecedentes del caso a los tribunales internos del conglomerado y del Consejo Político Nacional, donde esperan evaluar “las sanciones pertinentes” y “validar las acciones políticas complementarias”.

Cabe recordar que, en paralelo a la denuncia realizada en la municipalidad, también hubo otra en el Tribunal de Honor Metropolitano de RD, sin embargo, ante una serie de aplazamientos en la investigación, la víctima terminó desistiendo de esta instancia. Por ello, dicen estar revisando la normativa interna del partido.

“Reconocemos que este caso nos ha dejado en evidencia la necesidad de mejorar nuestros protocolos internos y que, por lo mismo, estamos en una reformulación que dé celeridad y proactividad a los procesos, mejore el acompañamiento a las denunciantes y evite tardanzas en las acciones que se implementan frente a casos de violencia de género”, concluye el documento.