Por solicitud del fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la fiscalía regional de Valparaíso, José Uribe, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) remitió el expediente completo de la causa que inhabilitó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), de ejercer cualquier cargo público durante 5 años, junto con acoger el requerimiento del cese de su cargo actual, en el concejo municipal, “por la causal de notable abandono de deberes”.

“Con esta documentación, que ya se encuentra en fiscalía, se va a estudiar el mérito del proceso y el fallo”, informó el persecutor.

El hecho demuestra el complejo panorama judicial de Reginato, quien salió del municipio de Viña del Mar en julio tras dirigirlo por 16 años. Tras ser reemplazada por la RD Macarena Ripamonti, la “tía Coty” tendrá que dejar su cargo como concejal recién electa tras la sentencia del Tricel del pasado 20 de julio.

El fallo del Tricel “reprodujo” la primera sentencia del Tribunal Electoral Regional (TER) -que fue apelada por la defensa de la exalcaldesa-, que recogió en parte la solicitud de destitución que cuatro ediles -Laura Giannici, Sandro Puebla, Víctor Andaur y Marcela Varas- presentaron ante esa instancia el 20 de marzo de 2019. En ella acusaban a Reginato de perjuicio patrimonial, disminución de servicios municipales y falta de inversión pública. El 12 de marzo de este año, el TER argumentó que “el cúmulo de hechos establecidos, denota un descuido de la alcaldesa viñamarina de sus obligaciones legales propias del cargo, y le hace sujeto pasivo del correspondiente reproche”. Y decretó la suspensión de su cargo de alcaldesa y también del “goce del 50% de su sueldo”, pero aseveró que “las conductas descritas y establecidas no alcanzan el estándar necesario para sancionar a la Alcaldesa con la medida disciplinaria máxima de la remoción”.

La base del requerimiento de los concejales fue un informe que la Contraloría publicó sobre el municipio en enero de 2019. En éste “se comprobó que Municipalidad de Viña del Mar incurrió en un déficit de $17.585.250.174, en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo el principio de la legalidad del gasto, contemplado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100, de la Constitución Política de la República”. Esta misma auditoría fue objeto de observaciones al interior de la Contraloría, pues ese mismo año, tras comparar las que se habían hecho a varios municipios en esa época, el organismo detectó que los funcionarios de sus unidades regionales no usaban una única fórmula para cálcular el déficit contable. Es decir, los déficits establecidos podían resultar distintos según la fórmula aplicada y -en varios casos- no estaban apegados a la Ley Orgánica de Municipalidades en relación a las instrucciones sobre contabilidad general de la nación y los dictámenes que la propia Contraloría había emitido.

Como sea, tras el informe de 2019 y las solicitudes de los concejales ante la justicia electoral, la fiscalía de la zona impulsa tres investigaciones para esclarecer responsabilidades y la eventual comisión de delitos al interior de la Municipalidad de Viña del Mar. Dos -en trámite- fueron caratuladas como “Pago de proveedores” y “Déficit presupuestario”.

Y la tercera derivó de los diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC) -con patrocinio del abogado Paulo Pérez-, quienes por tercera vez en menos de dos años, solicitaron a la fiscalía formalizar a Reginato y a todos los funcionarios municipales involucrados, en la causa judicial conocida como “Horas extra”, por la cual la exalcaldesa declaró como imputada el 23 de febrero pasado y ya se ha formalizado por fraude a tres funcionarios. Dicha solicitud, respondió el fiscal José Uribe -a cargo de la indagatoria- “está en estudio y en proceso de recopilación de antecedentes”.

En paralelo, se ha postergado la salida de Reginato del concejo municipal de Viña del Mar, pero ésta estaría en su trámite final.

Su abogado, Raúl Tavolari, solicitó al Tricel rectificar una serie de “errores” en la sentencia que la inhabilitó de ejercer cargos públicos -en los que alegaba que “no es posible reprochar a alguien el ocultamiento de una información que sólo se conoció más tarde”-. Sin embargo, el martes el tribunal refrendó la sentencia, la que ahora debe ser remitida al TER, para que este último emita el “cúmplase” y la exalcaldesa salga, definitivamente, del concejo municipal.

En paralelo, la alcaldesa Ripamonti -que cifró hoy en $20 mil millones el déficit del municipio- presentó al equipo jurídico externo que contrató para llevar adelante la denuncia que presentó el 29 de julio ante la fiscalía regional, y eventualmente presentar otras querellas- por la eventual comisión de delitos al interior de la Corporación Municipal. Lo hizo luego de exponer -a través de su Instagram- su “dramática” situación financiera y administrativa, y acusar “crimen organizado” y una “estructura” instalada para defraudar dineros públicos. Preliminarmente, la nueva administración dice haber detectado irregularidades en las bases públicas de licitaciones.

El equipo será liderado por los exfiscales de los casos Penta y SQM Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ambos integran la firma “Gajardo & Norambuena” y fueron contratados por la Corporación, vía trato directo. Se les pagará “a ambos” la suma de $1.500.000 mensuales.

“Como equipo jurídico nuestro compromiso es hacer el aporte para que esas investigaciones (de fiscalía) prosperen, recolectar los antecedentes que sean necesarios e instar porque se esclarezca la manera en que se ha llegado a este déficit económico tan importante en la comuna. La ciudadanía está aburrida de que con fondos públicos se beneficien privados”, dijo Gajardo.