El control de daños de La Moneda para buscar una salida a la crisis que provocaron las pensiones de gracia

En el comité político de este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, les adelantó a los presidentes de los partidos oficialistas presentes que en la tarde se presentaría la indicación sobre las pensiones de gracia en el Congreso. Esto, tras la polémica que se ha generado ante los antecedentes penales de algunos de los beneficiarios que han sido revelados en los últimos días.

La solución del gobierno, encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no convenció a la oposición y tampoco a algunos sectores del oficialismo, debido a que las indicaciones no eran retroactivas: es decir, no se les cancelaría el beneficio a los pensionados con antecedentes. Lo que sí hace la propuesta del Ejecutivo es que a futuro se revisen las condenas previas a la hora de otorgar las pensiones y que quienes cometen delitos pierdan el beneficio.

De todas formas, la jefa de gabinete también adelantó que se estaban realizando estrategias en paralelo para revisar todos los antecedentes de los cerca de 18 mil pensionados de gracia que fueron beneficiados entre este gobierno y los anteriores. De hecho, en La Moneda se han encargado de recalcar que el beneficio surgió en el gobierno de Sebastián Piñera y que hay problemas en esa glosa que derivaron en la crisis actual, ya que los antecedentes penales no eran parte del procedimiento para otorgar las pensiones, como manifestó la ministra Tohá.

Tohá detalló que de los pensionados en el marco del estallido social que tienen antecedentes penales hay 17 que recibieron el beneficio durante el gobierno de Piñera y 24 en la actual administración de Boric.

“El Presidente nos ha pedido que como este problema que existe respecto a los antecedentes penales, existe respecto a todas las pensiones de gracia, no solo del estallido, que para analizarlo lo primero es que tengamos un levantamiento de qué tan amplio es esto y qué pasa con las otras pensiones también. A lo mejor también ahí hay muchas personas que tienen antecedentes penales y se les otorgó la pensión en esa condición. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que el Presidente nos encargó es tener este levantamiento, esa claridad, y ahí hacer el análisis de cómo queremos enfrentar ese problema”, dijo este martes la ministra Tohá.

En La Moneda le preguntaron la opinión al ministro de Justicia, Luis Cordero -quien se reunió durante el lunes con los ministros del comité político-, ya que la vía judicial en el caso de querer retrotraer el beneficio es compleja. El secretario de Estado fue el que planteó que para evaluar el camino jurídico preciso es necesario estudiar todos los antecedentes, ya que hay diferentes ejemplos: como los pensionados que han sido condenados por delitos de lesa humanidad y también otros casos, como manifestantes portuarios.

Por ello, la ministra Tohá aseguró que no tomarán ninguna decisión hasta que hayan estudiado toda la información. “Existen distintas evaluaciones. Probablemente si se retrotrayeran eso se judicializaría y solamente sabríamos en ese momento cuál es el juicio de los tribunales. Y si es válida o no esa decisión”, sostuvo la secretaria de Estado.

El equipo jurídico de la Subsecretaría del Interior se encuentra reuniendo los antecedentes penales de los 18 mil casos.

Esa misma información ha sido transmitida a los partidos. “Si hay cuestionamiento sobre las pensiones otorgadas en el marco del estallido social, mejor que se haga una revisión completa y exhaustiva a todas las entregadas anteriormente. Hay personas condenadas por violaciones a los DD.HH. que están recibiendo una pensión por gracia como Miguel Krassnoff, y eso es muy cuestionable. Yo se la quitaría”, comentó el presidente de Comunes, Marco Velarde, quien asistió al comité político del lunes.

En el gobierno, además, están atentos a la preocupación que han generado los últimos movimientos en las familias de víctimas en el marco del estallido social, entidades a las que -tienen conocimiento en La Moneda- ya se han acercado beneficiarios preocupados por las posibles consecuencias.

De hecho, la crítica que se planteó desde las organizaciones y también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando se otorgaron los beneficios, es que el proceso de reparación se encapsuló en el equipo de confianza del Presidente y en la comisión para ver las pensiones que antes lideraba Daniel Jana.