Llamados cruzados con la derecha: el control de daños de Montes (y la Secom) tras apuntar al gobierno de Piñera en el lío de platas

Ayer en la tarde, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), tomó su teléfono y llamó directamente a dos de sus antecesores: Cristián Monckeberg (RN) y Felipe Ward (UDI).

Según quienes supieron de esos contactos, el secretario de Estado quiso hacer una especie de control de daños para evitar que siguieran escalando las críticas en su contra en medio del lío de platas que golpea a su cartera.

Esto, luego de sus declaraciones, en las que aseguró -en el marco de una sesión en el Congreso en Valparaíso- que “todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”, haciendo alusión a los cuestionados convenios que involucran al Minvu y fundaciones ligadas a Revolución Democrática, como Democracia Viva y Urbanismo Social, sobre las cuales la Fiscalía abrió una investigación.

Tras sus palabras, Chile Vamos salió a responderle con dureza e, incluso, los propios exsecretarios de Estado refutaron sus dichos. “Malas declaraciones del ministro Montes. El caso convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia”, dijo Ward, mientras que Monckeberg sostuvo que “es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia”.

En la derecha, que en un inicio evitó criticar a Montes y apuntó sus dardos a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, con el paso de los días empezó a subir el tono en contra del secretario de Estado, debido a que, dicen, cada vez comete “más errores” y con los nuevos antecedentes que han surgido su versión de que no sabía de los convenios de Democracia Viva se pone en entredicho. Esto, entre otras razones, debido a que Rojas recibió por correo una denuncia sobre el asunto el 2 de mayo y, según publicó el DF Más, el propio exseremi Carlos Contreras había encargado 18 días antes una auditoría interna en la Seremía, la que -según Montes- tampoco llegó a sus manos.

El ministro, según quienes conversaron con él, quedó preocupado tras los duros cuestionamientos que recibió y cómo eso podría repercutir en las ofensivas de la derecha, que ya apuntan a una posible acusación constitucional en su contra.

Así, de acuerdo a las mismas fuentes, Montes les dijo a sus antecesores que sus palabras fueron mal interpretadas, que él no quiso decir que en la administración de Sebastián Piñera se cometieron irregularidades, sino dar cuenta de que desde ese periodo se estableció ese modelo de transferencias entre la cartera y fundaciones.

Además, transmitió que durante esta tarde -en el marco de su participación en la sesión especial en sala del Senado, donde se abordará el traspaso de recursos fiscales a las fundaciones- intentará aclarar sus dichos.

De hecho, el titular de Vivienda tras la sesión en el Congreso de ayer intentó despejar el tema, sin embargo, en la derecha algunos consideran que no fue suficiente y esperan más señales. “Yo lo que dije es que la norma se dictó en 2015, que la primera vez que se aplicó fue en 2019, y fue en un proyecto ligado al padre Berríos, y de ahí para adelante se transfirieron las mismas delegacióones de facultades a los seremis a lo largo de todo Chile”, dijo el ministro en la oportunidad.

“Sobre declaración de ministro Montes y gastos programados”. Así parte una minuta que envió ayer por la tarde la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda a los parlamentarios del oficialismo.

Ahí, la repartición -dependiente de la Segegob, que lidera la ministra Camila Vallejo (PC)- intentó explicar los dichos del secretario de Estado. “Lo que señaló el ministro Montes fue que los recursos que se transfirieron el año pasado mediante convenios con fundaciones eran montos que ya estaban programados por el presupuesto establecido en 2021, y que el conjunto de acciones a realizar ya había sido definido en febrero de 2022″, parte diciendo el texto.

Y agrega: “Además de que desde 2019 -que se inicia el sistema- se firma un decreto, año a año, que faculta suscribir y aprobar convenios y transferir recursos a las seremis. Este modelo de transferencias no es algo que haya inventado este gobierno, sino que se remonta a una forma de trabajo diseñada en 2019. Su exposición apuntó precisamente a no buscar culpables en un gobierno u otro, sino más bien evidenciar la falencia del sistema”.

Junto con eso, también ministros del gabinete salieron a aclarar sus dichos. El titular de Justicia, Luis Cordero, indicó en radio Infinita que “en ningún caso dijo (el ministro Montes) que las irregularidades cometidas en Antofagasta son resultado del gobierno anterior, llegar a esa conclusión es incorrecto”.