El día en que el fiscal Nisman alertó de la presencia de Hezbolá en Chile

La acusación de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre que Hezbolá tendría presencia en Chile, no es la primera vez que se lanza desde el país vecino. Otro antecedente, publicado en un informe judicial por Alberto Nisman, fiscal argentino a cargo de la investigación que falleció en aún poco claras circunstancias en 2015, ya advertía en 2013 sobre la posibilidad de una infiltración del grupo islamista en la región, incluido Chile.

Corría el 18 de julio de 1994. El reloj marcaba aproximadamente las 9:53 de la mañana en Argentina, cuando una camioneta conducida por Ibrahim Husein Berro, miembro activo del grupo libanés Hezbolá -que a partir de 2005 y 2013 sería considerado como agrupación terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente-, explotó en la calle Pasteur 633 de Buenos Aires, lugar en el que se encontraba la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia). Se estima que cargaba una cantidad aproximada de entre 300 y 400 kilos de explosivos.

El hecho marcó un precedente, no solo porque dejó un saldo de 85 personas muertas, convirtiéndose en uno de los peores atentados terroristas del continente sudamericano. También propició una investigación liderada por Alberto Nisman cuyos resultados, presentados a fines de mayo de 2013, lo llevaron a advertir a los países de la región sobre la posible infiltración de agentes de Irán y de Hezbolá, incluido Chile.

Nisman, que tomó la causa en 2004, detalló sus preocupaciones en un documento de 502 páginas, donde concluye que el atentado fue ordenado por el gobierno de Irán de la época, pero ejecutado por Hezbolá. Junto a ello, hizo llegar un dosier a los países de la región expresando sus preocupaciones.

Un atentado llevado a cabo por agentes del grupo musulmán chiita en el continente “supone la posibilidad de que en (estos países) las estructuras de infiltración se encuentren instaladas o en desarrollo, lo cual impone la necesidad de hacer saber a cada una de las autoridades competentes las conclusiones a las que arribó esta Unidad Fiscal de Investigación”, señaló el fiscal que dos años después fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza.

El dictamen llegó a Chile a mediados de año a la Corte Suprema, la que lo remitió al Ministerio de Interior y, a su vez, lo hizo llegar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a la Policía de Investigaciones (PDI).

Nisman fue designado en 2004 a la causa Amia por el entonces presidente Néstor Kirchner, descartando la participación de Siria y siguiendo la conexión iraní, la que fue recientemente confirmada por la justicia de Argentina. En 2008 el fiscal solicitó la detención del expresidente Carlos Saúl Menem y del exjuez Juan José Galeano por el presunto delito de encubrimiento y falseamiento de pruebas al intentar despistar la investigación.

Tiempo después -WikiLeaks de por medio- se levantó la tesis de que la inclusión de Menem se debió a un intento por congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner, entonces mandataria transandina. En 2015, pocos días antes de su muerte, Nisman denunció a CFK y a otros funcionarios por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al supuestamente intentar dejar impunes a los iraníes investigados en la causa Amia.

El vínculo con nuestro país, con relación a Irán, Hezbolá y el propio atentado contra la Amia, señaló Nisman en la fecha, se habría dado a través de los nexos que estableció Mohsen Rabbani en Chile, apuntado como una de las mentes criminales detrás del ataque en suelo argentino. El informe asegura que se trataba de un “agente iraní” que “realizó una incesante labor para difundir los lineamientos más extremistas de la revolución islámica, lo cual, en definitiva, le permitió no solo ocultar el armado y desarrollo de una estación de inteligencia en suelo argentino, sino también coordinar y articular la política de exportación de la revolución (islámica) en la región”.

Rabbani llegó a Argentina en 1983, donde ofició como el sheik de la mezquita At-Tauhid, además de ser el exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. También se le acusó de pertenecer al “bureau de inteligencia de Jomeini”, uno de los organismos de inteligencia de Irán. En esa calidad de espía fue que se erigió como “el principal artífice del despliegue de la vasta red de espionaje que se transformó en una compleja base de inteligencia” no solo en Argentina, sino que también en Uruguay, Colombia y Chile, aseguró el fiscal argentino. Es más, también se apunta al rol de las embajadas iraníes en Chile y Uruguay.

Nisman dedicó 11 páginas de su informe a detallar el vínculo de Rabbani con Chile. De partida, detalló que estuvo en siete oportunidades en el país, entre 1992 y 1997, todas utilizando un pasaporte distinto.

Una vez dentro, se dedicó a establecer “una estrecha relación con la comunidad chiita, con el conocido y formal propósito de organizarla para, en los hechos, intentar captar adeptos a los que instruir para inculcarles los principios radicales de la revolución iraní que él representaba”. Durante la década de los 90 habría financiado centros culturales con dineros del gobierno iraní, todo esto bajo la protección que otorga el título de agregado cultural y la consiguiente inmunidad.

En esa línea, el informe apunta a tres nombres chilenos como personas con formación chiita en el extranjero y que fueron seguidores de Rabbani: uno de ellos fue su “discípulo”, mientras que los otros dos, “adoctrinados”. De los tres, uno incluso estuvo en Irán en 2006, aseguró Nisman en la fecha, un lugar al que solo podían acceder personas cercanas al gobierno.

Gerardo Goridisher, presidente de la comunidad judía en 2015, dijo a este periódico que Nisman, quien viajó en varias oportunidades a nuestro país, siempre hablaba sobre el tema de la Amia. “Una de las cosas que descubrió es que la exportación de la revolución tenía varias patas. Una de esas patas eran las embajadas y los centros culturales. Eventualmente, ahí tenían personas que se convertían en espías o en gente terrorista. Ese modelo fue replicado en Chile”, señaló.

La búsqueda del fiscal lo llevó, el último trimestre de 2011, a solicitar recabar información a la división jurídica del Ministerio del Interior de Chile sobre si ocho personas de nacionalidad iraní, supuestamente involucradas en el atentado, mantenían bienes en Chile. Se trataba de “inmuebles, automotores, cuentas bancarias, buques, aeronaves, armas, acciones”.

Otro vínculo al que apuntaron no solo Nisman, sino también la CIA, de Estados Unidos, es el de una supuesta red comercial en Iquique impulsada por el libanés ligado a Hezbolá Assad Ahmad Barakat. El empresario estuvo bajo la mira de la PDI y del organismo de inteligencia norteamericano debido al vínculo residencial y comercial con Ciudad del Este y Foz de Iguazú, en la llamada triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, a la vez citada por el senador estadounidense Marco Rubio, del Partido Republicano.

Fue precisamente la acusación del senador norteamericano la que revivió el debate sobre la presencia del grupo islamista libanés en Chile, luego replicado por Patricia Bullrich y que desató una disputa formal entre nuestro país y Argentina, supuestamente superada tras una nota de protesta y una disculpa por parte de la ministra de Seguridad transandina.

“Tenemos, creo, sanciones contra empresas chilenas manejadas por Hezbolá”, dijo Rubio durante una sesión del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental, añadiendo que “Chile se ha negado de calificar a Hezbolá como una organización terrorista”.

Es necesario volver a 2002 para encontrar una sanción en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a una compañía con domicilio en Chile. Se trata de Saleh Trading Ltda., constituida en Iquique. Un año antes, la CIA entregó una serie de antecedentes a la PDI sobre tres ciudadanos libaneses, incluido Barakat, quienes operaban en la Zona Franca, señaló El Mostrador.

Tras ello, el organismo de inteligencia solicitó algo inesperado a las autoridades chilenas: “extraer” desde la Zofri de Iquique a Ismail Arafat, uno de los tres citados por Estados Unidos. En la fecha, el país norteamericano mantenía dos departamentos en la ciudad norteña operando como casas de seguridad, en un intento por vigilar de cerca a los potenciales miembros de Hezbolá.

Según la CIA, Arafat mantenía vinculaciones directas con Osama bin Laden, entonces prioridad absoluta de la seguridad estadounidense. Tras “extraer” al acusado, este sería trasladado hasta el desierto, donde un helicóptero de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo estaría esperando para llevarlo a Bolivia.

Un partícipe de las conversaciones dijo a El Mostrador que, sonrientes, los agentes norteamericanos dijeron que se trataba de “algo muy sencillo”. Pero la respuesta chilena fue que no participarían de ello. “Les dijimos que eso era un secuestro y que no participaríamos de eso”, relató la persona.

De regreso con Barakat, Nisman aseguró que se trataba de un miembro del aparato de seguridad de Hezbolá en América Latina, lo que respaldaba con testimonios entregados por la justicia chilena.

Otro nombre al que apuntó el fiscal argentino era el de Hamid Reza Hosseini, quien figuró como embajador de Irán en Chile entre 1993 y 1996. Según Nisman, se trataba de “un ideólogo de la línea dura, quien probablemente estuvo involucrado en la ocupación de la embajada americana en Teherán en el año 1979″.