El final del comisario Barraza: Los claroscuros del policía de la transición

Hubo un día en el año 1996 en que el excomisario de la PDI, Jorge Barraza, tuvo en vilo a quienes fueron parte del círculo de hierro del gobierno de Patricio Aylwin. El polémico investigador, que falleció anoche en el Hospital de Carabineros y que estaba procesado por una causa de derechos humanos, había recopilado antecedentes sobre la identidad de Juan Gutiérrez Fischmann "el Chele", uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y con esa información había logrado que el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alfredo Pfeiffer -quien murió recientemente-, reabriera un sumario en el caso de la investigación de la muerte de Jaime Guzmán y Cristián Edwards. En La Historia Oculta de la Transición, Ascanio Cavallo relata que se buscaba esclarecer los vínculos de los integrantes de La Oficina, la entidad de Interior a cargo de desarticular los grupos subversivos en los albores de la democracia, con integrantes del FMPR y otras organizaciones. La tesis de Barraza era que figuras como el exministro de Interior, Jorge Burgos y el actual diputado Marcelo Schilling "habían trabado relaciones hasta tal punto turbias con la subversión que incluso pudieron proteger a algunos de sus líderes para dominar a otros".

La causa finalmente quedó en nada, pero refleja lo incómodo que fue "El Zambra" para el mundo político y la relevancia que alcanzó en la indagatoria por el crimen de Jaime Guzmán y, posteriormente, en la investigación paralela que realizó la UDI por el caso Spiniak, en que se acusaba falsamente al exsenador Jovino Novoa de ser parte de una red pederasta.

Su nombre se hizo conocido en el año 1991, cuando el director general de la Policía de Investigaciones de ese momento, Horacio Toro, lo mandató a investigar el homicidio del prefecto de Concepción, Héctor Sarmiento, por parte de un comando del Movimiento Juvenil Lautaro. Barraza dio con los autores, desmanteló la estructura lautarista en la Región del Bío Bío y, sin muertes de por medio, aclaró la autoría de 14 homicidios y 52 asaltos.

Salvador Schwartzman, quien cubrió como periodista la gestión de Barraza, recuerda que "todo el esfuerzo se volcó en buscarlos. Y Barraza lo planificó muy bien. Uno de ellos fue detenido en el Cerro La Pólvora y hubo una operación simultánea en otras. La gente le decía que era un súper policía, yo nunca supe de este tema de la CNI".

Su vinculación a la Central Nacional de Inteligencia (CNI), fue revelada por el exdiputado y abogado emblemático de Derecho Humanos, Andrés Aylwin, también fallecido, y que entregó información acerca de que tras el golpe militar de 1973, Barraza fue asignado a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile y tuvo un rol protagónico en la represión contra los opositores al régimen militar. En un proceso seguido contra el Comando Conjunto habría participado en un falso enfrentamiento ocurrido en noviembre de 1980 donde perdieron la vida dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Por esta razón, y en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado contra Sergio Flores y María Verónica Cienfuegos, fue sometido a proceso y se ordenó su prisión preventiva. Finalmente quedó con la medida cautelar de libertad bajo fianza.

En 1991, Toro puso a Barraza a cargo de un grupo especial, financiado con recursos provenientes de los fondos reservados del Gobierno y que llegó a contar con cerca de 80 funcionarios. Este grupo en 1992 asumiría como la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC) y se vincularía directamente con La Oficina.

Jorge Burgos, quien formó parte de este organismo, declara que "lamento la muerte de él, pero no tengo ningún interés en recordar esa época. Lo olvidé todo",  mientras que Schilling afirma que "nunca trabajé con él, la información que da es errada y no tengo nada que decir".

En cualquier caso, Barraza fue quien descubrió que el Frente estuvo tras el crimen del fundador de la UDI. Según el abogado Cristián Espejo, con quien realizó la investigación paralela de la UDI en el caso Spiniak "siempre quiso probar que la inteligencia de Cuba estaba apoyando las operaciones del Frente y por eso esperó. Desde La Moneda lo frenaron".

Otras fuentes, consultadas por este medio, destacan que la BIOC entregó información clave a La Oficina que a la vez era alimentada por otros organismos de inteligencia y que se formó una especie de "polvorín de intrigas. Había mucha tensión y los métodos de Barraza eran particularmente mal mirados. Cuando llegó Nelson Mery a Investigaciones prefirió zanjar el asunto y disolvió la BIOC".

Entre los métodos que se le atribuyen a Barraza, figura un supuesto romance con la comandante Ana, Marie Emmanuelle Verhoeven, de nacionalidad francesa. Espejo detalla que en rigor lo que hizo para conseguir datos de esta fuente, fue sacar a su hijo del país y garantizarle protección.

Como sea, Barraza fue llamado a retiro en 1994, pero siguió inmerso en la agenda política. Fue un periodo en que dio una serie de entrevistas en que posicionó la tesis de protección de algunos miembros del Gobierno a los grupos subversivos. Extrañamente, una de sus abogadas en aquel entonces fue Pamela Pereira, conocida por su defensa de los derechos humanos y su participación en la mesa de diálogo.

Sobre el tema, Pereira sólo dijo hoy que "ha pasado mucho tiempo y no quiero ir tan atrás en la historia".

En el año 2003, cuando estalló el caso de Claudio Spiniak y la exdiputada Pía Guzmán, acusó la existencia de políticos en supuestas fiestas con menores, y posteriormente trascendió que una testigo, Gema Bueno, apuntaba a Jovino Novoa, el abogado Espejo comenzó a trabajar con Barraza. "Me ayudó mucho para esclarecer que esto era un montaje. Fue el primero que dijo que había que seguir esa tesis. Él era un hombre muy inteligente, culto, un investigador nato. Él se va a transformar en una leyenda", sentencia.

Sus últimos días, Barraza los pasó en el Hospital de Carabineros. Lo aquejaba un cáncer, controlado, y una enfermedad cardiaca por la que usaba un marcapasos, que falló. El prefecto José Luis López Leiva, quien trabajó con él, afirma que sus subalternos lo apodaban el "Papazón" y lamenta en una carta pública la partida del policía de la transición.