El grupo de los seis: quiénes son los técnicos que alistan su primera reunión para redactar el proyecto del acuerdo constituyente

A las 12.00 de este miércoles estaba contemplada la primera reunión, por Zoom, del grupo de seis expertos que se acaba de convocar para redactar el proyecto de reforma constitucional del acuerdo que debe tramitarse en el Congreso para habilitar el proceso constituyente 2.0. Sin embargo, los nominados -que tienen la misión de escribir, lo más pronto posible, la moción parlamentaria que modificará, otra vez, el capítulo XV de la Constitución vigente- estaban buscando un nuevo horario para coincidir.

Algunos partidos ya nombraron a sus representantes para esa tarea y, hasta el momento, son solo hombres y abogados.

Uno de los seleccionados, en representación del PS, es Gabriel Osorio. El abogado es uno de los principales asesores de la timonel socialista, Paulina Vodanovic, y participó del pequeño grupo que la tarde del lunes escribió el Acuerdo por Chile. Osorio conoce de cerca estas funciones. En 2019 también formó parte de la mesa técnica del Acuerdo por la Paz.

A Osorio se suma, por la UDI, el abogado Máximo Pavez. El vicepresidente de la directiva gremialista también estuvo el lunes participando de la escritura del acuerdo. Ahora está volcado a labores académicas, pero hasta marzo de este año se desempeñó como subsecretario de la Segpres durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Por parte de RN participará Pablo Celedón. El abogado se desempeñó hasta 2020 como jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior durante la segunda administración de Piñera y también ha trabajado como coordinador legislativo de la bancada de diputados de RN.

En representación de Apruebo Dignidad estará el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. El abogado ha sido asesor durante la negociación del acuerdo constituyente de los timoneles de RD y Convergencia Social, Juan Ignacio Latorre y Diego Ibáñez.

Los dos cupos faltantes aún no están designados. Uno le correspondería a la DC y el otro al resto de las fuerzas políticas que concurrieron con su firma al Acuerdo por Chile.

A todos ellos se sumará, según cuentan en los partidos, una representante de la Segpres. Se trata de la jefa de la División Jurídico-Legislativa de ese ministerio, la abogada Francisca Moya. En la cartera liderada por Ana Lya Uriarte, en todo caso, no confirmaron la información, pero agregaron que ”la Segpres ha expresado su disposición a cooperar con cualquier apoyo técnico que requiera el proceso”.

Todos estos abogados ya están trabajando y pretenden armar un proyecto de ley “integral”, que no deje cabos sueltos para no repetir los mismos errores de 2019, cuando en el Congreso se agregaron asuntos que no formaban parte del acuerdo, como las listas de independientes. “La reforma tiene que estar trabajada con toda la rigurosidad posible, pero con toda la celeridad posible para ponerla a disposición de los parlamentarios que deseen firmarla antes de la próxima semana. Esperamos abordar de manera muy rigurosa y pacífica todos los elementos accesorios para que el proceso esté completo y no suceda lo de la vez pasada que se empezó a poner parches durante la tramitación legislativa”, afirma a La Tercera PM Pavez.

Pese a que se trató de que el acuerdo fuera lo más exhaustivo posible y no dejara cabos sueltos, el texto que firmaron los partidos el lunes aún tiene aspectos en blanco que habrá que resolver.

Uno de ellos apunta a la dieta de los consejeros constitucionales, de los 24 expertos y de los 14 juristas que serán parte del Comité Técnico de Admisibilidad. El asunto, que no estaba previsto que se enredara, se complicó luego de unas palabras del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic.

“No van a recibir remuneración, ya que se trata de personas que al tener un compromiso incondicional con el país van a servir a Chile a través de esta instancia”, afirmó Mirosevic. Su frase no fue del todo precisa. Lo cierto es que, fuentes de la mesa negociadora del acuerdo, confirman que ese punto se conversó y los ánimos apuntaban hacia allá. Sin embargo, el tema no se resolvió y por lo mismo no se dejó escrito en el acuerdo. Además semanas atrás, cuando los partidos acordaron la existencia del árbitro -el comité técnico de 14 juristas- ahí también el ánimo fue que esos especialistas fueran ad honorem.

La intervención de Mirosevic generó una breve polémica. Tanto así que este miércoles fue el mismo Presidente Gabriel Boric, quien salió a dar su opinión al respecto. “Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no, solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”, tuiteó el Mandatario.

Durante esta jornada Mirosevic aclaró sus palabras. “Yo expresé algo que se conversó pero que no quedó escrito en el acuerdo final”, explicó. Lo mismo hizo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, al dejar en claro que eso se resolverá en la reforma constitucional que se está elaborando: “El carácter ad honorem o remunerado del trabajo de los integrantes de la comisión experta es algo que no forma parte del acuerdo y por tanto va a ser resuelto en estos días durante el proceso de redacción de la reforma constitucional. Estamos haciendo las consultas respectivas para proponer una fórmula específica que se haga cargo de este tema”.

El tema, en todo caso, se siguió enredando. Luego de la intervención de Boric, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, abordó el punto refrendando que el trabajo de los expertos sea sin remuneración. “En el acuerdo que presentamos proponíamos que el desempeño fuera ad honorem pensando en dos cosas. Uno, que es un servicio que prestan expertos y expertas como una retribución al país, con una mirada republicana, y no tiene relación con el ingreso y remuneración que se le pueda pagar. Entiendo que ayer fue un tema que debatieron algunos parlamentarios”, dijo, agregando que “yo valoro que el Presidente tenga la disposición de poner recursos como algo tan importante para la comisión de expertos, aunque creo que lo fundamental no es eso. En relación al conflicto de interés, creo que se soluciona mucho mejor con una amplia declaración de patrimonio e intereses”.

Todo indica que sí serán remunerados, ya que, de lo contrario, no se podría exigir la exclusividad del trabajo. Sin esas características, se abriría un mar infinito de eventuales conflictos de interés de personas que mantendrán sus trabajos y además tendrán algún rol en el eventual Consejo Constitucional.

Otro de los asuntos a resolver es cómo se implementará la paridad. El acuerdo despejó que el Consejo Constitucional y todos sus órganos serán paritarios y en la elección habrá paridad de entrada y de salida.

Lo que no está resuelto es el mecanismo concreto para implementarla, lo cual deberá ser resuelto por el grupo de abogados. Algo similar habrá que hacer para los escaños reservados de pueblos indígenas, los cuales también están zanjados que existirán y que serán proporcionales a la votación obtenida, pero hay que detallar la mecánica.

También quedaron fuera del acuerdo las inhabilidades para que los futuros consejeros constitucionales puedan -o no- participar de futuras elecciones populares. En el proceso pasado respecto de los exconvencionales se dejó especificado que no podrían participar de comicios en un periodo de tiempo determinado, el cual se vence el 4 de julio del próximo año.

Los independientes son otro asunto por resolver. Ya está claro que no podrán competir en listas y si quieren hacerlo, deberán inscribirse en listas de partidos políticos. El problema se presenta en quienes están inscritos en partidos en formación, como Amarillos y Demócratas. Esas personas no son independientes, pero tampoco militan en partidos constituidos, por lo tanto no podrían competir. Fuentes conocedoras del asunto cuentan que el espíritu de la mesa del acuerdo fue que ese tipo de casos cuenten como independientes, por lo tanto habrá que dejarlo así de explícito si el punto tiene el consenso de todos.

Como se trata de varios puntos, luego de que los abogados redacten la moción parlamentaria, el texto pasará por una rápida revisión por los partidos firmantes del acuerdo para que todos den su visto bueno.

El objetivo es empezar a redactar cuanto antes esta reforma constitucional. Si todo anda bien, el escenario ideal es que ingrese el lunes de la próxima semana para no seguir perdiendo días legislativos de tramitación.

La estrategia, al menos por ahora, apunta a enfrentar en primer lugar a los diputados. La Cámara será el lugar donde se aparezcan los mayores problemas para tramitar la moción debido a su alta fragmentación política y la existencia de varios parlamentarios díscolos. Aquí se necesitará el voto favorable de 89 diputados para pasar con éxito al Senado.

Fuentes al tanto de este proceso comentan que el diseño es que el Ejecutivo ponga urgencia de discusión inmediata, es decir, el plazo será de seis días por cada Cámara.

Los partidos dan por descontado el Senado. Sus cálculos auguran un aprobación más que holgada, por lo tanto, los esfuerzos deberán ponerse al inicio y, de lograr los apoyos en la Cámara, el resto de la tramitación debiese resolverse sin problemas.