El lapidario informe Rutherford: jueza acusa a excomandantes en jefe del Ejército de “concertarse” para sustraer gastos reservados

Cuatro son los excomandantes en jefe procesados por la presunta malversación de caudales públicos, a través de la sustracción de los fondos provenientes de los gastos reservados. La ministra en visita, Romy Rutherford, encausó, primero, a Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), luego a Humberto Oviedo (2018-2021), siguió con Óscar Izurieta (2010-2014) y, por último, levantó cargos, el 25 de octubre, contra el general (R) Juan Emilio Cheyre (2006-2010).

A Cheyre le imputó haber malversado $ 128.638.559 millones, los que habría recibido en sobres en efectivo, a través de la glosa de gastos reservados que manejan las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Según el encausamiento de la magistrada, el general (R) habría recibido “mensualidades” una vez en retiro, a través de un sistema ideado por los exjefes militares.

Sin embargo, la defensa del exoficial -representada por el abogado Jorge Bofill- presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, cuestionando el procesamiento de la jueza, acusando faltas a la Constitución. En su presentación se señaló que “el auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante ella, la ministra en visita extraordinaria se erige en una verdadera comisión especial que dispuso la aprehensión de mi representado sin tener jurisdicción para ello y, además, se funda en graves errores de hecho y de derecho”.

Recibido el amparo, la Corte Marcial pidió un informe a la ministra Rutherford para que contestara las alegaciones del general (R) -quien se mantiene en prisión desde el 25 de octubre en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén- y así tomar una determinación al respecto.

Y la jueza contestó. Lo hizo el viernes 28, a través de 23 páginas donde desechó las argumentaciones expuestas por la defensa de Cheyre: “Existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada”, partió exponiendo.

Uno de los argumentos del general (R) para sustentar su amparo fue que los delitos imputados habrían tenido lugar, una vez que este dejó de ser comandante en jefe, por ende, ya no era militar activo. Rutherford, sin embargo, descartó esta tesis: “La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro. Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe”.

La jueza desarrolla en su informe la hipótesis de la concertación para la comisión del delito de malversación, entre el inculpado y el resto de los excomandantes en jefe encausados en la causa. Es decir, atribuye a que tanto Fuente-Alba, Oviedo, Izurieta y el propio Cheyre se organizaron para delinear un sistema para gestiona la entrega de gastos reservados, una vez que pasaran a retiro.

En palabras de Rutherford, “se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandante en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados”.

En esa misma línea, la jueza agrega que “al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”.

Uno de los antecedentes que presentó la defensa de Chyere -y antes también su sucesores- fue que los comandantes en jefe tenían derecho a acceder a seguridad, una vez que pasaran a retiro. Esto, de acuerdo a una disposición legal firmada en 1998 por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Este punto también fue contestado por Rutherford. “Las medidas de protección y seguridad que pudieren entregarse a los excomandante en jefe no solo en ningún caso podían corresponder a sumas de dinero en efectivo, sino que mucho menos podían ser cantidades fijas mensuales, ni provenir de gastos reservados y, además, tales medidas solo serían procedentes en caso de ser requeridas por aquellos”, señaló la jueza en su informe.

Sin embargo, la magistrada se detuvo en otro antecedente: “El imputado ha reconocido no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos, por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura. Adicionalmente, debe anotarse que también el procesado admitió que -dada la irregularidad en la percepción de tales recursos- debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) una suma cercana a los $20.000.000 por haberse establecido, respecto de estos mismos dineros, que se trataba de ingresos no declarados”.

Por último, Rutherford desliza una soterrada crítica al sistema de vida que llevan los jefes militares, una vez pasados a retiro: “En cuando a la fotocopia de la orden ministerial que acompaña la defensa (el decreto firmado por Frei), tal antecedente señala en la forma clara que los excomandante en jefe tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados, como pretende justificar quien presenta tal antecedente”.

Aunque será la Corte Marcial quien resuelva cuál de las partes tiene la razón en su interpretación jurídica del caso, de mediar cualquier resultado, lo más probable -comentan fuentes del caso- es que todo se resuelva en la Suprema. Pero no será lo único: tanto Fuente-Alba como Izurieta también recurrieron de amparo para revocar las imputaciones en una causa que, permanentemente, amenaza la tranquilidad del retiro militar.