El lío de deudas con Espacio Riesco que salpicó a La Moneda

Fue el 24 de marzo cuando el Presidente Sebastián Piñera, acompañado del entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, recorrió las instalaciones de Espacio Riesco, ubicado en la comuna de Huechuraba, para ver los preparativos del lugar que recibiría a enfermos de Covid-19, lo que buscaba evitar que colapsara la red asistencial de salud.

“Tiene capacidad para 800 personas que requieren tratamiento”, dijo Piñera esa vez respecto al lugar, que se ha transformado en un nuevo flanco para La Moneda. Esto, debido a que los dueños del recinto acusaron al gobierno de tener una deuda que asciende a más de cuatro millones de dólares, equivalentes a tres de los cinco meses en que el centro recibió pacientes con Covid-19.

En un reportaje que emitió Canal 13 durante el fin de semana, el gerente general del centro de eventos, Sergio Gutiérrez, indicó que se les adeuda “2.900 millones de pesos más IVA”.

El costo del arriendo del recinto recibió cuestionamientos desde sectores de la oposición que consideraban que los montos eran elevados o que se debió ocupar una instalación estatal. Y en medio de ese escenario Mañalich dijo el 25 de marzo que “cualquier instalación de la que se deba hacer uso -y estamos tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país (...)- el costo máximo que debe pagar el Estado es de 0,2 UF por metro cuadrado, lo que equivale al de un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación”. Nueve días después, el Mandatario afirmó que “el costo de Espacio Riesco, al mes para Chile, es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes”, lo que desató una ola de críticas transversales por sus dichos. Esto, además, porque en la práctica el valor del arriendo de las instalaciones superó con creces un sueldo de un parlamentario al mes.

De hecho, el primer mes de arriendo, correspondiente a abril, ascendió a más de 86 millones de pesos, cifra similar a los cuatro meses siguientes. “Por mes, son 80 millones de pesos, aproximadamente, por el arriendo de los 15 mil metros cuadrados por parte de la Subsecretaría, mientras que el resto de los contratos los lleva el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que incluyen otros servicios, como la alimentación, entre otros”, explicó el entonces subsecretario Arturo Zúñiga por esos días.

Así, el gobierno adquirió dos contratos con Espacio Riesco: uno respecto al arrendamiento del espacio físico y otro para la habilitación de un hospital en ese espacio. Y el 9 de julio pasado la Contraloría informó que “hemos representado (declarado ilegal) el contrato con Espacio Riesco a propósito de cláusulas que ya estaban asumidas en un primer contrato, principalmente relativas a tareas de mantenimiento que se volvieron a incluir en anexos en este segundo acto administrativo”.

Desde la Contraloría indicaron que ese tema aún no está resuelto. El organismo señaló a La Tercera PM, a través de un escrito, que “el 9 de julio de 2020 la Contraloría General de la República declaró ilegal el contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y Espacio Riesco al advertir una serie de irregularidades, entre ellas, la duplicación de pagos para la habilitación y mantención de infraestructura básica del centro hospitalario. Hasta la fecha, dichas observaciones no han sido subsanadas por el servicio público correspondiente”.

Así, el gobierno mantiene dos flancos que están ligados. Por un lado, el no pago por las instalaciones y, por otro lado, no ha corregido las observaciones de la Contraloría, por lo que no se puede tomar razón de los contratos y, por ende, no se autorizan los pagos.

Al respecto, desde La Moneda dicen que se decidió que la vocería del tema esté radicada en Salud y que la idea es hacer una distinción entre dos aspectos: primero, que los pagos aún no se concretan porque la Contraloría objetó los contratos; y, en segundo lugar, que, más allá de la polémica, el recinto cumplió su función y se evitó que colapsara el sistema de salud.

Como sea, la Contraloría recalca que las observaciones no han sido subsanadas. Además, desde el organismo dicen, en privado, que es responsabilidad del servicio correspondiente enmendar las observaciones para que el contrato pueda pasar el control de legalidad y que, hasta la fecha, no se ha ingresado ningún documento para una nueva toma de razón.

En público, hasta ahora, varias autoridades han tenido que salir a enfrentar el tema. Primero, el Ministerio de Salud, reconociendo la deuda, y también los ministros del comité político Rodrigo Delgado (Interior) y Jaime Bellolio (Segegob), quienes abordaron ayer la situación.

“El Ministerio de Salud en ese momento tomó decisiones, y como dijo la subsecretaria (Paula Daza) ellos están en conversaciones para finiquitar todo lo que haya que finiquitar”, dijo Delgado, mientras que Bellolio sostuvo que “eso es algo que obviamente tiene que ver primero la Contraloría sobre los pagos, el mismo Minsal. Se firma un contrato, y por supuesto el Estado cumple sus partes en la medida de que ello sea después ratificado por las distintas instancias que hacen el control de los dineros del Estado”. Y agregó: “Nosotros tenemos que tener claro que la capacidad de reacción del Estado en materia de Salud es clave y lo que hicimos en el pasado fue eso, duplicar e inclusive triplicar la capacidad hospitalaria. Los aspectos más bien administrativos, de pago y otros es algo que tiene más bien que resolver el Minsal con este proveedor, y también eventualmente la Contraloría, que es la que tiene que visar cada uno de los contratos que tienen que ver con esta magnitud de dinero”.

A lo de Espacio Riesco, además, se suman otros reclamos por no pagos: el de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (Apis), que reúne a las principales empresas que intermedian en las compras de insumos médicos y que durante febrero y marzo fueron altamente demandadas por el Ministerio de Salud para la compra de ventiladores invasivos, monitores y máquinas de oxigenación de alto flujo.

El director ejecutivo de la entidad, Eduardo del Solar, señaló que del total de ventiladores adquiridos -cerca de mil, según informó en octubre pasado Salud al Congreso- las empresas asociadas al gremio proveyeron el 25%, el resto fue a través de compras directas a los países, a proveedores no asociados y donaciones.

”Tenemos socios que entregaron a fines de marzo y abril, que son empresas pequeñas, no tan grandes, que esto les afecta muchísimo. Las razones que nos han dado para el no pago es que no han salido los contratos, que no se han firmado, que no había presentado la boleta de garantía por ‘seriedad de la oferta’, lo que es una frescura, porque se entregaron los equipos. O sea, ¿qué más seriedad que eso?”, explicó del Solar.

El empresario agregó que la deuda se elevaría a 12 mil millones de pesos, y que durante la última semana se reunieron con el jefe de gabinete de Redes Asistenciales, quien les habría transmitido que atendería la solicitud, pero que estos pagos se habrían derivado a la Subsecretaría de Salud Pública.