El lío por sobresueldos a directores de colegios de Independencia que obligó al municipio a abrir una auditoría externa

Tras dos meses de intensos encontrones en el Concejo Municipal de Independencia, hoy el cargo de la directora de Educación Municipal (DAEM), Claudia Carrillo, y los de ocho directores de establecimientos educacionales están en vilo.

¿Por qué se da esto? La denuncia realizada por el concejal Agustín Iglesias (ind.), candidato a alcalde por Chile Vamos, apunta a asignaciones efectuadas por sobre el tope legal.

A través de un oficio entre el municipio y la Contraloría General de la República, al que tuvo acceso La Tercera, la casa edilicia confirma el aumento de hasta un 200% sobre lo permitido en uno de los bonos que recibía la jefa del DAEM, sumando que fruto de la investigación se ha suspendido el beneficio hasta la fecha. Mismo camino siguieron los beneficios que recibían al menos ocho directores de colegios públicos de la comuna, quienes también están siendo pesquisados sobre si recibían más de lo permitido por la normativa.

Todo el conflicto llevó a que la Municipalidad de Independencia, liderada por Gonzalo Duran (CS), confirmara la realización de una auditoría externa a todo el sector de educación, aun cuando el edil -actualmente cumple su tercer y último periodo en el municipio- ha optado por no tomar medidas más drásticas todavía.

“No le pediré la renuncia mientras no tenga el informe que, efectivamente, hemos solicitado de una auditoría externa. Tengo por costumbre esperar el resultado de cualquier proceso antes de tomar decisiones y quiero decir que la directora de Educación sigue contando con mi confianza”, dijo el edil en el último Concejo Municipal, luego de que Iglesias solicitara la salida de la funcionaria.

Fue el 2 de mayo de este año cuando comenzaron los problemas en el órgano colegiado, luego de varios cruces entre el alcalde e Iglesias, quien acusaba malversación de fondos públicos, mientras que de la vereda del edil se amenazaba con una querella en contra del concejal.

En el marco de aquello, los intercambios entre Contraloría y la municipalidad dirigida por Durán, quien calificó el tema como “complejo”, descartaron irregularidades, aunque en ellas se da cuenta que desde el municipio sí se tomaron medidas por las alertas que prendió esta fiscalización.

En detalle, las respuestas de la municipalidad afirman que Carrillo recibía estas asignaciones “desde el 2015 hasta 2024 (...) concluyendo dicho Departamento que, si bien la ley no establece expresamente un límite expreso de la asignación establecida del Estatuto Docente, y habiendo revisado el dictamen de Contraloría, la Dirección de Control señala que efectivamente se ha sobrepasado el tope del 200% que establece el órgano contralor”.

Asimismo, la entidad edilicia realizó revisiones en las remuneraciones de los docentes y ocho directores de establecimientos educacionales desde 2016, en particular dos asignaciones que corresponden a la “gestión directiva” y la “asignación especial de cumplimiento”, cada una por el 30%, algo que difiere de lo señalado por el ente contralor, que apunta que las asignaciones son de 30% en total y no por cada “como se interpretó por el DAEM en su oportunidad”.

En base a todo esto, la casa edilicia decidió suspender las asignaciones recibidas por la directora de la DAEM y los ocho directores involucrados en estos hechos, mientras que Contraloría respondió al concejal aseverando que “la entidad edilicia señaló, en síntesis, que no existirían las irregularidades denunciadas, sin perjuicio de adoptarse las medidas administrativas que detalla, tales como la suspensión del pago de la asignación prevista de la administración de educación municipal, inherente al cargo de jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, dado que excedía los rangos previstos por la normativa para tal efecto”.

Al ser consultados por este medio, desde el municipio indicaron que la auditoría externa se llevó a cabo debido a la “complejidad” del asunto, y que su propósito es “analizar y determinar la forma de proceder”. La casa edilicia se defendió argumentando que “la ley no establece un límite claro, y el 200% y el 30% referidos se determinaron tras el dictamen de la Contraloría. En relación a ambos, se tomaron las medidas necesarias para suspender los pagos que contravienen el dictamen”.