El lobby de clínicas e isapres para presentar sus reparos ante la Convención por sus definiciones en salud

Reuniones con convencionales, cartas a las comisiones e incluso a la presidenta de la Constituyente.

Con una serie de acciones, tanto las clínicas privadas como las isapres han buscado involucrarse en la discusión constitucional relativa a la salud, la que este lunes dio un paso clave con la votación del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. En ésta, se aprobaron siete de los 12 incisos del artículo 14, que consagra el derecho a la salud, pasando al borrador de la Nueva Carta Magna que el sistema de salud será “de carácter universal, público e integrado”. Junto con ello, quedaron pendientes definiciones claves respecto de la participación del sector privado en el sistema, si se permitirá o no el fin de lucro tanto en establecimientos como por parte de médicos y funcionarios, entre otras cosas.

Todos puntos que inquietan a clínicas, isapres y el mismo personal médico, mientras académicos y expertos han advertido que lo aprobado por el órgano constituyente podría impactar de forma negativa a quienes se atienden en el sector público.

Por están razón, el sector privado no ha estado ajeno al debate.

Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile - agrupación que reúne a los 46 principales centros privados de salud- relata que desde inicios del debate han buscado instancias para representar sus inquietudes: “Desde el inicio de la discusión constitucional hemos querido participar del debate y aportar con nuestra visión, ya que somos un punto de contacto relevante para millones de pacientes. En esa perspectiva, hemos propiciado el diálogo con convencionales de todos los sectores políticos y participado activamente en la conversación pública sobre temas de salud”.

Así, se han reunido con más de 20 convencionales durante los últimos meses. A través de la Ley de Lobby se han juntado con la mayoría de los integrantes de la Comisión de Derechos Fundamentales -que tiene a su cargo el debate y votación de los temas de salud-, así como también otros constituyentes de distintos sectores políticos, como Eduardo Castillo, Fuad Chahín y Rodrigo Alvarez.

De hecho, el pasado 21 de marzo se reunieron con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional y unos de los principales actores en la discusión sobre salud. Desde la asociación relatan que en estas instancias han presentado antecedentes que revelan el rol de las clínicas en el sector, y que la recepción ha sido buena.

Además, el pasado 8 de abril se reunieron con el convencional y exsubsecretario Arturo Zúñiga (UDI), quien cuenta que “en la reunión se hizo bastante énfasis en los millones de personas que se atienden en el sistema integrado público-privado. Anualmente, siete millones de consultas que se realizan a beneficiarios que son de Fonasa. Entonces, más que nada era para exponer cuál era el impacto de los prestadores privados en las atenciones de los pacientes”.

De acuerdo al Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile que prepara Clínicas de Chile bianualmente, del total de la población del país, se estima que los potenciales demandantes de prestadores de salud privados alcanzan a 15.427.964 personas (79,3% del total de la población).

En ese contexto, el exsubsecretario de Redes Asistenciales agrega que “en mi opinión, la Convención desaprovechó una oportunidad gigante de dar una respuesta a las demandas de la ciudadanía que corresponde principalmente a las listas de espera. En lugar de haber ampliado la colaboración entre el sector público y privado, a través del Auge, por ejemplo, se toma una decisión opuesta que es restringir la posibilidad que una persona se atienda oportunamente, ya sea por una consulta o una cirugía”.

Pero las clínicas no son las únicas haciendo estas gestiones. Desde la Asociación de Isapres, también se han acercado a los convencionales de distintas maneras.

El lunes -ad portas de la votación clave en el pleno- enviaron una carta a la Comisión de Derechos Fundamentales, donde presentaban sus inquietudes y presentaban como la participación de privados beneficiaba al sistema de salud, con evidencia de otros países.

“La experiencia internacional y la opinión mayoritaria de la ciudadanía muestran que el centro de las preocupaciones en salud deben ser garantizar derechos que permitan acceder a una atención de salud digna, y que ello se logra a través de sistemas mixtos”, refirieron en la carta.

Desde la agrupación detallan a La Tercera PM que “en los últimos seis meses nos hemos reunido con una decena de convencionales constituyentes de manera formal, por Ley de Lobby, para entregarles información sobre el funcionamiento del sistema de salud y detallarles el aporte y cómo opera, específicamente, el sector privado. Asimismo, se envió una carta a todos los constituyentes con información general sobre el sector salud”.

En este escenario, aseguran que “la Convención ya ha votado una norma que excluye a las Isapres de la seguridad social y creemos que la creación de un sistema único estatal, sin el sector privado, causará un deterioro en el nivel de salud que hoy reciben los 3,3 millones de personas que están afiliadas y causará, además, una carga adicional para Fonasa, que ya adolece de problemas serios que afectan la atención que requieren sus beneficiarios”.

Otras instituciones y agrupaciones también han buscado plantear sus preocupaciones a la Convención a través de cartas.

Por ejemplo, hace una semana las agrupaciones de médicos de Clínica Indisa, de Clínica Dávila y de la Clínica Santa María, todas privadas, se unieron para enviarle un mensaje a los constituyentes. En él manifestaron sus dudas respecto de que el sistema público sea capaz de absorber a quienes se atienden en la red privada. Al mismo tiempo, destacaron la integración público-privada en salud que se hizo durante la pandemia y cómo este sistema podría ser una opción.

“El articulado tal y como está genera un retroceso de 30 años en la atención de pacientes y es precisamente esta historia la que permite hacer las correcciones necesarias en beneficio de la mayoría las y los pacientes”, señalaron en la carta.

El presidente de la Agrupación de Médicos de Clínica Indisa (AMCI), Ivar Vidal, plantea que dos incisos que fueron enviados a revisión, eran los aspectos que más le preocupaban de la discusión.

El primero, era el artículo que establecía que “podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud”. El otro era el inciso que sostenía que “los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento”.

Desde el punto de vista del personal de salud de estos centros, estos artículos podrían limitar el ejercicio de su labor. Ahora, después de la votación del martes, el doctor Vidal, afirma que “la votación nos deja un tanto más tranquilos, porque los incisos que nos preocupaban van a revisión, pero creemos que hay cosas que se aprobaron que van en el sentido correcto, como el fomento de la promoción y prevención”.

El Centro de políticas Públicas e Innovación en Salud Pública (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, también envió una carta este lunes a la Convención -antes de la votación en el pleno- para expresar sus reparos. El texto, dirigido a María Elisa Quinteros, presidenta del órgano, también destacan la participación de privados en el modelo de salud.

“Si bien existe un consenso respecto a la necesidad de avanzar para disminuir las brechas en salud y hacernos cargo de demanda sanitaria, es fundamental escoger el camino que otorgue una solución real a los problemas de salud, y para ello, es necesario situar a las personas en el centro del análisis”, detalla el documento enviado.

La directora ejecutiva del CIPS, Paula Daza, sostiene que “analizamos junto al comité ejecutivo la normativa que salió respecto a los temas de salud, y la verdad es que para nosotros es tremendamente preocupante lo que salió. De todos los incisos, cinco se devolvieron a la comisión para su revisión, pero nos preocupaba enormemente porque se iba a terminar con la cooperación público-privada”.

Al mismo tiempo, la exsubsecretaria de Salud Pública, afirma que la votación en salud tiene una mirada ideológica, y esta decisión afectaría la red pública: “Esta no es una normativa que pone a las personas en el centro. Se dice que todos tendrán que atenderse en el sistema público y uno se pregunta cómo, porque hoy tenemos dos millones de personas en lista de espera para ser atendidos por un especialista, entonces las listas van a aumentar”.