El (nuevo) fuego cruzado que se abrió en la DC tras la querella contra Chahin

“Tienen que estar urgidos”.

Ese es el diagnóstico que hacen algunos de los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (DC) sobre la directiva de la colectividad, luego de que se conociera que el partido -representado por su presidente Felipe Delpin- presentó una querella -dada a conocer por Chilevisión- en contra el extimonel de la tienda Fuad Chahin, por el delito de administración desleal. Particularmente, se le acusa de celebrar contratos sobre inmuebles de propiedad del partido que “comprometen seriamente su patrimonio”.

Diagnostican eso porque, hasta el momento, Delpin no se ha comunicado con ellos para dar explicaciones. Aunque, según cuentan desde su círculo interno, ha manifestado que la presentación de la querella en contra de Chahin fue un error.

Según dicen al interior de la decé, el problema radica en que el alcalde de La Granja no dio la autorización para presentar una querella de tipo nominativo, sino que, cumpliendo con lo que exigía el servicio electoral, se tenía que hacer una denuncia sin nombre, con el fin de aclarar las eventuales interpretaciones que pudieran emerger a raíz de los contratos.

La principal acusación que se detalla en la acción judicial presentada en contra de Chahin, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, involucra la venta de un inmueble que correspondía a la sede del partido en la comuna de La Florida. De acuerdo con el libelo, el expresidente lo habría comercializado sin contar con las facultades legales ni estatutarias para ello.

Más aún, se le responsabiliza de pagar una comisión a la empresa corredora del 26% del valor de la propiedad, una cifra fuera de los límites legales. Asimismo, se le acusa de intentar vender a valores bajo los precios de mercado otros dos inmuebles pertenecientes a la DC emplazados en las comunas de Macul y Talagante.

Chahin, a través de un comunicado que tituló “declaración a mis camaradas”, se defendió. En el texto, el exconvencional apuntó contra Delpin y acusó un supuesto interés político detrás de la acción. “Resulta del todo evidente el interés político de agraviarme injustificadamente, tanto así que el texto de la querella se entregó a la prensa antes incluso de ser admitida a tramite por el tribunal respectivo”, se lee en la declaración de Chahin.

Consultado por este medio, y en línea con lo expuesto en su comunicado, Chahin niega siquiera conocer a Francisco Leiva, Paula Zigante y Julián Miranda, quienes, según se menciona en la querella, serían los contratantes con lo que él hizo las gestiones.

En la misma querella, además, se menciona que exparlamentario mantiene un vínculo cercano con estas personas debido a su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sin embargo, según se constata en la página web del Poder Judicial, ninguno de ellos estudió en dicha escuela, sino, respectivamente, en la Universidad Central o en la Santo Tomás.

Además, Chahin aseguró que -a la fecha- la querella no ha sido “proveída ni declarada admisible por el tribunal” y advirtió que ejercerá las acciones legales necesarias durante los próximos días.

Pero eso no es todo. A través del comunicado, Chahin recordó que, por encargo de la entonces presidenta del partido, Carmen Frei se conformó una comisión especial del partido con el mandato de indagar el proceso de venta de inmuebles. Y la conclusión de dicha comisión se comunicó a la mesa directiva y al propio Chahin.

Esta era que, si bien existieron desprolijidades en algunos procedimientos, “no existió daño patrimonial al PDC ni se determinaron responsabilidades”.

En este sentido, el exsenador Andrés Zaldívar, quien integró dicha comisión, sostuvo que “nosotros le entregamos un informe sobre estas operaciones inmobiliarias, que eran tres o cuatro, y hacíamos ver que en una de ellas se había hecho un manejo poco cuidadoso”.

Sin embargo, Zaldívar enfatiza: “No había ningún detrimento patrimonial en la operación. Al contrario, se había logrado un beneficio. Había habido poca explicación de cómo se había hecho la gestión que se estaba reclamando”.

Previamente, según apuntan algunos militantes, Delpin consultó a Zaldívar acerca de este escenario y el exsenador le señaló que consideraba improcedente cualquier querella, porque provocaría un problema en la interna del partido, en consideración del momento que se vive en el contexto del plebiscito. Y, según indican los mismos parlamentarios, él estuvo de acuerdo.

Como sea, entre algunos militantes y cercanos a Delpin apuntan a que el responsable detrás de la querella no sería el alcalde de La Granja, sino que la actual secretaria general de partido, Cecilia Valdés. Según apuntan las mismas fuentes, fue ella quien presentó la querella de carácter nominativo, sin notificar a Delpin que sería de esa forma.

Tanto el alcalde Delpin como Valdés fueron contactados por este medio en reiteradas oportunidades. Sin embargo, no hubo respuesta de su parte.

Eso sí, desde el entorno del timonel DC señalan que, hasta el cierre de esta edición, el alcalde preparaba una declaración pública con respecto a la querella.

Por otro lado, los parlamentarios también conversaron hoy sobre el tema y llegaron a la conclusión de que “no se va a contaminar la relación de la bancada y el “buen trabajo de equipo que se tiene como bancada por estos conflictos”.

En este sentido, el jefe de la bancada de diputados del partido, Eric Aedo (DC) señaló que “las diferencias políticas no se pueden criminalizar ni judicializar. Ese es un camino inadecuado. Yo haría un llamado a todos los directivos de la DC (...) a que en este tiempo previo al plebiscito actuemos con prudencia, templanza y tolerancia”.

Por su parte, la diputada y vicepresidente del partido, Joanna Pérez, manifestó que “lamentamos que se esté fraguando nuevamente una operación política, una burda maniobra por la actual conducción de la DC (...). Aquí hay una maniobra sustentada en poder afectar la opción de un grupo de militantes simpatizantes, adherentes, que piensan en el bien de Chile”.

La querella volvió a reabrir una pugna al interior de la colectividad. Esto en un contexto en que el partido se divide entre quienes rechazan y aprueban el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional, lo que derivó, incluso, en presentaciones ante el Tribunal Supremo de decé.