El proyecto de ley que busca llevar los delitos comunes de las FF.AA. a la justicia civil

El martes 19 de febrero, la ministra en visita que investiga el fraude en el Ejército, Romy Rutherford, sometió a proceso al ex comandante en jefe de la institución, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, por el delito de malversación de caudales públicos por cerca de $3.500 millones. La magistrado tomó esa determinación tras el quinto día detención el otrora alto oficial, quien lideró el Ejército entre 2010 y 2014.

Actualmente, Fuente-Alba sigue detenido en el Regimiento Policía Militar N° 1 de Peñalolén, a la espera de la determinación de la jueza, quien ha efectuado más pesquisas. En la resolución de esta causa, se señala que Fuente-Alba habría usado recursos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, para costear necesidades personales y familiares.

Todo el proceso investigativo se ha llevado a cabo el sistema de la justicia antigua, con la ministra en visita. La duda que muchos se plantean, ¿podría esta investigación haberse conducido de otra forma? Legalmente, no, pero a futuro, para el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, quien preside de la Comisión Defensa de la Cámara de Diputados, sí.

El parlamentario presentó un proyecto de ley que busca hacer modificaciones al Código de Justicia Militar agregando un inciso que detalla que "corresponderá siempre a los tribunales ordinarios con competencia en lo penal, el conocimiento y juzgamiento de los delitos comunes que cometan militares, incluso respecto de otros militares". Es decir, de aprobarse la iniciativa, los tribunales militares, solo se limitarían a causas estrictamente militares. "Eso tienen que ver con la seguridad nacional y con los incumplimientos a deberes militares: el desacato, la sedición, la entrega de información secreta", detalla el diputado Jorge Brito. No a fraudes al fisco ni malversaciones de caudales públicos, como se ha visto en la indagatoria de Rutherford.

Respecto de los alcances de esta ley, el profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter, señala que "la justicia militar tiene un sistema distinto al código procesal penal, donde está el Ministerio Público investigando, donde las audiencias son con un juez de garantía y donde el juicio se hace ante un tribunal oral en lo penal que es público, por eso tiene sentido el proyecto en cuanto que aquellos delitos que son comunes, es decir que no tienen un componente militar, pasen a ser parte de la justicia ordinaria".

La iniciativa cuenta con el apoyo de otros diez parlamentarios de centro, izquierda y derecha, cómo Mario Desbordes (RN) y Guillermo Tellier (PC). "Creemos que, para todas las partes, la justicia militar no da ninguna garantía del debido proceso. Sí las dan los tribunales civiles y por eso proponemos este cambio.", añade Brito, agregando que, si los últimos casos de corrupción al interior del Ejercito, como lo es el del ex comandante en jefe, hubiesen sido llevados por la justicia ordinaria, "las diligencias serían de público conocimiento".

Para el diputado Mario Desbordes, ex uniformado, la justicia militar tiene que ser excepcional, acotada y para muy pocos casos. "Sí un militar hace un fraude con fondos públicos, eso debe ir a la justicia ordinaria. Yo destaco el trabajo de la ministra Rutherford, pero no puede haber ninguna excusa para que todos los chilenos estemos sometidos a la jurisdicción de nuestros tribunales. Creo que no debería haber casos como este radicado en la justicia militar, porque no son delitos militares", añade el parlamentario.

El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli señaló que "analizaremos en detalle el proyecto, que fue recientemente ingresado, pero nuestra prioridad en este momento es aprobar el proyecto de modernización de la carrera militar, que se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y el proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa".

Fuentes en tribunales castrenses señalaron que actualmente la gran mayoría de sus procesos corresponden a causas estrictamente militares.