Empieza la cirugía en el Sename: Los CREAD, primeros en pagar los "costos"

"Los funcionarios, y me incluyo, nuestra obligación es estar en primer lugar al servicio de los niños, niñas y adolescentes, y todos debemos estar a favor de los cambios culturales y de procedimiento y de modelos que ayuden a que ellos estén mejor. Eso indudablemente nos va a acarrear dolores y costos a los funcionarios que trabajamos en el Sename. También vamos a tener oportunidades… Yo lo miro con esperanza, porque estamos actuando y en las próxima semanas y meses van a haber cambios significativos, pero no van a ser sin costos".

Clara fue la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, esta mañana en una entrevista en Tele13 Radio, para plantear que las medidas administrativas de corto y mediano plazo tendrán su precio para los más de 4 mil funcionarios de la entidad, y que mantienen en alerta a la asociación que los representa. Todo ello luego de que ayer se conociera un duro informe de la ONU que -tras inspeccionar residencias y entrevistar a más de 100 personas en enero- concluyó que el Estado de Chile ha violado los derechos de los niños bajo su protección, y que los debe reparar.

"Van a haber costos. Cuando a uno le cambian la forma de trabajar, los modelos, cuando a uno le exigen cosas que no está preparado para realizarlas, son costos. Va a haber personas que probablemente no les van a gustar las nuevas formas de trabajar y es posible que algunos decidan marcharse. Lo vamos a ver hacia delante. Espero que la mayor cantidad de funcionarios se sumen entusiasmadamente (sic) a los cambios", indicó Tonda.

Entre las varias medidas que nombró Tonda -como la creación de un sistema de alerta temprana, la creación de mesas de trabajo con el Poder Judicial, y el fortalecimiento de las familias de acogida- hay una que genera más incertidumbre entre los funcionarios. Se trata del nuevo modelo de cuidado alternativo residencial, es decir, del reemplazo de los criticados CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa), entre cuyos muros se han denunciado muertes y maltratos. Serán estos los primeros en pagar los "costos".

Este domingo, a propósito del día del Niño, el propio presidente Sebastián Piñera -probablemente en Valparaíso- mostrará una de las nuevas casas a la que serán trasladados los niños del CREAD de Playa Ancha, tristemente conocido por los maltratos que se vivieron en su interior. El 21 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que exigió al Estado de Chile tomar medidas para proteger la vida e integridad de los niños que residen en ese centro. En febrero, el gobierno anunció su cierre (ver reportaje de Revista Paula aquí).

Con el anuncio y posible visita de Piñera, el gobierno pretende dar el primer puntapié para el reemplazo de estos centros. Algo de ello detalló Tonda esta mañana: "Cuando no sea posible (que un niño sea cuidado por) la familia, entraremos al sistema residencial, pero tienen que ser residencias familiares, con modelos de intervención familiares, con apoyo. Esos niños son complejos, no pueden estar en un orfanato". Se trata de que haya menos niños en inmuebles más pequeños, a cargo de profesionales del tema.

Después de Playa Ancha, los CREAD que terminarían con su vida útil serán el de Pudahuel y Galvarino, donde murió la niña Lisette Villa, de 14 años.

La medida tiene en pie de alerta a la asociación de funcionarios (AFUSE), cuya presidente, Alicia del Basto, dice que conllevará a la necesaria disminución de personal. Afirma que, aunque respalda un cambio en el modelo, no hay claridad respecto de los términos en que se darán los eventuales despidos y que no han logrado conversar directamente con Tonda y el subdirector, Alejandro Fernández. La semana pasada, la asociación se reunió con asesores de la dirección para entablar una mesa técnica y de supervisión de los cambios que se están implementando.

"Hay un cambio de modelo (de los CREAD), se van a reducir las residencias a 15 a 20 niños, y ahí estamos entrampados porque ellos no nos han dicho qué se va a hacer con los funcionarios. Al ministro de Desarrollo Social le planteé que la gente no se puede ir a la calle con una mano por delante y otra por detrás. Acá hay gente que ha trabajado 20, 30 años el mismo modelo que ellos han instalado. Entonces, no vengan a pasarle la cuenta a los trabajadores, porque el mismo informe de la ONU reconoce que la responsabilidad es de los distintos gobiernos que ha habido y del desinterés del Estado de abordar la infancia y adolescencia", advierte Del Basto.

"Cuando hoy la directora plantea que van a haber cambios, nosotros estamos molestos porque el ministro de Justicia jamás nos ha recibido, tampoco el de Desarrollo Social, a diferencia de los gobiernos anteriores (...) este tema lo tienen que abordar con los dirigentes de los trabajadores, para velar que nadie salga perjudicado. Si eso no es así, nosotros estaremos en la vereda del frente", agrega.

La dirigenta duda de que existan los recursos para adquirir los inmuebles y pagar los profesionales con los que se pretende poblar los nuevos centros. "Me pregunto: ¿Tienen los recursos para hacer esto? Dudo, porque es muy caro tener puros profesionales dentro de los centros; no resiste análisis en la administración pública", asegura. "Capaciten a la gente. Porque cuando dicen que quieren tener puros profesionales, es una falacia: tener un profesional que tiene un título no acredita que lo vaya a hacer mejor que alguien que no lo tiene".

La Tercera PM no pudo obtener una versión oficial del Sename sobre este tema.

Bajo el título "Nueva institucionalidad para la infancia", el Acuerdo Nacional sobre la materia -que fue anunciado a fines de mayo- establece además una serie de cambios que, de materializarse, incidirán en la plana profesional del Sename.

Junto con dar urgencia a la creación del Servicio de Protección Especializado -cuyo proyecto será presentado la primera quincena de agosto-, y continuar la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, la comisión propuso que los nuevos directores sean elegidos por Alta Dirección Pública, "con una duración que exceda el ciclo político y que no pueda estar en las excepciones que puede nombrar el Presidente de la República".

Además, plantea que una "redefinición de los perfiles de los trabajadores de los nuevos servicios de acuerdo a las labores y responsabilidades que les correspondan, y el establecimiento de concursos para asegurar que todos los trabajadores cumplan con el nuevo perfil".

En La Moneda enfatizan que lo que se busca es que la institución sea "despolitizada" y que sus funcionarios, "especialmente los que tienen trato directo con los niños, tengan competencias". Ello incluye, afirman, una evaluación de los mismos para ver si cumplen con los requisitos, y realizar capacitaciones.