La gestión de la basura siempre ha sido un tema delicado en el país. La falta de infraestructura, la morosidad en el pago del servicio de recolección, las condiciones laborales de los trabajadores y la diversidad geográfica son factores que estresan al sistema y lo mantienen al límite.

Un ejemplo de ello son los problemas que han tenido en los últimos años los habitantes de la Región de Los Lagos. En Osorno, el Vertedero Curaco, que recibe anualmente 123 mil toneladas de desechos de seis comunas, está prácticamente colapsado. Su vida útil se cumplió en 2011 y ha sido reacondicionado para seguir operando, a la espera de la construcción de otro sitio.

Hace un mes, la comuna de San Juan de la Costa, que envía sus desperdicios a ese vertedero, tuvo que paralizar la recolección de basura, luego de que los dos camiones municipales que tiene tuvieran fallas mecánicas, lo que culminó con un sumario sanitario contra el municipio.

Y un poco más al sur, en Ancud, la Superintendencia del Medio Ambiente está cursando un procedimiento sancionatorio contra la autoridad local por incumplir normativas ambientales en el relleno sanitario Punta El Roble. Incluso, la Corte Suprema ordenó el cierre del recinto.

Situaciones como esta se repiten en todo el país, incluso en Santiago, y con toda seguridad será un tema que abordará el nuevo gobierno, considerando que en 2023 comenzará a regir la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) -que cambiará la gestión de los desechos-, y que el ítem de recolección y disposición de basura es en el que más gastan los municipios, desembolsando más de $313 mil millones en los últimos siete años.

En ese contexto, los expertos aconsejan hacer una evaluación a todo el sistema, y recomiendan revisar el estado en que se encuentran los sitios de disposición final de desechos, es decir, los rellenos sanitarios, vertederos y basurales.

Actualmente -según el catastro de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)- hay 124 recintos en el país, de los cuales al menos 43 ya cumplieron su vida útil, pero siguen funcionando y recibiendo el 17% de los desperdicios del país. Además, solo existen 30 rellenos sanitarios que cumplen con las normativas. De hecho, de todos los sitios, un tercio no tiene autorización sanitaria y dos tercios no tienen certificación medioambiental (ver infografía).

Evitar el colapso de estos sitios no solo pasa por abrir otros nuevos, sino que también por reducir la cantidad de basura que se emite. Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, de todo lo que botan los hogares en Chile, el 58% es materia orgánica que se podría compostar y el 26% son envases que se podrían reciclar. Es decir, con una política efectiva de reciclaje, solo el 16% de los desechos se transformaría en basura.

Y ahí entra en juego la Ley REP, que entrará en vigor en septiembre de 2023. La norma establece que todas las empresas que vendan productos envasados -son más de 14 mil productores- tendrán que encargarse de recuperar esos envases. Para ello, tendrán que asociarse en sistemas colectivos de gestión de residuos, recolectar su basura reciclable y valorizarla.

Guillermo González, exjefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y quien estuvo en el último tiempo tras la implementación de la ley, explica que el próximo año comenzarán aplicando el sistema en el 10% de las viviendas, correspondientes a aquellas comunas que tienen más de 250 mil habitantes. Luego se avanzará con otro 20%, luego otro 30%, para finalmente sumar el 5% de viviendas año a año, hasta el 2034.

“Las empresas tendrán que establecer una logística de reciclaje, con un camión que pasará puerta a puerta por las casas. Y ahí entran en juego también los contratos de recolección de basura que tienen las municipalidades, porque en la medida en que los privados financien el camión de reciclaje, la recolección del camión municipal se puede reducir en un día”, detalla.

Actualmente hay dos sistemas colectivos de gestión en etapa de formación. Uno de ellos es el Proyecto ReSimple, formado por las 25 grandes empresas que colocan más envases en el mercado -como CCU, Unilever, Coca-Cola, Cencosud y Sodimac- y cuyos estatutos están siendo visados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Su gerente, Isidro Pereda, dice que tienen la meta de recolectar y revalorizar el 60% de los envases que emiten. Actualmente se recicla solo el 12%, por lo que la Ley REP quintuplicará la reutilización de desechos en una década.

“Ya no son los municipios los que estarán a cargo de reciclaje. Ahora serán los privados los que tienen que gestionar los residuos, pagando para recuperarlos. Los productores tendrán que financiar el sistema proporcionalmente a la cantidad de envases que emiten”, informa Pereda.

En Vitacura, comenzó a funcionar en algunos barrios un exitoso plan piloto de separación de la basura domiciliaria. El sistema es como el mencionado, solo que de iniciativa municipal: de los tres días en que pasaba el camión recolector, ahora un día se destina sólo para recoger desechos reciclables, como latas, vidrios y cartones, por lo que es tarea de la gente separar sus desperdicios.

La alcaldesa Camila Merino cuenta que en el plan de reciclaje anterior la basura llegaba toda junta a la planta de KDM y ahí era separada, pero debido a que estaba mezclada y había contaminación cruzada, sólo el 17% se reciclaba realmente.

“Ahora los vecinos tienen que separar la basura en su casa. Al principio costó, la gente no lo entendía, pero fuimos informando casa por casa y en estos meses ya hemos multiplicado por tres el volumen reciclado. Y eso para nosotros es un ahorro, porque son menos camiones que tienen que ir a Tiltil”, detalla.

Otra parte del problema es la basura orgánica, que, a diferencia de la otra, es mucho más versátil, pues los hogares podrían usarla para compostaje. Pero para quienes no puedan utilizarla, el experto del Ministerio del Medio Ambiente dice que se necesitan centros municipales que la recojan y aprovechen.

“Estamos aprovechando menos del 1% de esos residuos orgánicos. Existe una estrategia nacional de residuos orgánicos, pero no es vinculante. Tenemos que establecer exigencias a los municipios, para que la fracción orgánica vaya a composteras, plantas de compostaje o plantas de digestión anaeróbica”, afirma Guillermo González.

La estrategia de la que habla establece que se buscará valorizar dos tercios de la basura orgánica al 2040, lo que implica, entre otras cosas, incentivar a que medio millón de hogares tengan su propia compostera. “Se necesita establecer una ley para ello y creo que esta administración tendrá que avanzar en eso”, añade.

El caso emblemático en manejo de residuos orgánicos es el de La Pintana, donde la municipalidad recolecta 20 toneladas diarias de basura vegetal que luego transforma en abono. Así, produce tierra fértil y se ahorra el dinero del envío de la basura al relleno sanitario.

Lo mismo hacen en la comuna de Santa Juana, en el Biobío, donde ya separan su basura entre lo reciclable, lo orgánico y lo descartable. En un año de operación, redujeron en un 19% los residuos que enviaron al relleno sanitario, que, por lo demás, se ubica a 70 km de la comuna, por lo que el traslado de la basura es más caro que su reciclaje.

El cambio en la gestión de la basura también requiere repensar las licitaciones municipales para la recolección de basura. Rafael del Campo, consultor senior del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, ha estudiado el modelo de gestión de residuos y cree que este podría ser mucho más barato y eficiente.

Plantea que los municipios piden requisitos muy elevados en las licitaciones, como el nivel de tecnología de las máquinas, lo que hace que las empresas eleven el costo, “por ejemplo, poniendo más camiones de los que se requieren, pero el costo adicional lo paga la comuna”.

“Prácticamente todas las licitaciones exigen equipos nuevos, pero si un equipo está operativo al 90% perfectamente podría operar uno o dos años más”, añade. Sumado a que las boletas de garantías son altas, el resultado es que pocas empresas pueden postular y el mercado se ha concentrado.

Según datos del Observatorio de Gasto Fiscal, obtenidos a través de Mercado Público, entre 2015 y 2021 las municipalidades pagaron $ 313 mil millones por la recolección y disposición de la basura, pero de las más de 200 empresas que han sido contratadas en este rubro, cuatro concentran un tercio de las ganancias.

Se trata de Starco, Demarco, KDM y la Sociedad de Transportes CTS, todas ligadas al grupo español Urbaser, que en dichos años recibieron $ 89.980 millones de parte de las municipalidades. Otra empresa líder del sector es Dimensión, que ha recibido $ 53.855 millones por prestar estos servicios entre 2015 y 2021 (ver infografía).

Por eso, una recomendación de Rafael del Campo es que el servicio de recolección sea licitado en grupos de comunas, para aplicar economía de escala, pero también aplicando la recolección diferida según tipo de basura, lo que “generaría más competencia y podrían participar empresas más pequeñas”.

También se requiere aplicar más transparencia a las compras municipales, porque numerosos contratos se han realizado con tratos directos, sin licitaciones. Según la información recopilada por el Observatorio de Gasto Fiscal, los municipios gastaron $ 40.078 millones entre 2015 y 2021 mediante este mecanismo.

José Mora, analista del Observatorio, explica que las municipalidades realizan tratos directos argumentando situaciones de emergencia, generalmente porque hubo una licitación que falló y se requiere seguir prestando el servicio básico.

Pero hay otro argumento que podría ser peligroso, que es cuando se contrata a la empresa solo porque se le tiene confianza. “Eso es claramente una subjetividad y da espacio a que haya compras ineficientes, porque no hubo un proceso competitivo para recibir la mejor oferta”, dice.

Eso quiere decir que, en esos casos, sólo queda confiar en el encargado de la adquisición, porque “decidió que tenía confianza en el proveedor, sin ninguna transparencia o documento que respalde dicha afirmación. Ahí hay un espacio que complica”, plantea.

Entre los municipios que más han usado el trato directo en estos años, según los datos del Observatorio, están Lo Prado, Recoleta, Coquimbo, Buin y Quillota. La lista la encabeza Lo Barnechea, aunque en el municipio afirman que habría una confusión, porque no se trata de tratos directos, sino que de continuidad de servicios ya licitados. “No hay una ilegalidad, pero el riesgo está, porque se transgrede el espíritu de transparencia”, agrega Mora.