Essal afina nuevo plan de inversiones en medio de proceso de caducación por crisis de Osorno

Antes de estallar la crisis en Osorno por la interrupción del servicio entre los días 11 y 21 de julio pasado, Aguas Andinas junto a su filial Essal mantenía una activa agenda de reuniones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) por los negativos efectos que le ocasionaba el déficit de inversiones del Estado en obras para la recolección de aguas lluvias, en el sur de Chile. Se trata de uno de los grandes puntos de conflicto entre la autoridad y la compañía, que considera injusto hacerse cargo de un problema que no es de su responsabilidad, según han expuesto sus ejecutivos.

Para la sanitaria controlada por la española Agbar al ingresar las aguas lluvias a su red de alcantarillado, colapsan sus sistemas de tratamiento de aguas servidas, lo cual le ha traído una serie de complicaciones. Al interior de la compañía califican este hecho como el mayor desafío de gestión. Más aún, Essal cuenta con dos ejecutivos formalizados por delitos ambientales por el vertimiento de aguas servidas a cauces naturales y recientemente fue condenada por el Tribunal Ambiental de Valdivia.

Frente a dicho escenario, la autoridad regulatoria confirmó que Essal paralizó las Ampliaciones de Territorio Operacional (ATO) hasta que el Estado no se hiciera cargo de la recolección de las aguas lluvias. Sin embargo, la compañía ha llevado adelante conversaciones constantes con la SISS. De hecho, sólo dos días antes de que ocurriera la emergencia en Osorno, el ex gerente general de Essal, Gustavo Gómez y el Director de Asuntos Jurídicos de Aguas Andinas, Camilo Larraín, se reunió con el superintendente de Servicios Sanitarios (s), Jorge Rivas, para abordar este problema.

No obstante, las crisis de Llanquihue y Osorno han llevado a que Essal active un plan para robustecer su red sanitaria. El nuevo gerente general de Essal, José Sáez, anticipó en un video a los trabajadores de la compañía que actualmente se concentran en "elaborar un plan que nos lleve a fortalecer esta organización".

Conocedores del proceso confirmaron que Essal, en medio de la apertura de caducación de la concesión de agua potable en Osorno, alista un nuevo plan de inversiones, el cual debe ser aprobado próximamente por el directorio de la compañía. Las mismas fuentes explicaron que la crisis de Osorno no tiene relación con el proceso de destrabar los planes de expansión. De hecho reiteran que este tema lo viene conversando hace meses con la autoridad y actualmente está en desarrollo.

Durante 2019, Essal ha ingresado a tramitación 13 consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y cuatro de ellas fueron presentadas posteriormente ocurrida la crisis de Osorno. Entre estas últimas se encuentra el refuerzo del ducto de conducción de aguas servidas entre Puerto Varas y Llanquihue, que considera una inversión de US$560.000. Además de la construcción y operación de nuevas unidades en plantas de tratamiento de Fresia con US$300.000. Ambos proyectos están ubicados en la Región de Los Lagos.

En 2018, la compañía efectuó inversiones por $18.000 millones, siendo el monto más alto de los últimos 10 años. Los recursos apuntaron a la producción de agua potable (10%); distribución de agua potable (38%) y recolección de aguas servidas (25%), entre otros aspectos. Mientras que sus ingresos durante el mismo lapso alcanzaron los $58.269 millones. "Los fondos apuntaron a la construcción de cuatro nuevos estanques de seguridad de agua potable en Castro, Río Bueno y Osorno", acotó la firma en su último reporte anual.

Essal ha destacado que es la compañía con mayor inversión anual por cliente.

En el marco de la tramitación de los nueve recursos de protección de afectados por el corte de agua potable, la Corte de Apelaciones de Valdivia ofició al Servicio de Salud de Osorno a fin de conocer la calidad actual del suministro que provee Essal.

El escrito que cuenta con la firma de las ministras María Soledad Piñeiro y Marcia Undurraga del tribunal de alzada solicita a la autoridad responder en "el más breve plazo posible".

El plazo "no podrá exceder de 5 días, los resultados del análisis correspondiente y, en su caso, si su consumo presenta algún riesgo para la salud, así como todo otro hecho de relevancia que sea constatado en el marco de dicho estudio", consignó el oficio.