Ex Superintendente de Medio Ambiente: "No veo porqué hay que tenerle susto a la tipificación penal de los delitos ambientales graves"

A poco más de seis meses de dejar la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -y cumpliendo el periodo de inhabilidad al que obliga la ley-, Cristián Franz  vuelve a ejercer su profesión en el sector privado. Hace unas semanas se integró a la oficina de abogados penalistas Chaves, Awad y Schurmann.

Entre 2014 y 2018 estuvo al mando del organismo persecutor y uno de los episodios más complejos de su administración fue la crisis ambiental de Quintero, que derivó en la formulación de cargos en contra de Enap y Gasmar. Hoy, como privado, Franz se muestra preocupado por los cambios legislativos en materia ambiental y en particular por la sanción de cárcel a los delitos ambientales graves.

Al concluir su periodo de inhabilidad, el abogado no elude ninguna pregunta, explicando también sus diferencias con la administración central que gatillaron finalmente su salida de la SMA.

¿Cómo evalúa la tramitación del proyecto que busca tipificar los delitos ambientales?

El proyecto de ley es un avance significativo en materia de política ambiental en Chile. El gobierno hizo bien en enviar este proyecto, porque más allá de sus numerosos problemas, lo importante era iniciar la discusión con el impulso del ejecutivo. La herramienta penal, como un mecanismo adicional al control administrativo, me ha  parecido necesaria desde hace mucho tiempo porque en la SMA nos enfrentamos a veces a situaciones en las que el sancionatorio administrativo quedaba corto frente a la gravedad extrema de ciertas conductas. En su momento lo dije y se me acusó de populismo penal. Hoy, parece existir consenso entre los expertos en la necesidad de contar con ella.

¿Coincide con la crítica de algunos gremios que ven este proyecto como una amenaza a la inversión?

Nadie quiere ahuyentar las inversiones en nuestro país. Al revés, lo que se quiere es generar reglas claras del juego. Frente a los que dicen que esto ahuyentará la inversión o que afectará la contratación de ejecutivos, creo que es prematuro aventurar tales juicios. Esto forma parte del tránsito paulatino de las regulaciones y de los países hacia un desarrollo sustentable. Todos estamos trabajando para un desarrollo sustentable. La gran mayoría de las empresas hacen grandes esfuerzos por cumplir, unas con más eficacia que otras, pero todas ellas muestran respeto por la ley y preocupación por cumplir. No veo porqué hay que tenerle susto a la tipificación penal de los delitos ambientales graves. Ninguna empresa incurre hoy de manera deliberada en un incumplimiento ambiental que provoque un daño extremadamente grave. En esta ley veo la oportunidad para levantar una muralla china entre los empresarios responsables ambientalmente hablando, y ese pequeño grupo de delincuentes ambientales que enlodan la imagen de la mayoría y del país en su conjunto.

¿Cómo calificaría las oposición que enfrenta el proyecto?

Nadie en su sano juicio puede pretender que el proyecto vendrá a aplicar cadena perpetua a todo el que se cruce por delante. El temor de los empresarios se justificaría en la medida en que la cadena perpetua fuera la regla y no la excepción. Ese sería un escenario insensato que no se va a dar. La posibilidad de incurrir en un delito ambiental grave que genere daño y la muerte de personas como resultado de un actuar doloso, es prácticamente inexistente, a menos que estemos frente a un acto de terrorismo ambiental. Yo confío que de este proceso resultará una ley razonable que, acorralando a los antisociales ambientales, incentive a los empresarios responsables a seguir trabajando con más fuerza y dedicación y a entender que el cumplimiento ambiental no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es tu carta de presentación en los mercados globales y eso hoy se paga y se paga muy bien.

Pero algunos empresarios dicen que será más difícil encontrar ejecutivos a partir del proyecto.

No lo creo. Hoy los directores y ejecutivos principales de las empresas están sujetos a un régimen de responsabilidad penal en materia de cohecho, soborno, financiamiento del terrorismo, competencia desleal entre otras figuras. Los mecanismos para evitar el riesgo de caer en una figura de delito ambiental existen y deben ser implementados de la misma manera como se hace con los delitos que señalé.

A más de seis meses de dejar el cargo de Superintendente de Medio Ambiente. ¿Qué opinión le merece el trabajo que ha continuado este organismo?

No manejo información que me permita evaluar eso, pero en todo caso, confío que la institución habrá de continuar su proceso de crecimiento y perfeccionamiento, como corresponde.

¿Pero habría continuado en su cargo?

En febrero del año pasado el Presidente Piñera, a través de la ministra Cubillos, me pidieron que continuara en el cargo. Como mi intención -motivada por razones estrictamente personales- era dejar la SMA en marzo, esta petición me obligó a revisar esa decisión y así fue como me comprometí con la ministra Cubillos a permanecer en la SMA como máximo hasta octubre del 2018. Cuando explota el caso de Puchuncaví y Quintero estaba claro para mí que debía quedarme hasta tener el tema bajo control, al menos desde la perspectiva de la SMA, por lo mismo, el hito del 31 de octubre estaba dispuesto a sacrificarlo. Sin embargo, a medida que el conflicto se iba desenvolviendo, me di cuenta que las autoridades llamadas a liderar la respuesta del gobierno frente al problema no conocían bien la institucionalidad ambiental y en particular el rol y las atribuciones de la SMA, lo cual además las hizo incurrir en una serie de errores comunicacionales que, no por mala voluntad obviamente, sino por mero desconocimiento, pusieron a la institución en tela de juicio frente a la ciudadanía de manera completamente injustificada. Eso me llevó a retomar mi compromiso y presentar mi renuncia el 31 de octubre.

¿Pero la renuncia se gatilla a raíz del emplazamiento público de conseguir resultado en 48 horas?

Eso es parte del desconocimiento al que me refería y de los errores comunicacionales que lo dejaron en evidencia.

¿La urgencia por encontrar culpables?

No, la urgencia por resolver la situación. Saber qué estaba pasando para ponerle fin y por cierto definir quién era el responsable. Habían muchas tareas que hacer en un clima de máxima tensión y con muchos actores involucrados y lo que es peor en ausencia total de un plan de respuesta frente a emergencias ambientales que Chile no tiene y requiere con urgencia. Desde la perspectiva de la SMA, cuando tú preguntas quién es el responsable, no puedes definirlo en cosa de horas o de días. Cuando uno quiere hacer una investigación como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlas, pero con la urgencia que existía, la única manera era poner todos tus recursos o buena parte de ellos abocados a una sola tarea, que fue lo que hice. En 3 semanas sacamos la formulación de cargos de ENAP. Eso fue porque tomamos una decisión institucional de poner a trabajar a 15 funcionarios las 24 horas y durante los siete días de la semana.

¿Cómo se entiende que después que cerraran los estanques siguieran los episodios?

A ENAP se le formularon cargos por haber manejado indebidamente la planta de riles, y haber generado así emisiones que contribuyeron a la crisis de calidad del aire de Quintero. Si después se produjeron otros eventos, no significa que la hipótesis sea incorrecta. Hay otros agentes. Todo el mundo sabe que allí hay un parque de 17 fuentes contaminantes pero en ese momento no fue posible relacionar a ninguna otra con la crisis. Quiero insistir que la formulación de cargos a ENAP -como a cualquier otro titular- constituye una hipótesis construida a partir de los elementos disponibles en ese momento. Pero será el proceso sancionatorio que está en curso el que determinará en definitiva si tal hipótesis era correcta o no. Así lo manda la ley.

¿Qué le parece que a la fecha el gobierno aún no nombre a su sucesor?

No es bueno para la Superintendencia de Medio Ambiente, como para ninguna institución en general, que esta esté sin sus máximas autoridades al mando durante tanto tiempo. Prácticamente un año es el tiempo que cumplirá la SMA en esa condición, porque el concurso para la selección del superintendente fue abierto recién hace un par de semanas y ese proceso tomará al menos cuatro meses más. En el mejor de los casos el nombramiento se conocerá en septiembre u octubre. Toda institución necesita un liderazgo, necesita una persona al mando que defina los objetivos y metas, que convoque las voluntades de todos sus funcionarios en pos de un objetivo común. La indefinición en esta materia genera mucha incertidumbre no sólo al interior de la SMA sino también -lo he podido comprobar- fuera de ella, entre los titulares, los denunciantes y usuarios en general del sistema.

¿Cuál cree debiera ser el perfil del nuevo o nueva Superintendente?

Mi recomendación sería escoger una persona con la madurez suficiente como para entender la enorme responsabilidad que significa tomar las decisiones que a la SMA le competen. El poder que la ley le entrega al Superintendente es muy potente y te obliga a navegar a menudo en aguas muy agitadas, si uno no está preparado para manejar esa clase de barco, te vas a marear y te vas a ir a pique con tripulación y todo. Siempre recuerdo una frase que le escuché a alguien por ahí: no uses todo el poder que te dan, sólo el necesario.