Exministro Gómez pide a Abbott investigar a fiscal del caso Sename tras enterarse "´por la prensa" de que sería imputado

El día de hoy, el exministro de Justicia, José Antonio Gómez, ingresó un escrito dirigido al Fiscal Nacional en que acusa faltas gravísimas "al principio de objetividad y de prudencia" y pide que se abra investigación administrativa en contra del fiscal regional de Los Lagos Marcos Emilfork, a cargo de la indagatoria sobre muertes en el Servicio Nacional de Menores, a quien acusa de haber vulnerado los principios y marco normativo de su función "ya repetidas veces de modo hasta ahora impune".

Gómez detalla que el día 5 de agosto, Reportajes de La Tercera publicó una entrevista en que asegura que "puede que en los próximos días la exministra Javiera Blanco y el exministro José Antonio Gómez sean citados en calidad de imputados" por la arista sobre el programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar).

El extitular de Justicia de Michelle Bachelet recalca en su escrito, al que accedió este medio, que estuvo dispuesto a "cooperar y avanzar, voluntariamente me puse a disposición del investigador y le envié un correo electrónico señalándole mi disposición a declarar en la causa señalada, respecto de lo cual no recibí respuesta alguna a esta fecha".

Luego, acusa, se enteró por la prensa de que será imputado. Según Gómez, Emilfork le informó a la "opinión pública nacional la decisión de imputar, es decir, por la prensa, sin antes comunicárselo al afectado, sin ningún control y con total desprecio por el rol de los jueces, a los que impide calibrar el mérito de lo que se me atribuye participación en un hecho punible".

El personero recalca que este proceder implica una de las "actuaciones más irregulares y violentas que me ha tocado conocer de quien tiene obligaciones legales y constitucionales al ostentar el cargo de Fiscal Regional".

Y agrega que Emilfork ha infringido el artículo 23 del Código Procesal Penal y los artículos 3 y 64 de la Ley 19.640. También acusa a la Fiscalía de no detener las filtraciones sobre la investigación.

Lo de Gómez se suma a otras reacciones que generó la determinación de Emilfork de imputar a los dos exministros de Bachelet. En el caso de Javiera Blanco, actual integrante del Consejo de Defensa del Estado, cargo por el que recibe una remuneración promedio de $7,5 millones, su situación generó incomodidad en la instancia. Tal como publicó La Tercera PM, en la entidad esperan que la abogada dé un paso al costado por la serie de inhabilidades que ha tenido y seguirá teniendo por su rol como exministra.

En tanto, la UDI ha solicitado al Presidente Sebastián Piñera que proponga su remoción.

La ley permite esto ya que señala que "el Consejo se compondrá de doce abogados, quienes serán inamovibles en sus cargos y cesarán en sus funciones por las causales establecidas en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de carrera. En caso de remoción, ésta deberá disponerse por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Cesarán en sus cargos al cumplir 75 años de edad".

Esto implica que los consejeros se rigen como funcionarios de planta y que puede salir por un sumario administrativo por razones como faltar por más de tres días seguidos sin dar justificación o recibir una condena por crimen o simple delito.