Fact Checking XXX: El cambio de opinión de Fuenzalida sobre la vacuna y Adriana Muñoz y los presos post estallido

El diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida fue criticado durante la semana luego de que el lunes -en una conversación en la Radio Universo- señaló que “por ningún motivo” se aplicaría la vacuna contra el Covid-19. Ello, justo en la semana en que el gobierno anunció su plan de vacunación y la llegada de 20 mil dosis a Chile. El legislador argumentó que “cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales (...) no soy tan confiado”.

Desde la comunidad científica hasta el propio Gobierno reaccionaron ante la negativa del parlamentario. El ministro de Ciencias, André Couve, mencionó que “afirmaciones como esta no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico”, mientras que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo “aquí no hay espacio para gustitos personales”.

Un día después de levantar la polémica, Fuenzalida salió a defenderse de las críticas pero también planteó que “hay que vacunarse”.

“Más que criticarme a mí, creo que ellos (los ministros (Couve y Paris) deberían hacer una autocrítica y decir ‘algo estamos haciendo mal, no estamos dando certezas, no estamos informando bien’. Ojalá lo hagan mejor, para que nadie tenga dudas”, dijo en CNN. Y agregó que “finalmente la vacuna es una de las soluciones, sin duda alguna, y hay que vacunarse. Pero necesitamos mayor certeza para que no existan estas dudas que yo, como ciudadano, como parlamentario, lo dije al aire, inconscientemente, pero lo dije y levanté algo que parece que muchos pensaban”.

En medio del debate sobre el proyecto de indulto para los imputados por delitos vinculados al 18 de octubre, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), fue entrevistada el jueves por Radio Cooperativa. En esa conversación, la senadora aseguró que “hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”.

Sin embargo la cifra entregada por Muñoz no calza con las estadísticas que han entregado los organismos oficiales encargados del sistema penal. Cuando se cumplió un año del 18-O, el Ministerio Público redactó una nota, a modo de comunicado, con cifras relacionadas a la cantidad de personas imputadas.

En esa nota la fiscalía señaló que “desde el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, la fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos en ese contexto. De ellos, 648 se encuentran en prisión preventiva, mientras que otros 725 ya fueron condenados”. El dato de las 648 prisiones preventivas corresponde a todas las medidas cautelares más gravosas que han sido decretadas a lo largo de un año, ya sea en juzgado de garantía o en corte de apelaciones, y no implica que todas ellas estén vigentes a la fecha. Esa especificación no ha sido entregada, aún, por el Ministerio Público.

La Defensoría Penal Pública (DPP) tampoco tiene cifras oficiales sobre los delitos que podrían estar asociados al estallido social. Esto, explican en la institución, porque no existe un ilícito asociado a las protestas sociales y lo único que hay son delitos comunes. En esa línea lo que relatan es que para saber si un delito tiene vínculo con el 18-O, habría que hacer un análisis caso a caso en el cual se pueda saber cualitativamente cuál fue la motivación del imputado para cometer el ilícito.

Pese a eso, el domingo el defensor nacional, Andrés Mankhe, en una entrevista con El Mercurio entregó algunos datos al respecto. Ahí el defensor aseguró que la DPP, en el periodo del 18 de octubre al 31 de diciembre, registró 72.350 causas penales. De ellas, 16.600 serían vinculables al estallido social. De ese grupo, 1.360 personas quedaron en prisión preventiva de las cuales solo 68 siguen vigentes. De esas cautelares vigentes, 18 quedaron en prisión preventiva por tener causas pendientes. De los 50 casos restantes, dijo Mankhe, solo tres tendrían como motivación la protesta social. ¿El resto? “No tienen nada que ver con una dimensión política”, agregó el defensor.

El Poder Judicial está analizando las cifras para publicar, más adelante, un estudio con las causas vinculadas al 18-O.

La senadora Muñoz fue contactada por La Tercera PM con anticipación, a través de su equipo de comunicaciones, para consultarle respecto de su afirmación. A Muñoz se le hicieron tres preguntas. La primera apuntaba a saber cuál fue su fuente para afirmar que existían “casi 800 personas en prisión preventiva, luego se le consultó por la frase “no tienen proceso alguno” para saber a qué se refería y finalmente se le preguntó por su opinión sobre el proceso para decretar una prisión preventiva.

Esto debido a que la senadora da a entender que una persona en prisión preventiva no fue sometida a proceso, siendo justamente lo contrario. Una medida cautelar se aplica justamente como resultado de un imputado sometido a las reglas del sistema procesal penal vigentes. Dicha medida cautelar es resuelta por un juez de garantía, apelable ante tres ministros en la corte de apelaciones y revisable durante todo el proceso penal a solicitud de la defensa.

Sin embargo, el equipo de comunicaciones de la senadora aseguró que “no hablará del tema”. Ante la insistencia de este medio, solo se agregó que Muñoz “no hablará más por ahora”. Pese a que la senadora no quiso contestar, autores del proyecto de indulto presentado por senadores de oposición sostienen que al no haber cifras oficiales, se basaron en el comunicado de la fiscalía. A su vez han solicitado cifras al Ministerio Público, Poder Judicial y Gendarmería, pero aún no han recibido respuesta a esos oficios.