Director de Cesfam de Putre que recibió a conscripto fallecido contradice versión del Ejército: joven llegó “sin signos vitales”

Nueve días han pasado desde que Franco Vargas (18) falleció en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica. Y desde el primer minuto, su madre, Romy Vargas, ha insistido en que efectivos del Ejército son responsables de su deceso.

Ha sostenido que no es cierto que el joven -que realizaba el servicio militar de manera voluntaria- haya muerto tras presentar problemas respiratorios. Según ella, su hijo fue torturado, por lo que ha recalcado que ahora la institución castrense está realizando una serie de acciones para ocultar lo que realmente ocurrió.

De hecho, durante la mañana de este lunes la versión oficial que habían compartido desde el gobierno y el Ejército respecto del lugar donde murió el joven fue desmentida por el recinto de salud donde inicialmente se le atendió. Hasta ahí, según expuso el director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, no habría llegado con signos vitales, como indicó el general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor del Ejército.

“A las 06:52 horas se recibe a un paciente sin previo aviso, se recibe a un conscripto que venía trasladado en un vehículo militar. Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos”, detalló Aldo Rivera en medio de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Putre.

Y agregó: “Se llama al médico de turno para realizar la reanimación correspondiente. Después de seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto. En esas circunstancias fue la atención del Cesfam”.

La situación obligó al traslado del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, hasta la región de Arica, donde se refirió al caso y a las investigaciones en curso. Allí informó que se resolvió relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel -de los cuales prefirió reservar ambas identidades-, quienes fueron “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

Iturriaga precisó que “en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”.

En este contexto, aclaró que ambos oficiales seguirán en las filas del Ejército y serán destinados a otra unidad militar en la guarnición de Arica. “Con la investigación en curso se asume la presunción de inocencia, mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide”, prosiguió.

Sobre la posibilidad de que sean dados de baja, Iturriaga enfatizó que de momento “no hay bajas porque la investigación no ha finalizado. Las investigaciones, si obtienen en el camino alguna información relevante, los mandos estamos obligados a tomar medidas de manera oportuna”.

Al mismo tiempo, anunció y “concordó” con que el Ministerio Público Militar solicitará este martes a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa. “Esto en el bien entendido de que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”.

En el mismo tenor, el comandante en jefe precisó que hasta el momento son cinco las investigaciones en curso, tanto para determinar lo sucedido como para buscar responsabilidades. La primera tiene que ver con el fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, con el fin de determinar lo que efectivamente concurrió en acto de servicio, la cual “está próxima a concluir”.

En este caso, Iturriaga adelantó que una vez que finalicen las indagaciones se espera que la madre de la víctima “pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día le fue comunicada personalmente a ella”.

Asimismo, hay otras dos investigaciones médicas que apuntan a dar cuenta de la situación de los dos soldados que permanecen en estado grave en el Hospital Militar, especialmente por eventuales secuelas. También, detalló que hay otra indagación para determinar las condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo.

Finalmente, las últimas dos investigaciones tienen que ver con precisar las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, otra que está en curso en la Fiscalía Militar.

Dado dicho antecedente, y otros que han surgido desde el sábado 27 de abril, Romy Vargas desconfía de la investigación que abrió la Fiscalía Militar de Arica y de los sumarios que se ordenaron para esclarecer lo sucedido y eventualmente buscar responsabilidades.

Y no es la única, pues el pasado viernes abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunciaron lo ocurrido en Putre ante el Ministerio Público, pues además del caso de Franco, en medio de la instrucción otros 45 conscriptos se vieron afectados por un cuadro viral.

En base a ello es que, como pudo recabar La Tercera, la Fiscalía encabezada por Mario Carrera está analizando abrir una investigación paralela.

Esto, a pesar de que las primeras interpretaciones indicaban que este tipo de hechos debían recaer en la jurisdicción castrense. Y estaría justificado, como sostiene el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, porque el delito de apremios ilegítimos está tipificado en el Código Penal y corresponde que la justicia civil conozca de aquello.

“El instituto ha levantado información que es bastante consistente, en el sentido de que que aquí se han cometido hechos que son constitutivos de delito, concretamente apremios ilegítimos como primera calificación y, en ese sentido, nosotros no solo estamos motivados sino que obligados a actuar cuando se tiene conocimiento de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el abogado.

Por lo mismo, desde el INDH aseveraron que, además de la denuncia presentada, también ingresarán una querella en representación de algunos conscriptos que se vieron afectados, y no se descarta que sumen todos los casos y el de Franco Vargas.

Ocurridos los hechos, el tema generó revuelo entre las autoridades de gobierno. Por lo mismo, rápidamente se le exigió al Ejército disponer acciones, y el lunes 29 de abril se iniciaron dos sumarios administrativos. Uno para verificar que el soldado murió en el cumplimiento de actos de servicio, lo que permitirá pagarle la pensión a su familia, y el segundo para dilucidar eventuales responsabilidades de mando que pudiesen concurrir. Junto con ello, se dispusieron todos los antecedentes a la Fiscalía Militar para que iniciara una investigación penal.

En medio de ese último proceso, ya habría prestado declaración ante personal de Carabineros el comandante de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”, coronel Sebastián Silva Ramírez.

Pero eso no ha sido todo, ya que además desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se requirió al Ejército informar respecto a las acciones ejecutadas por la institución para enfrentar la situación, generar una comunicación directa con la familia del joven fallecido e informar a la autoridad sobre acciones investigativas y futuras en el caso.

Por su parte, la ministra Maya Fernández tomó contacto directo con las familias de los conscriptos, instruyó acciones a la mencionada subsecretaría, y también ofició a la Corte Suprema a fin de que se disponga un ministro en visita extraordinario que pueda analizar el caso.

Aquello ocurrió el pasado 3 de mayo, mismo día en que la secretaria de Estado también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la investigación iniciada.

De igual forma, luego de que los hechos fueran abordados en el comité político, durante esta jornada Fernández se reunió con la madre de Franco Vargas y con las de otros dos conscriptos a objeto de comunicarles formalmente las acciones que se han tomado desde la cartera.

Consultada al respecto de las disposiciones, la ministra Maya Fernández señaló que “dada la gravedad de los hechos, como ministerio hemos adoptado todas las medidas que están dentro de las facultades que nos otorga la ley. Hay investigaciones sumarias en curso, hay una investigación penal ante la Fiscalía Militar, hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la presentación de acciones penales y, además, hemos solicitado a la Corte Suprema que designe a un ministro en visita de Corte de Apelaciones para conocer de estos hechos”.

Agregó, en la misma línea, que “como gobierno estamos comprometidos con las familias y con el estado de salud de los jóvenes afectados. Ante eventuales responsabilidades debe haber sanciones, no puede haber impunidad. Nos parece fundamental para dar tranquilidad a las familias y al país que todo lo ocurrido en ese ejercicio militar sea aclarado con total transparencia y que se sancione a los presuntos responsables”.

De acuerdo con lo expresado por Romy Vargas, la autopsia que se le desarrolló a Franco fue uno de los elementos en que habría existido manipulación por parte del Ejército. Puntualmente, advirtió que un funcionario militar ingresó al lugar donde el procedimiento se realizaba, contraviniendo protocolos establecidos.

Pese a ello, desde el Servicio Médico Legal (SML) descartaron esa información y al ser consultados por este medio indicaron que “a la autopsia no entró nadie externo, solo personal del SML”.

En todo caso, y a pesar de que la muerte de Franco Vargas se produjo mientras se encontraba bajo “custodia del Estado”, dependiendo del Ejército, en la autopsia no se aplicaron los estándares del Protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad “proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”.

“Se hizo autopsia normal, con todos los protocolos internos de realización. Se aplica Protocolo de Minnesota cuando es solicitado por Fiscalía. En este caso no se solicitó”, manifestaron desde el SML.

La situación, como han abordado diversos abogados expertos en derechos humanos, implicaría una vulneración del citado protocolo y existe jurisprudencia al respecto.

Así lo abordan, por ejemplo, Karinna Fernández y Pietro Sferrazza en la guía “Acceso a la justicia en casos de desapariciones forzadas y muertes ilícitas”, donde exponen: “En cuanto a los casos de muertes de personas acontecidas en lugares bajo la custodia del Estado, en la sentencia Noguera y otra vs. Paraguay, la Corte IDH consideró que respecto de dichas personas el Estado detenta una posición especial de garante, lo que implica el cumplimiento de diversos deberes a su respecto; entre otros, la salvaguarda de los derechos a la vida y a la integridad”.

Y ese caso, justamente, dice relación con la muerte de Vicente Noguera, un recluta que estaba cursando su servicio militar y falleció durante la noche mientras dormía en el dormitorio de un establecimiento militar.

Misma opinión manifiesta el también abogado experto en materia de derechos humanos Francisco Bustos, quien aseguró que “sí debieron aplicar el Protocolo de Minnesota. Constituye un conjunto de buenas prácticas que tienen por finalidad proteger el derecho a la vida y que se emplean para la investigación eficaz de una muerte que es potencialmente ilícita o sospechosa”.

“Se debe aplicar en todas aquellas situaciones en que exista una muerte que pudo haber sido causada por actos o por omisiones del Estado o respecto de una persona que estaba de alguna manera bajo custodia estatal, como es este caso”, complementó el profesional.

A raíz del caso, como informó el subsecretario, 134 conscriptos que realizaban el servicio militar en la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” determinaron dejar la institución.

Aquello, como explicó la autoridad en conversación con Cooperativa, en atención a “distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia”.

En el mismo sentido, hizo presente que se seguirán todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y que las familias involucradas también pueden presentar las medidas que estimen convenientes, dado que los hechos escapan de lo normal.

“El tema de fondo es que lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso, esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo; es muy importante investigar esas causas, no solo para tomar las medidas, para cambiar los protocolos, cambiar los procedimientos, sino que si hay causas, también cuáles son los responsables”, indicó.