Fiscalía va al Tribunal Constitucional por Longueira: Abre debate sobre exclusividad del SII en querellas de delitos tributarios

Un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC interpondrá la fiscal del caso SQM, Paola Castiglione González, ante los casos del exministro Pablo Longueira Montes; el tesorero del PPD, Luis Matte Lira; y Eva Sara Mujica, excontadora de la firma SAC S.A. De hecho, el 30 de enero pasado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago le entregó la certificación que necesitaba para hacerlo. La idea de la Fiscal es cuestionar la interpretación de la norma que sostiene que cuando hay delitos tributarios, solo se puede investigar si el Servicio de Impuestos Internos se querella.

Longueira, Matte y Mujica son parte de la investigación por el financiamiento irregular de la política por parte de la minera no metálica, pero respecto de sus personas no existió querella por delitos tributarios por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), requisito clave para avanzar en una causa en su contra. De hecho, la facultad exclusiva de la entidad estatal de querellarse o denunciar este tipo de ilícitos es base para que el organismo persecutor inicie una investigación. Sin esta acción, la fiscalía puede tomar conocimiento de los hechos, pero no avanzar en las indagatorias.

En el caso SQM, que se inició a fines del año 2014, se admitió por parte de la compañía el pago irregular de cerca de 10 millones de dólares entre 2009 y 2014 a una serie de personeros del mundo político, fondos que, según el exgerente de la empresa, Patricio Contesse González, apuntaron a financiar la actividad política. En el proceso, hay ocho personas condenadas.

En el caso de Longueira, en tanto, en la acusación hecha por la Fiscalía, está imputado por cohecho, en la arista royalty; y como facilitador de boletas ideológicamente falsas en la causa matriz. Sin embargo, no hay acción del SII en su contra, lo que llevó a que en junio de 2016, durante su formalización, los abogados de Impuestos Internos se retiraran de la audiencia cuando se revisaron las medidas cautelares del emblemático dirigente gremialista. En total, entre las dos causas abiertas, se piden para Longueira cuatro años de presidio y una multa que supera los $253 millones, además de una serie de inhabilidades políticas.

Pero hay un punto crucial que debe ser revisado en el juicio y que es parte central de la defensa del exsenador: ¿Cómo se le acusa sin que el SII se haya pronunciado sobre su persona? Este tema es el que se abordaría en el requerimiento que redacta la fiscal Castiglione González. Según fuentes consultadas por La Tercera PM, el escrito busca que el TC "libere" al Ministerio Público de este requisito, específicamente que establezca una interpretación diferente de esta obligación, ya que en el caso de Longueira sí hay acciones del SII en contra de personas de su círculo,  los llamados "boleteros".

En debate, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de que se informara sobre la decisión de archivar una serie de aristas del caso Penta debido a la falta de querellas por parte SII, ya había dado una señal contundente sobre la visión de su entidad: "Nosotros hemos sostenido y hemos planteado la necesidad que el ejercicio de la acción penal en materia de delitos tributarios esté radicada en el Ministerio Público puesto que las decisiones en sedes administrativos respecto a hechos que son constitutivos de delitos nos parece que en definitiva lo que hace es privilegiar a cierta categoría de personas respecto a otras".

Consultada por el tema, la fiscal Castiglione González manifestó que no puede entregar detalles sobre el asunto, toda vez que aún no ingresa el escrito.

En tanto, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, recalcó que "no tiene ninguna viabilidad jurídica y sólo tiene por objeto dilatar la causa. Eso lo sabe cualquier abogado medianamente informado". La visión imperante en la defensa es que la ley entrega la exclusividad en delitos tributarios al SII y que tal norma no puede ser adecuada. Otras fuentes vinculadas al tema, apuntan a que, de tener viabilidad en el TC, se abriría el criterio acerca de otras instituciones, como la potestad de denuncia del Servicio Electoral en delitos de carácter electoral.

Respecto de SQM, Espinoza también fue crítico acerca de cómo se ha manejado la Fiscalía, en particular con la paralización de la causa tras la solicitud de desafuero del senador DC Jorge Pizarro y los meses de espera para ir a juicio oral y concluir con el proceso. "Me parece lamentable, atentatorio contra los derechos de mi representado. A esta altura, la causa ya se ha transformado en maniobras desesperadas, una serie de artilugios y maniobras dilatorias para impedir llevar esta causa a juicio oral. Es un trato completamente arbitrario respecto de mi representado, toda vez que respecto de otros imputados pertenecientes a otros sectores políticos, el Ministerio Público ha tenido una posición completamente diferente", acusó.

En julio de 2018, el entonces fiscal regional, Pablo Gómez, solicitó el desafuero del senador DC, Jorge Pizarro, para llevarlo a juicio por una serie de facturas emitidas por la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, a SQM, por un total de 45 millones de pesos que presuntamente habrían sido para financiar su campaña entre 2010 y 2011.

Por estos hechos se le atribuye participación en los delitos tributarios de declaración maliciosamente incompleta de impuestos a la renta y de facilitación de boletas o facturas falsas y se requiere una pena de 818 días de presidio y una multa de $10 millones más 20 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $11 millones.

En octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del legislador, lo que derivó en dos decisiones: La de Fiscalía de presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema; y la de Pizarro, de acudir al TC para impedir que su caso sea visto en el máximo tribunal y se proceda a su sobreseimiento. Mientras el TC revisa el tema, la Suprema no puede ver la apelación del Ministerio Público.

En tanto, se fijó para el 12 de marzo la audiencia de revisión del sobreseimiento parcial de Contesse por delitos tributarios. Por estos ilícitos, el ente persecutor está pidiendo siete años de pena y otros dos años por soborno.