Franz explica por qué cifras de fiscalización bajan 32% entre 2016 y 2017

Según los números oficiales de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), contenidos en sus cuentas públicas, mientras en el año 2016 hubo 10.484 expedientes de fiscalización, en 2017 sólo se concretaron 7.149. La cifra llama la atención porque a simple vista indica que la entidad bajó su presencia en terreno en 32%, lo que es especialmente complejo dado episodios como los de Quintero y Puchuncaví. Pero, asegura el Superintendente Cristián Franz, en rigor no hay relajo en los controles que realiza la entidad, sino un cambio en los criterios que, hasta ahora, no era conocido: Hasta el año 2016 cuando se iniciaba un proceso de medición de una industria se abría un expediente por cada visita que se hacía a terreno hasta cerrar el trámite. Es decir, podía haber cinco "expedientes" asociados a una misma causa. Ahora se abre la fiscalización y todos los actos posteriores vinculados a estos eventos quedan contenidos en un mismo archivo.

Eso explica, por ejemplo, por qué se cae de 8.169 causas vinculadas a normas de emisión de gases en 2016 a 4.960 el año pasado. "Ocupábamos indistintamente la expresión fiscalización y expediente y no son lo mismo. Se abría un expediente por cada actividad y empezamos desde el año pasado a usar el concepto de 'expedientes' referido a todas las revisiones que se hacen tras una primera intervención. Entonces, deducir que hubo menos visitas a terreno o fiscalizaciones, es un error. Sólo cambió la forma de medir la actividad", recalca Franz.

La autoridad agrega que los números clave a la hora de evaluar corresponden a las Resoluciones de Calificación Ambiental que se han mantenido constantes: 355 en 2016 y 385 en 2017: "La verdad es que la revisión hoy es mucho más intensa", asegura Franz.

Sobre el episodio de contaminación en Puchuncaví y Quintero, que ha estado marcado por un cruce de acusaciones entre las empresas con presencia en la zona acerca de la responsabilidad en lo ocurrido, Franz asegura que, tras las inspecciones en terreno para averiguar qué ocurrió se está "cerrando el círculo sobre las responsabilidades". "Hemos aumentado en 4 o 5 veces la capacidad de fiscalización por la conmoción pública que esto ha generado. Están allá los jefes de la división de fiscalización y sanción, el de región y el fiscal. Se realizan reuniones en la mañana y en la tarde, los jefes me reportan y sobre esos informes se toman decisiones. Dada la intensidad de recursos, los plazos habituales que se toman en otro tipo de fiscalizaciones será mucho menor", asegura.

La autoridad también se refirió a las dos sentencias de la Corte Suprema de enero y mayo de este año, que publicó ayer La Tercera PM y en las que se conmina a la SMA a tener un rol más activo al aludir al vertimiento de salmones muertos al mar en Puerto Monnt el año 2016; y ampliar incluso su radio de acción incluso hasta antes de la reforma ambiental del 2010 frente a una declaración de incompetencia que había alegado al Superintendencia por el derrame de 2014 de hidrocarburos en el terminal marítimo de Enap Refinería Aconcagua S.A., ubicado en la bahía de Quintero.

"Cumplimos la sentencia y fuimos a fiscalizar tres años después", detalla Franz y sostiene que, finalmente, el caso se cerró sin hallazgos. No obstante, destaca, sí se están tomando medidas más profundas a raíz de las sentencias:

"Como pareciera ser que se está asentando una cierta jurisprudencia, estamos actuando con criterio extensivo para hacer las revisiones. El problema es que hasta a la fecha, el poder legislativo estableció un campo expreso de acción, y el poder judicial, por otro lado, llama a ir más allá".