Las presuntas irregularidades y eventuales faltas a la probidad que se indagan en los municipios de Vitacura y Lo Barnechea, han puesto sobre la mesa la necesidad de fiscalización a los entes públicos. En ese contexto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, sostiene que se deben dar pasos claros en estas materias y que se requiere un “compromiso de las autoridades respecto a combatir aquellos mantos de opacidad que permiten la existencia de actos de corrupción”.

De la Fuente, quien cumplirá un año liderando la institución, se refirió además al revuelo que han causado los últimos antecedentes conocidos sobre la compraventa de la Minera Dominga y que han abierto el debate sobre la pertinencia de una Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. “El uso de los instrumentos de la institucionalidad está ahí para que quiénes son los actores políticos puedan tomar decisiones y hagan lo crean es correcto hacer”, sostuvo la cientista política.

¿Qué le parece el efecto que han causado los últimos detalles conocidos sobre la venta de Minera Dominga?

Tenemos normas que hemos ido legislando sobre materias de probidad y transparencia de las autoridades, pero nada se compara con el actuar íntegro en lo público. Vamos a ver cómo se resuelve este caso. No nos corresponde como consejo pronunciarnos respecto a materias legales, eso lo hará el Ministerio Público; sin embargo, situaciones como esta son malas noticias para el país, porque nos retrotraen como un escenario pre estallido. La discusión principal está en la integridad en lo público, pero sobre todo sobre el abuso de poder. Yo creo que es importante que las autoridades den señales muy concretas de su compromiso con la integridad pública, con la probidad y la transparencia, incluso, más allá de la norma.

¿Cree que corresponde una Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera?

No me compete decir si está bien o mal la iniciativa. Lo que sí me parece es que el uso de los instrumentos de la institucionalidad están ahí para que los actores políticos puedan tomar decisiones y hagan lo crean correcto. Lo más importante es el compromiso. Toda iniciativa que exista para hacer que los intereses particulares no se sobrepongan al interés colectivo, es buena cosa. En Chile debemos seguir avanzando en esta materia, para que cosas de esas características no ocurran.

¿Se está al debe en la legislación de estas materias?

Tenemos instrumentos cada vez más sofisticados, pero eso no basta si no tenemos en la práctica la posibilidad en poner luz cuando descubrimos que hay algún tipo de irregularidad o algún acto que riñe con las formas establecidas, y no se investiga o no se sanciona; creo que se genera la sensación de descrédito respecto de las instituciones o la capacidad que tienen éstas para funcionar. Es ahí donde creo que tenemos todavía un desafío como país. No sacamos mucho con seguir legislando, de manera adecuada, si en el fondo el comportamiento de los actores no está en consecuencia con eso.

Considerando las eventuales irregularidades que se indagan en municipios de la Región Metropolitana y que involucrarían a sus corporaciones, ¿de qué forma se puede resguardar la probidad en estos organismos?

Lo primero es el compromiso de las autoridades respecto a combatir aquellos mantos de opacidad que permiten la existencia de actos de corrupción. Aquí se requiere un compromiso particularmente de las autoridades locales, que son la cara visible que tienen los ciudadanos frente al Estado. Hay un compromiso de avanzar en materia de transparencia, más allá de lo que establece la ley, por principio, por código. Por la construcción de una democracia más sólida.

La norma que se está discutiendo hoy en el Congreso indica que toda institución, fundación o corporación que reciba recursos públicos son sujetos en materia de transparencia. Eso puede ser un cambio bien relevante a la hora de lo que hemos visto en este tiempo. Finalmente, las corporaciones de derecho privado, que permite la ley que se creen, terminan siendo una especie de caja negra respecto de lo que ahí ocurre con recursos de todos los chilenos.

¿Cómo se avanza en abordar esta materia?

Se debe ir de lo macro a lo micro. Lo macro tiene que ver con esta idea inicial sobre la integridad en lo público y que supone, entre otras cosas, generar coherencia y un ecosistema en materia de transparencia. No basta solo con la ley de transparencia, se debe tener un conjunto de normas e instituciones haciendo el trabajo para asegurar que los estándares de probidad, la integridad en lo público, se cumpla.

Además, debe existir una modificación más sustantiva a la Ley de Lobby, de todo lo que tenga que ver con las normas de probidad en general: declaración de empresa y patrimonio, enajenación de activos y compras públicas (…) hay que pensar esto como un ecosistema. Luego, si se descubren delitos o hay presunción de la comisión de algún delito, evidentemente el Ministerio Público, el poder judicial, deben hacer su trabajo y sancionar de manera adecuada.

Avanzar más allá es voluntad política. Internacionalmente reconocen que tenemos buenas leyes en relación al lobby, transparencia y probidad. Pero no es suficiente, porque como las leyes se sofistican, la corrupción también.

¿Qué visión cree que tiene la ciudadanía sobre las instituciones?

Es innegable que hoy Chile tiene una crisis de confianza en las instituciones y que eso nos trajo al estallido social. Es una crisis de confianza que tiene que ver con varias cosas, como desigualdad, abuso de poder, temas de corrupción, y todo eso generó un caldo de cultivo que nos trajo el estallido social.

Y en términos de esa confianza, ¿qué efecto cree que tuvo lo ocurrido con el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade?

Lo que pasó con Rodrigo no es solo un atentado contra la fe pública, sino que pone muy en riesgo aquello que va pasando en la Convención Constitucional, a la confianza de las personas en la Convención. Como chilenas y chilenos necesitamos creer en lo que va a pasar ahí, en el resultado que va a emanar de este proceso, porque es el mecanismo que todos decidimos para que se encaucen los conflictos de nuestra sociedad.

Frente a cualquier atentado a la fe pública, frente a cualquier atentado a la confianza en las instituciones, yo creo que hay que ser drástico y taxativo. Porque en eso se juega la confianza y la densidad de nuestra democracia.

¿Cuál es el desafío para el próximo gobierno sobre estas materias?

Poner un conjunto de normas e instituciones al servicio de monitorear de mejor manera lo que está ocurriendo en los municipios (...) Hay que pensar en un foco de transparencia y acceso a la transparencia de los municipios. Incluso algo más allá: la necesidad de modernización del Estado en ese espacio.

¿Tendrá algún rol el Consejo de Transparencia frente al proceso?

Estamos realizando un seguimiento a las propuestas que tienen los candidatos presidenciales en materia de transparencia. Ante esto, se está trabajando para reunirse prontamente con cada uno de ellos y entregarles un documento donde se plasmen algunos estándares. En los próximos días realizaremos la invitación formal.