Gobierno crea Consejo Interministerial para potenciar Plan Buen Vivir, la apuesta personal del Presidente Boric para el conflicto en La Araucanía

Un año y medio ha pasado desde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció el denominado Plan Buen Vivir para la Macrozona Sur, con el objetivo de responder al conflicto que se vive en la zona y a la demanda histórica del pueblo mapuche. Y pese a que el proyecto ha tenido distintas dificultades en el camino, en principio por su lento avance y visibilidad esperada por algunos sectores de partidos del oficialismo, este viernes el gobierno dio un paso más y anunció la conformación de un Consejo Interministerial para la Coordinación del Plan Buen Vivir.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial este viernes, el Consejo tendrá por objetivo colaborar y asesorar al Presidente de la República, a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en el diseño, implementación y evaluación del plan señalado. Este será conformado permanentemente por siete secretarías de Estado: Interior y Seguridad Pública, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Desarrollo Social y Familia, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Mujer y la Equidad de Género.

Consultados por La Tercera, desde Segpres detallaron que la conformación del Consejo trata principalmente de una “señal de fortalecimiento del Plan Buen Vivir, como una estrategia de gobierno para la situación que se vive en la zona mapuche”, compuesta por tres ejes: seguridad, diálogo e inversión con enfoque en prevención que ya estaba operativa en el marco del plan anunciado en mayo de 2022.

El Plan Buen Vivir es una apuesta personal del Presidente Gabriel Boric para contribuir a abordar los conflictos en La Araucanía. Partió alojado en el Ministerio del Interior, con Víctor Ramos a la cabeza, y hoy está al alero de la Secretaría General de la Presidencia, que dirige Álvaro Elizalde, quien pasará a encabezar el nuevo consejo interministerial. La secretaría ejecutiva del Plan Buen Vivir, en tanto, hoy está a cargo de Francisco Arellano.

El decreto que crea el Consejo Interministerial del Plan Buen Vivir señala que la nueva entidad deberá asesorar al Presidente en el diagnóstico y “proponer fórmulas para abordar las brechas culturales, sociales y económicas que históricamente han existido en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

Asimismo, deberán proponer medidas vinculadas a permitir el adecuado diseño, implementación y evaluación del Plan, sin perjuicio que tengan otros órganos sobre la materia; recomendar protocolos de actuación, con enfoque de derechos para el adecuado desarrollo de las actividades del Plan; sugerir eventuales modificaciones normativas “orientadas a que el Estado progresivamente dé cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de pueblos indígenas, en relación con el pueblo mapuche”; colaborar con el Presidente en acciones de coordinación entre los distintos organismos del Estado relacionados con la materia y desarrollar actividades de asesoría relacionadas con el objeto específico del consejo.

El Consejo contará, además, con una secretaría ejecutiva, que estará radicada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la que le brindará el apoyo técnico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. Y al secretario ejecutivo le corresponderá, entre otras tareas, impulsar las actividades necesarias para el cumplimiento de las tareas del Consejo y cumplir con las demás funciones que éste le encomiende.

La instancia deberá sesionar trimestralmente bajo instancias presenciales o virtuales, aunque la fecha de la primera sesión aún no está definida.

El Plan Buen Vivir enfrentó reproches en el pasado. En octubre de 2022, la entonces ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, defendió los más de $ 1.226 millones asignados para el plan en el Presupuesto 2023 que irían destinados a mejorar las condiciones de vida en territorios de alta población indígena en la Región de La Araucanía, de los cuales, $ 915 millones estarían focalizados para la contratación de 17 personas, representando el 74% del total del presupuesto del programa.

Esta última designación fue la que despertó molestia y dudas por parte de parlamentarios de oposición, quienes catalogaron el presupuesto como “excesivo” y “poco transparente”, debido a que en su momento no se había entregado un desglose de los programas a desarrollar.

En respuesta, la exministra Uriarte ahondó en que se trataba de cuatro regiones que serán abarcadas dentro del Plan Buen Vivir, lo que explicaba que se contara con un jefe y una persona por región para hacer la rendición regional. “Cada uno de los diálogos, significa tabular la información y hacer el registro del plan. Tendremos una persona. Técnicamente, en mi opinión, habrían sido dos personas en el nivel central; sin embargo, no disponemos de más cupos”, comentó en su momento.

Como sea, en agosto de este año el diputado Henry Leal (UDI) denunció que hasta mayo de 2023 el Plan solo presentaba un 21% de avance en ejecución presupuestaria. Según indicó el diputado al diario El Austral, hasta el cierre de mayo, el programa contaba con un presupuesto de $ 227.660.600, alcanzándose una ejecución presupuestaria de $ 63.150.628, lo que corresponde al 21% del presupuesto de la ley con ajustes. El informe enviado al diputado Leal planteaba que el monto programado para invertir este año corresponde a la ejecución de un total de 162 proyectos, siendo la mayoría, a juicio del parlamentario, iniciativas “de arrastre” de la administración anterior, cuestión que cuestionó indicando que “prácticamente el 90% no son proyectos nuevos”.

”Me mandaron un listado de proyectos que vienen ejecutándose desde hace dos años. Y como son de arrastre ya tienen su presupuesto aprobado. Lo digo con conocimiento de causa porque algunos proyectos vienen de cuando yo era seremi. Y por si eso no fuera poco, también meten proyectos que son del Gobierno Regional”, criticó el parlamentario.

La definición de los ministerios que integran el nuevo consejo interministerial se tomó en base a las reparticiones que actualmente tienen programas relacionados con el Plan Buen Vivir, como es el caso de MOP que tiene un ítem especial de presupuesto que asciende a más de 400 millones de pesos para ejecución de proyectos orientados al tema.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia aloja la principal institucionalidad pública en materia indígena, a través de Conadi como Servicio relacionado, y la UCAI como órgano ministerial donde recae el principal mandato de política orientada a los pueblos indígenas. Es así como en este espacio interministerial, Mideso aportará con la transversalización del enfoque de derechos de pueblos indígenas e intercultural en la gestión de políticas públicas, con énfasis en la participación intercultural. Asimismo, el ministerio tiene un mandato en la evaluación social y sistema nacional de inversiones, que contribuye directamente con los objetivos del Plan Buen Vivir.

Bienes Nacionales, por su parte, participó en comisión de inversiones del Plan Buen Vivir proporcionando información geoespacial y con una revisión. Esta cartera gestionará casos específicos como la gobernanza de áreas protegidas y algunos casos controvertidos con comunidades indígenas en regiones.

El Ministerio de Mujer y Equidad de Género, por su lado, levantará un diagnóstico sobre la realidad y necesidades de las mujeres mapuche en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Además velará por el enfoque de género en las medidas adoptadas y futuras políticas públicas que se impulsen en el marco de este plan.