Grandes pesqueras piden que no se le pase la cuenta por "financiamiento irregular a la política" en reforma al sector

En estado de alerta se encuentran las grandes pesqueras del país. La luz verde a la moción parlamentaria del Partido Comunista que prácticamente les cierra las puertas a la extracción de la jibia puede resultar la antesala a cómo vendría la mano en la próxima reforma al sector.

Es que si bien el gobierno manifestó que no modificará los derechos entregados de 20 años a la pesca industrial para evitar caer en un acto expropiatorio, la señal entregada por el Parlamento causó escalofríos entre las compañías. Más aún porque La Moneda no cuenta con el control de la comisión de pesca de la Cámara de Diputados.

Por lo mismo, el temor para la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) es que exista recelo de parte de parlamentarios y se imponga una ley al sector que termine perjudicando al sector. Hoy el gremio industrial es presidida por Macarena Cepeda, tras la salida de Luis Felipe Moncada, investigado por el Ministerio Público y cuestionado por sus relaciones políticas, que se conoció como una arista del denominado caso Corpesca.

"Lo que no queremos que ocurra es que los parlamentarios utilicen esta discusión legislativa como plataforma de posicionamiento público o para castigar mediáticamente al sector empresarial debido a las investigaciones por financiamiento irregular a la política", respondió por escrito Cepeda a La Tercera PM.

Y agregó: "Lo que hemos percibido de parte de los parlamentarios es rechazo a escuchar nuestros planteamientos para aparecer ellos lejanos u opositores a la Pesca Industrial y cercanos a la pesca artesanal, sin entender que son realidades distintas y con problemas diferentes".

La arremetida de la nueva timonel de Asipes, no quedó allí e incluso instó al gobierno a tomar cartas sobre el asunto. "Esperamos que prime la cordura legislativa, que el Gobierno asuma su rol y retome sus potestades en materia legislativa y administrativa pesquera. Estamos convencidos del valor de la discusión democrática en el Parlamento, pero basada, en el caso de la pesca, en argumentos técnicos y científicos", sostuvo la dirigente.

"No por favorecer a la pesca artesanal se mejora la sustentabilidad de los recursos pesqueros chilenos, que es lo que realmente importa", sostuvo Cepeda en relación a las complicaciones que acarreará la resolución parlamentaria en la extracción de la jibia.

Según Asipes actualmente en la Región del Biobío dependen de este recurso 2.500 trabajadores que se desempeñan en plantas y flota, de los cuales el 50% son mujeres jefas de hogar y mil personas que laboran en pequeñas y medianas empresas de servicios exclusivos de la actividad jibiera. Sin embargo, este escenario podría ser aún más complejo, pues la industria mantiene sus plantas en funcionamiento coordinando el abastecimiento de diversos recursos que recibe de su flota y de proveedores artesanales. Ese escenario podría alterarse gravemente de perder los contratos internacionales de venta debido a los problemas de abastecimiento antes expuestos.

"En este sentido, como Asipes hemos dicho que los precios internacionales de la jibia –que es capturada por otros 10 países más en el Pacífico- depende de esas capturas, donde sólo China captura más de 1 millón de toneladas y Perú otras 500 mil. Por ello no es acertado afirmar que una menor disponibilidad de jibia en el mercado local permitirá un aumento del valor del recurso, pues no se ajusta a la dinámica de los mercados internacionales", concluyó el gremio.