Historiadora Ana María Stuven y los pendientes de la ley de Indulto: “Es comprensible el miedo a la libertad si sales y no tienes qué comer"

Durante la última década, la historiadora Ana María Stuven (69) se ha dedicado a apoyar la reinserción de mujeres privadas de libertad a través de la Corporación Abriendo Puertas.

Desde esa institución fue una de las primeras en abogar públicamente por avanzar en una ley de indulto conmutativo que descongestionaría las cárceles a fin de evitar brotes de coronavirus. La ley se aprobó, pero tras su entrada en vigencia quedó al descubierto la realidad de quienes no tienen a dónde ir tras salir de la cárcel o no tienen cómo sustentarse estando privados en libertad en sus domicilios. Prueba de eso es que un centenar de beneficiarios de la ley optó por seguir en las cárceles donde tienen techo y comida segura.

Stuven apunta a los vacíos que dejó el cuerpo legal que valora como un importante gesto humanitario y se refiere también a su reciente nominación en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para echar a andar el Mecanismo de Prevención de la Tortura, institucionalidad exigida por Naciones Unidas.

El 16 de abril entró el vigencia la ley que beneficiaría a 1800 reclusos. ¿Qué factores cree que han incidido mayoritariamente para que la gente no quiera salir de la cárcel?

Uno habla mucho de reinserción. Pero llegado el momento en que las personas efectivamente salen, necesitan del apoyo del Estado, como pasa en otros países.

¿Qué pasan cuando salen?

Cuando recién recuperan la libertad, sobre todo los que han estado presos por microtráfico o un delito parecido a ese, el primero que los espera a la salida es el mismo traficante de drogas que ofrece otro poco para que empiecen de nuevo. Si como país queremos evitar que este flagelo siga causando daño, tenemos que ayudarlas para que lo hagan en buenas condiciones. Hay personas que han cometido delitos por pobreza, no por maldad. Muchas de estas mujeres, por ejemplo, han sido abusadas y han tenido una vida terrible. Si queremos que se reinserten, hay que ayudarlas. Este indulto es una excelente idea para quitar el hacinamiento en las cárceles, pero una cosa es quitar el hacinamiento y otra cosa es dejar a los que salen botados a su suerte. Es una situación bien dramática.

¿La falta de redes es el principal factor que hoy hace que la gente prefiera seguir en recintos penitenciarios?

Toda persona que está privada de libertad pierde sus redes. Las mujeres pierden a sus hijos, a las parejas... El tema es que muchas de estas personas privadas de libertad dentro de las cárceles, logran acceder a los programas de trabajo que les permiten un sustento. Entonces es comprensible el miedo a la libertad, porque si sales y no tienes con qué comer, ¿de qué te sirve estar libre? Es mejor estar en la cárcel donde, por lo menos, te dan de comer. Lo que me parece muy contradictorio es indultar a unas personas, dejar que estén presas en sus casas (porque no es que estén libres), pero que no tengan cómo sustentarse ahí.

¿Cómo se resuelve la responsabilidad del Estado con las personas que siguen bajo su custodia, pero están privadas de libertad en sus domicilios?

Hay dos modalidades. Una es para las personas que, efectivamente, salen en libertad, es decir con beneficios de salida diaria y sí pueden trabajar. En muchos otros países a esas personas se les da un pequeño bono de manera de que puedan enfrentar los primeros días en libertad, mientras encuentran trabajo y acceden a las redes. Piensa que muchas veces la gente que ha estado en la cárcel sale y no sabe ni siquiera cómo tomar el Metro. En el caso del indulto conmutativo significa que la persona recupera la libertad, pero sigue con arresto domiciliario y no puede salir. Dime tu, ¡¿ cómo sobrevive esa persona si no tiene a alguien que la mantenga!? Esa persona sigue presa, entonces a mí me parece que le corresponde al Estado hacerse cargo.

¿En otros países el Estado asume ese rol?

En el caso de Uruguay se aplica un bono de reinserción que en Chile no existe.

¿Qué apertura tiene el Ejecutivo para avanzar en una solución para estos casos?

El Ejecutivo diseñó un programa en el cual he participado activamente que se llama “+R”, que establece programas de reiserción no necesariamente con apoyo económico, pero por lo menos entrega capacitaciones para que se les permita a las personas acceder a un trabajo. Pero el +R todavía no ha rendido frutos, entonces en este momento no existen programas de reinserción exitosos.

¿Y qué opción ofrece hoy el Estado para las personas que no pueden trabajar ni sustentarse estando presas en sus casas sin el sustento que reciben cuando están privadas de libertad?

Nada. No hay ninguna opción.

Por eso un centenar de beneficiarios de la ley de Indulto Conmutativo prefirió seguir en la cárcel...

Ese es uno de los factores. Me temo -ojalá no suceda- que las personas reincidan en el delito por pobreza. Si eso pasa, todas las políticas eficientes que el Estado ha tratado de diseñar para disminuir la población carcelaria quedarán desvirtuadas. El hambre siempre es mal consejero.

Si no se consideró cómo sobrevivirán fuera de las cárceles las personas que siguen presas en sus domicilios, ¿cree que quedó coja la ley enviada por el gobierno?

No. La ley tiene un sentido humanitario claro. Fue importante, yo misma participé en una sesión del Senado defendiéndola porque, evidentemente, no puedes tener a personas encerradas con riesgo de contraer coronavirus y morir. En la Cárcel de Mujeres duermen alrededor de 50 mujeres en una pieza, comprenderás que es un atropello a los derechos humanos tener a una persona en esa situación con riesgo de enfermedad como ésta. Entonces, la ley era un gesto humanitario importante. El problema, desgraciadamente, es que una cosa es hacer la ley con un contenido humanitario importante y otra cosa es que luego esta ley pueda realmente producir el bien que persigue: que las personas estén mejor en sus casas que en la cárcel. En la Corporación Abriendo Puertas tenemos mujeres que llegan a casas donde no tienen techo y estamos consiguiendo planchas de zinc para que las puedan poner. Es gente que recibió el beneficio. La ley es buena, tiene un contenido humanitario bueno, lo que pasa es que no puedes dejar a la gente abandonada a su suerte una vez que la sueltas.

¿Qué le ha dicho el gobierno al respecto? ¿No se puede hacer nada con estos casos por falta de recursos?

No sé. A mí las razones que me han dado es que, efectivamente, no hay fondos para eso.

Esta semana fue electa por el INDH como una de las primeras cuatro expertas que pondrán en marcha el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ¿Qué expectativas tiene de este nuevo organismo autónomo del INDH?

Esta es una entidad que hay que crearla, porque no existe y que es un compromiso que adquirió el Estado como parte de los protocolos de Naciones Unidas de prevención de la tortura. Está alojado en el INDH, pero tiene una función distinta que es prevenir. Es una entidad nueva que hay que diseñar. Las personas que fuimos elegidas para esto tenemos que ponernos de acuerdo. La ley establece algunas de las actividades de este comité que es visitar lugares donde las personas, eventualmente, pudieran ser víctima de tortura, pero la ley es muy general y ahora es el momento de diseñar para que esta nueva institucionalidad sirva al Estado y a los propósitos de evitar cualquier forma de tortura.

El INDH ha tenido un rol importante tras el estallido social y ha actuado como garante del respeto a los derechos humanos, ¿Cree que el contexto del estallido hace más urgente la entrada en funcionamiento de este nuevo órgano?

Este comité no tiene como misión denunciar atropellos a los derechos humanos. Tiene como misión tomar conciencia de la situación de personas que son vulnerables y elaborar propuestas de políticas públicas.

Entendiendo que este mecanismo no es el llamado a la presentación de querellas, ¿Intervendrá como mediador en casos de detenciones donde haya denuncia de tortura?

No hay ninguna institución que podría impedirnos ingresar, ni Carabineros ni nadie. Pero no está estipulado en la ley que hagamos denuncias ni que hagamos intermediaciones. Como te digo: es una entidad que tenemos que formar. Yo entro como un académico y, como tal, lo que me interesa es elaborar informes, estudios y hacer propuestas. Yo no entro como activista de derechos humanos, entro como intelectual que he dedicado parte de mi vida al estudio de la historia y, por lo tanto, por esa vinculación tengo un compromiso social que me habilita para poder hacer propuestas. De ninguna manera concibo este cargo como activismo.