Ideología de la Impunidad

El rechazo del proyecto Aula Segura para convertirlo en lo que ahora la oposición llama Aula Democrática, es un episodio más de la ideología de la impunidad que ha venido imponiéndose en nuestra sociedad. Se concreta, el mismo día, en que se confirma que los condenados por el crimen de los Luchsinger – Mackay están prófugos hace semanas y que respecto de ellos, no va a hacer posible por ahora hacerlos cumplir la pena por este horrible crimen.

¿Qué es la ideología de la impunidad en este caso? No es otra que la sensación que legítimamente puede percibir la ciudadanía de que, a pesar de los horribles crímenes cometidos o de la violencia brutal que se expresa en las escuelas o en las calles, nadie se hace responsable ni paga por sus crímenes.

Frente a esto, el Gobierno ha reaccionado y ha trazado una línea clara: quienes lanzan molotovs y quienes agreden de manera tan violenta a miembros de la comunidad escolar son delincuentes y lo que este proyecto busca, más allá de los detalles jurídicos, es dar una señal clara de rechazo a la violencia y de centrar la discusión en los derechos de los estudiantes, no las garantías de los delincuentes.

La izquierda, al contrario, ha buscado perpetuar esta idea de que los delincuentes merecen garantías cada vez más extensas y que, más allá de las acciones, hay un contexto que justifica y una historia de vida que ha marcado la formación (o deformación) de estos individuos.

Sin perjuicio de que ambas posiciones pueden ser verdaderas (y complementarias), lo cierto es que la segunda se ha ido imponiendo en el debate público en desmedro de la primera y ha llegado a hastiar a la ciudadanía. La izquierda, mediante la imposición de la ideología de la impunidad, ha buscado justificar acciones violentas y ha permitido, indirectamente, la consagración del derecho de rebeldía por sobre deberes como el respeto y el comportamiento razonable en sociedad.

No hay contexto ni justificación que permita explicar o mitigar el violento acto que realiza una persona que busca quemar a otro o que agrede a un sujeto en el suelo sin contemplación. Aunque ocurra en pocas escuelas o se trate de hechos aislados en el contexto de un problema de violencia escolar generalizado, es una acción que en sí misma requiere de la sanción más absoluta y de la búsqueda de herramientas de condena más efectiva que la insuficiencia de las actualmente existentes.

De la misma forma, ampararse en el derecho de un pueblo a autodeterminarse o de las deudas históricas de Chile con el pueblo mapuche, no tiene nada que ver con el acto cruel de quemar vivos a una pareja de ancianos, a partir de una agresión que buscaba infundir terror y miedo a las comunidades de la región de la Araucanía.

En uno y otro caso, no son ni estudiantes ni mapuches, sino delincuentes y criminales que merecen nuestra condena más absoluta y la negación de cualquier intento de justificar las agresiones o de contextualizar su ocurrencia. Como correctamente lo definió el Presidente, los parlamentarios, y en particular la izquierda, tienen que elegir: o están del lado de los delincuentes que buscan destruir, o de los estudiantes, que quieren aprender en paz.

La audaz apuesta del Gobierno por el proyecto Aula Segura ha tenido un efecto comunicacional importante, al trasladar el problema de la educación desde las calles hacia el aula, volviendo a poner al estudiante en el centro de las preocupaciones de las políticas públicas.  Si el Gobierno persiste en la defensa de su proyecto original y confía en que la opinión pública también está cansada de la impunidad, podría convertir un proyecto que en principio era bastante menor, en una plataforma esencial para concretar convicciones y alineamientos ideológicos, que tanto escasean en la derecha. De la misma forma, la izquierda, si persiste en elegir el lado equivocado, podría estar profundizando su distanciamiento con las personas comunes y corrientes que en esta materia no se pierden ni se confunden.