Fundación para la Confianza se querella por abuso sexual contra sacerdote y por encubrimiento contra los cardenales Errázuriz y Ezzati, y el cura Hasbún

En julio de este año, el Arzobispado de Santiago informó que había instruido una investigación por abuso sexual contra el presbítero Jorge Laplagne Aguirre tras una denuncia presentada el 27 de junio. Por este hecho, el sacerdote fue apartado de sus funciones en San Crescente, Providencia, y en Nuestra Señora de Luján, Ñuñoa, por el periodo en que se desarrolle la indagatoria, que tiene un plazo máximo de investigación de 60 días.

El hecho que se imputa, que habría sido de carácter reiterado, responde a abusos de índole sexual ocurridos hace trece años, cuando la presunta víctima era menor de edad. El detalle es que la situación ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades eclesiásticas del Arzobispado en el año 2010, cuando se instruyó acreditar la verosimilitud de la acusación, la que fue desechada.

En aquella oportunidad, la investigación previa al interior de la Iglesia estuvo a cargo de dos personas conocidas: Raúl Hasbún Zaror, que actuó como promotor de justicia; y Óscar Muñoz Toledo, quien en la época era vicecanciller y quien está detenido mientras se realiza la indagatoria por parte del Ministerio Público de cuatro acusaciones de abuso sexual y un estupro, y otras dos imputaciones que corresponden al sistema antiguo de justicia.

Hasbún tiene experiencia en estas causas: en el pasado asumió la defensa de Cristián Precht en el juicio canónico que lo condenó a pasar cinco años alejado del ejercicio sacerdotal por "conductas abusivas con menores y mayores de edad". La sentencia se cumplió en diciembre de 2017. Actualmente representa al sacerdote John O'Reilly en el proceso eclesiástico. Muñoz Toledo, en tanto, participó como canciller en el proceso contra Fernando Karadima.

El caso de Laplagne Aguirre llegó también al fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias, mediante la incautación del archivo eclesiástico. La víctima ya habría prestado testimonio ante el personero, dando cuenta de que en su momento no se le entregó la debida atención ni hubo interés en ratificar si efectivamente Laplagne Aguirre era un abusador sexual. Como en otros casos, tampoco hubo contención y los antecedentes, pese a que se trataba de un adolescente, no fueron entregados a la justicia. En la época, el arzobispo de Santiago era Francisco Javier Errázuriz y le correspondía, por ende, firmar si la causa pasaba a la Congregación para la Doctrina para la Fe o quedaba archivado, esta última fue su decisión. Cuando se reabrió el tema este año, el cardenal Ricardo Ezzati tampoco derivó la causa a Fiscalía. También habría tenido conocimiento del proceso el auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Cristián Roncagliolo Pacheco.

Contra todos ellos, la Fundación para la Confianza interpuso esta jornada en Rancagua una querella por la figura de encubrimiento contra los involucrados. Hoy la víctima cuenta además con la asesoría judicial de la entidad.

"Hoy se presentó la querella contra el sacerdote Laplagne por abuso sexual y violación contra menor, donde todos los mencionados, Errázuriz y Ezzati, entre otros, aparecerían como encubridores. Es fundamental porque el patrón de encubrimiento se repite desde hace mucho tiempo y demuestra cómo el arzobispado recibía estas denuncias y no procedía a investigar", aseveró a La Tercera PM, José Andrés Murillo de la Fundación.

El texto legal se dirige específicamente a Laplagne y a quienes resultes cómplices y encubridores. Menciona, entre quienes están en esta categoría, a Hasbún, Muñoz, Errázuriz, Ezzati y las otras figuras del arzobispado que pudieron tener conocimiento de estos hechos.

Desde comunicaciones del arzobispado se limitaron a señalar que si bien es efectivo que existían antecedentes desde el año 2010 contra Laplagne Aguirre,en aquella ocasión no se pudo confirmar la verosimilitud de los hechos y que esta vez se está avanzando en la investigación previa la que debe concluir a fines de este mes.

En la investigación ampliada de Arias, corresponde que declare como imputado el cardenal Ezzati  -el 21 de agosto- mientras que en paralelo se ha continuado con otras diligencias, entre ellas la incautación de archivos en el obispado castrense.

Otros persecutores también han procedido en esta línea. El fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, quien está a cargo de todas las causas vinculadas a la Congregación Marista a lo largo del país, acudió hoy hasta las dependencias de la Conferencia Episcopal, en Echaurren 4 con personal de la Brixesme y Cibercrimen de la PDI para allanar las dependencias de la entidad.

Lo que se persigue, como en los demás casos, es acceder a documentación que dé cuenta de cómo se manejaron las denuncias sobre esta congregación.