Iglesia: Las acusaciones que pesan sobre los siete obispos que están siendo imputados por el fiscal Emiliano Arias

Modificó la fecha de su declaración, fijada inicialmente para el 21 de agosto, y canceló su participación en el Tedeum Ecuménico este 18 de septiembre, pero el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, aún no sale del radar del fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias. Ni lo hará.

La orden de registro e incautación en el arzobispado de Concepción –que se realizó hoy de forma paralela en Valparaíso, Chillán y Osorno- se sustenta, según pudo corroborar La Tercera PM, en que Ezzati estuvo a cargo de esta repartición entre los años 2006 y 2011, y el Ministerio Público, dado su proceder en el caso del sacerdote Jorge Laplagne Aguirre, considera que podrían existir en este lugar antecedentes de abusos sexuales a menores que no fueron denunciados a la justicia civil.

La tesis del Ministerio Público tras requisar información del Obispado de Rancagua y el arzobispado de Santiago en la investigación de delitos sexuales cometidos por el excanciller Óscar Muñoz Toledo y posteriormente ingresar en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) y el obispado Castrense, es que no sólo existen delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores de edad por parte de religiosos, sino también acciones u omisiones que acreditarían la existencia de una cultura de encubrimiento por parte de altos dignatarios de la iglesia.

En el caso de Ezzati pesa la situación de Laplagne. La indagatoria apunta a que tuvo un rol clave para dejar sin medidas cautelares y sin sanción alguna al religioso, luego de una investigación previa que se prolongó por más de 5 años. Tras los públicos escándalos en que se ha visto envuelta la iglesia, la indagatoria se reabrió este año. Los documentos apuntan a que el excanciller Hans Kast le advirtió sobre la necesidad de, por ejemplo, apartar a Laplagne de sus funciones, lo que no se concretó. También revelan que el cardenal Francisco Javier Errázuriz siguió los detalles de la investigación más allá del informe final a cargo de Raúl Hasbún y el excanciller Óscar Muñoz Toledo, imputado por vulneraciones contra cinco menores.

En cuanto al otrora obispo de Osorno y extitular castrense, Juan Barros, quien es uno de los discípulos de Karadima, también existe el precedentes de una tendencia a dejar en impunidad eventuales delitos sexuales. Entre la información que está siendo procesada por el Ministerio Público, figuran al menos 14 de abusos sexuales ocurridos cuando Barros estaba a la cabeza de dicha diócesis y que fueron puestos en conocimiento del arzobispo de Malta, don Charles Scicluna, en su visita de junio de este año. Tales causas no tuvieron un paralelo en la justicia civil. Pero además Barros enfrenta la figura de encubridor por ilícitos contra menores cometidos a fines de los '90 por el presbítero Pedro Quiroz, perteneciente al obispado castrense, y que fueron denunciados en 2015.

El exobispo de Valparaíso Gonzalo Duarte, en tanto, no realizó gestiones tras recibir una carta en que acusaban al padre coreano, Pablo Park, de diversos abusos a inicios de esta década. Aunque esta caso a tuvo una investigación en otra zona, la misiva era para que se realizaran nuevas gestiones, lo que no se concretó.

También se le entrega calidad de imputado al obispo Carlos Pellegrin de Chillán por no haber denunciado a la justicia civil las acusaciones de abusos sexuales contra menores cometidas por el sacerdote Héctor Bravo Merino, quien era párroco de la Parroquia San Francisco y capellán de Ejército con grado de capitán. Por este mismo hecho, ya que firma el decreto de sanción, pero no realiza diligencias ante el Ministerio Público, figura en la causa el obispo castrense Santiago Silva Retamales.

Otros dos obispos en investigación fueron derivados a Arias. Se trata de Luis Infanti de la Mora, prelado de Aysén que fue denunciado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique el 4 de julio por C.V.V., por presunto encubrimiento de abusos sexuales. El caso fue asignado al fiscal de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, pero "está en proceso de traspaso" a Arias. Aquí la denunciante dijo ser madre de tres exalumnos del internado San Luis de Puerto Cisnes, de la Obra Don Guanella. Asegura que Infanti habría ocultado información sobre los abusos de los que fueron víctimas sus hijos cuando eran menores de edad y estaban en el establecimiento educacional.

Y, en uno de los casos más graves, que reveló hoy en exclusiva La Tercera, está Cristián Contreras Molina en una causa por "delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y contra la integridad sexual" que se abrió el 28 de junio tras una denuncia presentada por L.A.C.C., y que se asignó originalmente al fiscal de San Felipe, Alejandro Bustos. El asunto será visto por Arias. Previamente, Contreras Molina había sido acusado de dos delitos sexuales contra menores que fueron descartados por Congregación de la Doctrina de la Fe.