Impacto en el empleo y más gasto fiscal: Por qué la sequía es también una emergencia política
La crisis -que motivó esta mañana una nueva bilateral entre los ministros de Obras Públicas y Agricultura- se perfila ya como un problema político que no solo desafía al gobierno, al que se le critica por haber reaccionado a destiempo. También asoma como tema crítico de campaña, al menos según parlamentarios de zonas castigadas.
Mientras en Nueva York se desarrolla la Cumbre Sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas -a la que fue a participar el Presidente Piñera- anteayer murió uno de los inviernos más secos que ha visto esta tierra en los últimos 70 años. Las centrales hídricas acusan apenas un cuarto de su producción eléctrica. Los decretos de escasez alcanzan ya a 55 comunas y la declaración de zona de catástrofe en la Quinta Región (una de las más castigadas) responde a una crisis que ya se ha llevado por delante a más de diez mil cabezas de ganado muertas de hambre y sed, que están siendo evacuadas al sur, y a extremos tales como que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso haya prohibido los bautizos de sus integrantes para no gastar más agua.
Por encima del caudal de cifras y récords que la megasequía ha ido rompiendo, el asunto ya se instaló como un problema político mayor. El gobierno ya ha reconocido que atinó a reaccionar tarde ante la emergencia, como lo recalcara varias veces el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y lo remarcara esta mañana el subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios, al asumir que "nos pilló de improviso" y que "como Estado, no hemos estado dando el ancho hace muchos años en esta materia". En las últimas semanas, el Mandatario ha ordenado pisar el acelerador a sus colaboradores, y el asunto se ha tomado las agendas de ministros como el mismo Walker y el del MOP, Alfredo Moreno, quienes hoy se reunieron una hora y media en Obras Públicas por esto mismo.
Pero no es tan simple. Con un drama en al menos tres frentes -consumo humano urbano, consumo humano rural y consumo agrícola-, la tortura seca ya pinta como acuciante tema de campaña. Sobre todo en zonas como la V Región Interior, las comunas ribereñas de la Metropolitana y varias localidades del norte. La autoridad ha insistido que de momento no existe peligro de racionamiento hídrico en grandes ciudades (al menos hasta que se acabe el verano 2019-2020), pero fuera de ellas la situación ya ha obligado a gastar y gastar.
Por ejemplo, se aumentó de $65 mil millones a unos $100 mil millones el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, en parte para aumentar los cupos y flexibilizar los concursos para postular a asistencia estatal en obras de riego rural. Agricultura también está desembolsando una suma mucho mayor que otros años -admiten allí, aunque de momento no la han precisado- en, por ejemplo, comprar forraje a privados y repartirlo en zonas en que no hay con qué alimentar al ganado. Dicen en esa cartera que el precio del fardo de pasto se ha duplicado.
El Ministerio del Interior, en tanto, también habría elevado su gasto en ítemes como el arriendo de camiones aljibes para abastecer a quienes no tienen. En el campo hay dos problemas al menos: cerca de 1.400.000 personas -dicen en el MOP- no tienen acceso directo y fácil a agua potable para su consumo, y tampoco para regar sus cultivos y para sus animales.
Agricultura también he debido involucrarse, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, en enormes operativos de evacuación de ganado a tierras más nutritivas. Ya se hizo un traslado desde Illapel a Ñuble, y pronto, cuentan, se trasladarán cabezas a Salamanca.
Como si fuera poco, además golpea al ya castigado empleo. En el Ejecutivo dicen que hay zonas del Valle de Aconcagua donde apenas se pudo sembrar este año, y que a consecuencia de ello cayó el uso de mano de obra.
Volviendo a las cifras, el MOP ha decretado Zona de Escasez Hídrica para la Región del Maule, para seis comunas de las provincias Cordillera, Maipo y Talagante de la Región Metropolitana y 19 comunas de las provincias de Los Andes, Marga Marga, Petorca y San Felipe de la V Región.
"Va a ser un tema de campaña"
"Está teniendo un impacto muy profundo en las personas", insistió Palacios hoy. Con todo esto sobre la mesa, los parlamentarios de las zonas que muerden el polvo advierten de otros costos. Luis Pardo es diputado RN por el Distrito 7 -V Región Interior- y hace ver que "los efectos en la economía se vienen produciendo hace varios años. Ha habido disminución de la cantidad de hectáreas dedicadas a la agricultura, y eso tiene un efecto en la mano de obra que se deja de emplear. Es mano de obra, además, muy tradicionalmente relacionada con la agricultura, así que es difícil de reconvertir".
Da por hecho que "tendrá un impacto político" y también pide poner atención y "distinguir la emergencia y las medidas que se toman por la emergencia, de las medidas de mediano y largo plazo que permitan recuperar y mantener los niveles de actividad agrícola".
Su colega y par del distrito de al lado, el 6, Andrés Celis, coincide en que "va a ser tema de campaña, absolutamente: se va a notar en algunas comunas durante las elecciones municipales. Más que pedir explicaciones, hay molestia en algunas zonas, porque se había advertido. Hay un impacto en el empleo, hay muerte de muchos animales". Agrega que "el gobierno reaccionó tarde. Este tema viene de hace muchos años atrás y en esto el Segundo Piso de La Moneda debe asumir su responsabilidad".
Pardo tercia para acotar que si bien ha habido "falta de visión del Estado", él -al menos- dice que "he hablado con el Presidente y el ministro de Obras Públicas y tengo confianza en que se ha tomado conciencia de la importancia del fenómeno, y en que se están adoptando medidas como priorizar 26 futuros embalses, seis de los cuales se construirán en nuestra región. Lo mismo respecto de la necesidad de generar nuevas soluciones, como plantas desalinizadoras".
Reclamos desde la oposición
En la oposición también aseguran que las consecuencias serán mayores. "Esto claramente tendrá un impacto en el empleo, pero sobre todo en la calidad de vida de la gente. Se está acumulando una gran frustración y el gobierno ha sido muy lento en reaccionar: primero, decretando zona de emergencia agrícola ganadera, y luego zona de catástrofe. Pero solo busca soluciones técnicas y privadas a un conflicto más estructural, y que tiene que ver con el modelo de privatización del agua y de la distribución de los derechos de agua", advierte el senador RD por la V Región Juan Ignacio Latorre.
Agrega que "la ciudadanía en la V Región está desesperada, particularmente en algunas localidades del interior, como las provincias de Cabildo, Petorca, el Valle de Aconcagua, Putaendo, donde se acumula una gran frustración ante el modelo agroexportador de las grandes empresas: las que exportan paltas, estos monocultivos que tienen plantados los cerros de paltas, que acumulan agua. Y los pequeños agricultores están desesperados. Este modelo entra en contradicción con el consumo humano, con familias enteras que tienen que abastecerse con camiones aljibes".
Y el PPD Ricardo Lagos Weber -quien también representa a la V Región- hace ver que "la gravedad de los efectos de la sequía sobre las personas es más preocupante que los efectos políticos. Aquí hemos visto un gobierno que ha reaccionado lento y no siempre con la rapidez que se necesita. Recién después de un mes el gobierno firmó la zona de catástrofe y de emergencia".
Agrega que "aquí necesitamos tener una mirada de corto y largo plazo. Aquí hay medidas que se necesitan para enfrentar la contingencia con apoyo directo a los pequeños agricultores, pero también debemos partir ahora con la construcción de embalses. En relación con esto es de lamentar la decisión política del gobierno de paralizar el proceso del embalse Catemu".
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