“Impidamos a Ortega consolidar su dictadura”: Lagos, Cardoso, Santos y Chinchilla proponen plan de acción tras polémicas elecciones en Nicaragua

En un pronunciamiento “en defensa de la democracia en nuestra región” y ante “la grave situación de Nicaragua”, los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995-2003), Laura Chinchilla (Costa Rica, 2010-2014), Ricardo Lagos (Chile, 2000-2006) y Juan Manuel Santos (Colombia, 2010-2018), junto a Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA Internacional y exvicepresidente costarricense (2006-2007), suscribieron una declaración, que bajo el título “Impidamos a (Daniel) Ortega consolidar su dictadura”, advierten que las elecciones generales realizadas ayer en Nicaragua “han agudizado la crisis de manera inquietante” en ese país, por lo que proponen una serie de medidas contra el régimen de Managua.

“Este 7 de noviembre se ha registrado en Nicaragua una jornada electoral marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades. Lo ocurrido es grave tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América Latina, porque allí se aplicó rigurosamente el itinerario mediante el cual una democracia se convierte en autocracia. Estos comicios tuvieron lugar en un contexto de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados, carente de las garantías básicas de integridad electoral y sin la presencia de observadores internacionales confiables. El resultado fue el esperado: la reelección ilegítima de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo y su intención de perpetuarse de manera indefinida en el poder. Todo ello junto a la elección rigurosamente controlada de la vicepresidenta, los 90 miembros de la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano”, señalan los exmandatarios en la declaración a la que tuvo acceso La Tercera.

Los signatarios del documento recuerdan que las condiciones bajo las cuales se convocó a las urnas “determinan la ilegitimidad de estas elecciones”. “Progresivamente se intensificó la ofensiva autoritaria, 39 líderes de diversos sectores fueron detenidos incluidos siete aspirantes presidenciales de oposición -quienes aún permanecen privados de libertad-, y se canceló la personería jurídica a los tres principales partidos de ese sector. A lo anterior debemos sumarle numerosas medidas arbitrarias adoptadas por un Consejo Supremo Electoral que está bajo control absoluto del oficialismo, entre las que destacan: la eliminación del padrón electoral de aproximadamente un millón de electores y la cancelación de más de mil centros de votación”, denuncian.

En el marco de estos hechos, y recordando la vigencia de la Carta Democrática que todo el hemisferio aprobó hace dos décadas para dar un cauce de legitimidad a la vigencia de la democracia en la región, los expresidentes que firman la declaración proponen siete acciones a adoptar tras las elecciones que han permitido a Ortega mantenerse en el poder hasta por lo menos enero de 2027.

Como primera acción se plantea “solicitar la coordinación de las instituciones democráticas de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países latinoamericanos, más los organismos internacionales que corresponda, para denunciar con firmeza el carácter antidemocrático de este acto electoral y llamar a desconocer sus resultados”. Junto con ello, los exmandatarios proponen “hacer un llamado a todos los gobiernos de la región para que asuman la gravedad de estos hechos e instruyan a sus cancilleres en colocar la situación de Nicaragua como tema prioritario en la próxima Asamblea General de la OEA, organizada por Guatemala de modo virtual entre el 10 y el 12 de noviembre, y se adopten allí todas las medidas pertinentes establecidas en el sistema interamericano”.

Junto con “profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida la suspensión de Nicaragua de la OEA vía la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, la declaración también sugiere “exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos, el cese del estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura de un proceso de negociación para buscar una salida pacífica y electoral a la crisis”.

Asimismo, los expresidentes piden “solicitar a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y elaborar informes periódicos para actualizar la evolución de los mismos”. Junto con ello, solicitan “apoyar desde la comunidad internacional a los actores políticos nicaragüenses en los esfuerzos que les cabe hacer, para lograr un mínimo de convergencia y unidad de acción frente a un gobierno que ya no oculta su carácter dictatorial”.

Por último, la declaración plantea “suspender todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua. Ello sin alterar los programas de asistencia humanitaria en favor de la población nicaragüense”.

Los firmantes concluyen su declaración recordando que “hace cuatro décadas el pueblo de Nicaragua emprendió un camino de rescate de la democracia tras largos años bajo una dictadura opresiva extrema”. “Hoy aquellos sueños están sofocados por un mandatario que, instalado en el poder, asumió el mismo camino e impide a su pueblo elegir con plena libertad el devenir de su futuro. Ante ello los pueblos y gobiernos de la América Latina no pueden ser indiferentes”, advierten.