Juan Francisco Galli: “El Frente Amplio y el PC nunca distinguieron entre protesta social y delincuencia. Hoy, la ciudadanía no les cree”

Cada autoridad del gobierno pasado recuerda bien en qué estaba cuando se produjo el estallido social. El 18 de octubre del 2019, el entonces subsecretario de FF.AA., Juan Francisco Galli, se dirigía a China a una visita de protocolo. Cuando hacía escala en Estados Unidos, le llovieron los mensajes de WhatsApp que lo alertaban de lo que estaba ocurriendo en las calles de Santiago.

El rol de Defensa en esa coyuntura fue clave: debieron organizar al Ejército para hacerse cargo del estado de excepción y tender puentes entre los uniformados y la sociedad civil. Galli vivió todo ese proceso en una oficina en la Guarnición de Santiago para luego saltar de ese buque a Interior, la oficina más compleja de la administración del Estado.

¿Cómo ha visto la instalación de las nuevas autoridades, especialmente en Interior?

No nos corresponde a nosotros, las autoridades salientes, hacer evaluaciones, pero sí dar cuenta de lo difícil que es la gestión de gobierno y eso se ha notado particularmente en Interior. Ahí cualquier error genera gran impacto ciudadano. Las palabras, las señales, los silencios, tienen un impacto.

¿Y han sido buenas las señales, palabras y silencios del subsecretario Manuel Monsalve y la ministra Izkia Siches?

La realidad ha hecho que particularmente la ministra haya debido ponderar la importancia de Interior en la estructura del Estado. Por ejemplo, en el conflicto en la Macrozona Sur no bastaba tener una autoridad nueva de un color político distinto para entrar a la comunidad Temucuicui. Otra situación que involucró a la ministra fue lo que pasó con el vuelo que tenía que llevar ciudadanos venezolanos a su país y que nunca partió.

Se abrió un sumario a Carmen Gloria Daneri, funcionaria de Migraciones, a quien el gobierno apunta como quien entregó una información errónea. ¿Usted conoció a esta funcionaria y qué sabían de este vuelo?

La ministra me escribió para expresarme las disculpas por el incidente, pero hay que hacer un análisis un poco más profundo. Carmen Gloria Daneri es una funcionaria que lleva mucho tiempo en Extranjería y ahora en el servicio de Migraciones. Ponerla en el foco de esta polémica, también responde a cierta inexperiencia. Carmen Gloria Daneri es valorada por muchos conocedores en materia migratoria, porque, por ejemplo, es una de las creadoras de la Ley de Refugios, fue la persona que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se sentó conmigo a hacer un primer borrador de la nueva Ley de Migraciones; es decir, no puede ser que por un incidente específico, más allá de las interpretaciones, se pretenda responsabilizar a una funcionaria que es un activo para el ministerio.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo hace algunos días que “Chile vive el peor momento para la seguridad desde el retorno a la democracia”. ¿Comparte ese diagnóstico?

Hacer diagnósticos tan absolutos no tiene mucho sentido si no apuntamos a qué está detrás. Un fenómeno preocupante es la proporción de homicidios entre bandas criminales, y ahí hay que ir a la causa, a qué es lo que está detrás de esta violencia. Acá hay un fenómeno global de la deslegitimación del uso de la fuerza, del debilitamiento del Estado. Juan Pablo Luna (profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC) habla de la “crisis del Estado” y esa crisis pega más fuerte en las instituciones que están a cargo de hacer uso legítimo de la fuerza, como las policías. Este debate se está dando en todas las partes del mundo, hay hasta series de televisión.

¿Y esa deslegitimación impacta, cree usted, de manera directa en la violencia y delitos más graves?

Claro. Ahí nosotros hicimos un diagnóstico con el Consejo para la Reforma de Carabineros que convocó el Presidente Piñera, donde hicimos una reflexión: hay algunas causas que son locales, como las vinculaciones de Carabineros con algunas comunidades que son altamente problemáticas, lo ocurrido en La Araucanía, el fraude en Carabineros, pero además, y sobre todo después del 18 de octubre del 2019, una validación de la violencia por parte de algunos sectores políticos. Aquí tenemos tuits, discursos, que lo único que hacían eran validar el actuar violento. Ellos nunca distinguieron entre la protesta social y los delitos.

¿Cuando habla de ‘ellos’ se refiere a la coalición de gobierno de hoy?

Así es. El Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) nunca distinguieron entre la protesta social y la delincuencia. Y hoy, cuando pretenden hacer esa distinción, la ciudadanía no les cree. Esto no fue solo cuando eran oposición. ¿Cuáles fueron las prioridades del gobierno en materia de seguridad? Retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), urgencia al proyecto de ley que declara impune a quienes cometen delitos similares a los que rechazan hoy día y, por último, la reacción dubitativa al actuar de un policía en una manifestación que debe hacer uso de su arma en la Alameda, donde no se le respaldó hasta pasado varios días.

¿Por qué no se les cree?

Es que han cambiado de manera radical su postura frente al actuar policial: cuando eran diputados firmaron un proyecto de ley para derogar la LSE y hoy que son ministros, la usan; o cuando se felicita a Carabineros para su día, también, porque antes hubo mensajes llamando a protestar con más fuerza contra ellos. Hay un cambio que parecer difícil de creer, pero que da cuenta del rol que deben cumplir las autoridades cuando están a cargo del orden público.

Ud. sólo apunta a terceros ante el aumento de la violencia. ¿No hay una incapacidad del Estado en ejercer un control en el terreno y anticiparse a los delitos?

La capacidad está directamente relacionada con la legitimidad de esa acción. Hay ejemplos que dan cuenta que la acción de la policía fue legítima, pero fue objeto de una crítica brutal. En Panguipulli, un carabinero agredido actuó en legítima defensa y usó su arma, donde el agresor perdió la vida. Bueno, revisen los mensajes del Presidente Gabriel Boric, de la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), y de muchos actores políticos. El otro caso: Denis Cortés, una defensora de derechos humanos que participando en una protesta es agredida por fuegos artificiales que le lanzaron a Carabineros y que ella en el momento que estaba dialogando con la policía, los recibe, y le causan la muerte. De nuevo, ahí la crítica fue hacia la policía. Con Carabineros, además, avanzamos bastante, por ejemplo, se modificaron los protocolos de actuación. No nos quedamos en el discurso. Para ser claros: entre lo que constituye una acción legítima y la comisión de delitos tiene que haber una posición clara del Estado.

¿En el caso de ustedes no era extremar el argumento el querellarse por LSE en casos de hurto de una bebida en un supermercado en el contexto del estallido?

Es que ahí hubo una explicación coyuntural. No existía, en los meses posteriores al 18 de octubre del 2019, la herramienta jurídica que hoy tenemos de la Ley Antisaqueos y Antibarricadas. La estrategia del gobierno, en ese momento, fue que para los saqueos en contexto de una conmoción pública, la herramienta era la de la LSE, porque si no no podíamos tener una legitimación activa.

¿Y no tenían contradicciones, tomando en cuenta que no hubo querella por LSE en el caso del paro de camioneros, pero sí en el caso de un saqueo?

No, la postura nuestra fue bastante consistente. No cualquier alteración del orden público da lugar a invocar la LSE.

¿La interrupción de las carreteras, no?

No. Hicimos ese ejercicio y se lo expresamos muy claramente al gremio del transporte de carga. En el momento que hubiera una acción que afectara al suministro del país iba a haber acciones, y estuvimos muy cerca de tomarlas en caso de que ese riesgo se concretara. No cualquier alteración al orden público da lugar a eso, sino tendríamos que habernos querellado todos los viernes por la interrupción de la Alameda, cosa que tampoco hacíamos.

El último mes aumentaron en un gran porcentaje los delitos, ¿tiene alguna autocrítica en materia de seguridad?

Lo que uno debería decir es que hay que moderar las expectativas, porque en seguridad es malo acercarse a los absolutos. Nosotros, ni nadie, vamos a llevar la victimización a cero.

¿Entonces el eslogan “delincuentes se les acabó la fiesta” no da?

Es que en materia de seguridad los pasos son cortos y lo importante es ir avanzando. Cuando se mira hacia atrás, las mediciones mostraban que la delincuencia caía entre 2018 y 2022. El fenómeno ha ido mutando e intentamos adaptarnos a eso, cómo generar mecanismos de coordinación con todas las instituciones del aparato público en esta materia para enfrentar el crimen organizado. Otra cosa, además, es haber efectuado un estado de excepción, frente a una situación de excepción, como la violencia en la Macrozona Sur, que para algunos es una medida equivocada, pero yo tampoco veo una propuesta alternativa.

¿Por qué las herramientas no funcionaron en La Araucanía?

Es que es difícil aislar los efectos. En nuestro programa de gobierno no estaban contemplados dos crisis que impactaron en la capacidad del gobierno para reaccionar: el 18 de octubre del 2019 y la pandemia del Covid-19. Entonces, lo que habría que hacer, bajo estos escenarios, era adecuar el sistema público a esas condiciones, y en el 18-O, lo más importante era tener una salida institucional a la crisis y un proceso de reforma a Carabineros que se hiciera cargo del orden público, modernización, derechos humanos y carrera y formación policial. ¿Qué ha pasado con esto y con el proyecto para la creación del Ministerio de Seguridad Pública?

Pareciera que el gobierno aún se debate en si hacer una reforma o una refundación de Carabineros. ¿Qué falta para lograr este cambio?

La reforma no se hará de un día para otro, no se hará con un proyecto de ley, es un proceso. Nosotros fijamos un horizonte de mediano plazo para el año 2027, porque se requiere de mucho esfuerzo permanente, pero el problema es que nadie sabe quién está a cargo de ese proceso de reforma. La ministra Siches ha hablado de reforma y refundación, entonces, ¿cuál es la señal? Hay una falta de definiciones importante, donde el único que habla de la reforma es el general director de Carabineros, cuando la crítica que se hacía desde la oposición era el control de la autoridad civil a cargo de este proceso. Nadie dice “yo lidero esta reforma”. No lo he visto.