¿Juez en visita, fiscal militar o Ministerio Público? Los escenarios judiciales que se abren ante el hackeo al Estado Mayor Conjunto

Un equipo integrado por representantes de cada una de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), es decir, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (Fach), se encuentra trabajando casi a tiempo completo en la revisión de cada una de las comunicaciones filtradas desde el Estado Mayor Conjunto (EMCO) por el grupo internacional de hackers “Guacamayo”, quienes se adjudicaron el ataque virtual.

El caso impactó profundamente al organismo que depende del Ministerio Defensa -y motivó el regreso de la ministra Maya Fernández desde Estados Unidos, donde acompañaba al Presidente Boric en la ONU-, dada la cantidad de antecedentes secretos que fueron dados a conocer masivamente el 19 de septiembre. Las comunicaciones “sustraídas” dan cuenta desde situaciones banales como la organización de eventos internos, hasta asuntos de seguridad nacional e internacional que compromete informes de Inteligencia y compras de insumos bélicos.

Estos dos últimos puntos son los que más urgen en el Ejecutivo y en las FF.AA., dado que pone a las instituciones bélicas en una situación comprometedora ante los países vecinos. Siempre en el mundo militar el secreto por sus dotaciones, planes de trabajo, compras de vehículos y entrenamientos es algo que incorporan desde que son formados en sus respectivas escuelas.

Por lo mismo, agregan fuentes militares, es determinante saber cuál es la magnitud de los archivos sustraídos, y para eso es fundamental el análisis de cada uno de los más de 400 mil correos hackeados. Sin embargo, es una parte del problema, dado que en el gobierno y en las FF.AA. también quieren resolver otro nudo: el judicial, el cual podría desarrollarse en distintos escenarios.

Y para eso, Defensa presentó una denuncia ante el Segundo Juzgado Militar para determinar cómo se ejecutó el robo de información y, además, esclarecer quién falló en establecer los mecanismos de control y reporte del ataque cibernético del cual fue objeto el EMCO. Además, se hicieron parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público Militar, a través del fiscal general militar, el coronel (J) Luis Araya.

En la denuncia presentada por el EMCO se invocó la “divulgación de correos electrónicos y sus archivos adjuntos, correspondiente a personal del Estado Mayor Conjunto, acciones que constituirían infracción a la Ley N 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos”. Es en base a esta denuncia, que la Primera Fiscalía Militar instruyó la apertura de una causa por el ilícito de violación de secreto.

Este es uno de los escenarios en que se podría desarrollar la indagatoria, pues, argumentan desde las FF.AA., los artículos 5 y 6 del Código de Justicia Militar establecen que los delitos que involucren a uniformados de las ramas castrenses deben ser tramitados en tribunales militares.

Pero, bajo esa misma lógica, también le cabría competencia a un ministro en visita designado por la Corte Marcial. Fuentes de este tribunal de alzada explicaron que como habría generales involucrados en el caso, la indagatoria podría recaer en un juez de esta jurisdicción, la cual está compuesta por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El otro terreno judicial que podrían pisar los presuntos responsables del ataque y la divulgación de los correos sustraídos, es una sede civil ¿Por qué? Una fuente de las FF.AA., advierte que el Ministerio Público podría reconocer como víctima a todos los ciudadanos, pues como la violación de secreto afecta la seguridad de la Nación, poner como principales afectados a la población civil.

Quien sea el encargado de indagar el caso no la tendrá fácil. Será un proceso largo, donde, sea en tribunales civiles o militares, desfilarán coroneles, generales y autoridades políticas para dar cuenta cómo se vulneró el sistema de un organismo clave para el funcionamiento de la seguridad nacional.