La tarde del 17 de febrero de 2021, Tomás Bravo, de tres años y siete meses de edad, salió junto a su tío abuelo Jorge Escobar Escobar a buscar unas vacas en el predio familiar en el sector de Caripilún, una localidad cercana a Lebu, en la Región del Biobío. Según el relato del adulto, dejó solo al niño por 15 minutos luego de que el ganado escapara y al volver nunca más lo pudo encontrar.

Esa tarde comenzaría la historia de un caso que conmocionó al país. Durante nueve días la comunidad de esa zona de Arauco se organizó para salir a buscar al pequeño y la desesperación de su madre y su familia quedó registrada en varios contactos televisivos. Pese a todos los intentos por hallarlo con vida, nueve días después de su desaparición, la policía encontró su cuerpo. Este jueves se cumple un año exacto de estos hechos y aún persisten dudas respecto de las causas de la muerte de Tomás.

Uno de los primeros impactos mediáticos, tras el hallazgo del cadáver del menor de edad, fueron las declaraciones que dio el entonces fiscal del caso, Jorge Ortiz, quien luego fue separado de la indagatoria. Ese 26 de febrero y sin esperar pericia alguna aseguró que el deceso del pequeño “no se trata de un accidente. Claramente, hay intervención de terceros”. Dos minutos después de esa conferencia de prensa el perseguidor penal solicitó la detención de Escobar, el tío abuelo del niño y quien fuera la última persona en ver al menor de edad con vida.

De ahí en más vinieron pericias del propio Servicio Médico Legal (SML) de Concepción que descartaron que el menor de edad haya fallecido a causa de terceros, y que habría sido por hipotermia e inanición. Asimismo, los médicos legistas descartaron una de las hipótesis que se había levantado durante la desaparición del niño y era que este hubiese sido víctima de un ataque sexual. Sin sospechas de un homicidio, al poco tiempo después el tío abuelo de Tomás fue liberado. Entremedio se pidieron exámenes en el extranjero y la intervención de una reconocida tanatóloga de Santiago, y aunque la Fiscalía del Biobío sigue insistiendo en la hipótesis de que alguien es responsable directo del fallecimiento del pequeño, aún no logra determinar quién sería este autor.

El abogado del padre de Tomás Bravo y miembro de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinoza, ve con preocupación el estado de avance de la investigación, así como “los graves errores cometidos al inicio de este proceso de parte de organismos del Estado, en especial el Servicio Médico Legal, quienes han contribuido enormemente a dificultar y entorpecer el esclarecimiento de los hechos”.

En el marco del rol de los organismos públicos es que se dio una situación inusual en este tipo de casos mediáticos y es que la propia fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, tuvo que hacer un mea culpa respecto de esta indagatoria. Sin eludir la responsabilidad que ellos pudieron tener en las primeras pesquisas ordenadas, apuntó también a lo que ellos consideran errores de los médicos legistas que realizaron la autopsia del menor de edad.

Esta mañana cuando se conmemora un año de la desaparición de Tomás, y a través de un comunicado, esa fiscalía regional aseguró que la investigación se encuentra vigente y “actualmente están en curso al menos seis pericias científicas en instituciones nacionales e internacionales, cuya especialidad no se puede detallar, por el momento”.

Con todo, la familia reclama que aún son más dudas que certezas las que sostienen el caso.

Una vez que se encontró el cuerpo de Tomás, toda la investigación se volcó a encontrar pruebas que incriminaran al tío abuelo, Jorge Escobar Escobar. Su detención generó la indignación de la comunidad, la cual, incluso, trató de ingresar a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) donde estaba detenido quien fue sindicado por el Ministerio Público como el autor de la muerte de Tomás Bravo. “Querían lincharlo”, comentaron algunos testigos de ese hecho.

Sin embargo, durante el control de detención, el Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la presión preventiva de Escobar argumentando la debilidad de las pruebas presentadas por el fiscal, las que incluían un supuesto mapa realizado por el sujeto del lugar en que desapareció el pequeño, una presunta “indiferencia afectiva” por los hechos y a que la causa de muerte era -en ese entonces- indeterminada y que él era el principal sospechoso. A esto se sumaron unas botas y pala que encontró la policía en el sector de la desaparición. Nada de esto fue suficiente y ante la duda el tribunal no acogió imponer ese día la medida cautelar más gravosa como pretendía el Ministerio Público.

Aún no hay pruebas concluyentes respecto de la posible participación de este pariente del niño en los hechos. Pese a esto, el Ministerio Público ha insistido en esta línea investigativa y hace poco pidió contrastar una muestra de pelo de Escobar. Pese a que su defensa se opuso, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó realizar esta diligencia y se está en espera de los resultados.

Jorge Escobar hasta ahora permanece como imputado en la causa, aunque se encuentra libre y sin ninguna medida cautelar. Su abogado, y defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, espera que las pruebas permitan “lograr un sobreseimiento definitivo, o una sentencia absolutoria”, lo que ayudaría al tío abuelo del menor de edad a “iniciar un camino de reconstrucción de su vida personal, familiar y laboral, luego de haber vivido injustificadamente un escarnio público”.

En el caso hubo otro sospechoso de la muerte de “Tomasito”. Mientras se desarrollaba su frenética búsqueda algunos habitantes de Caripilún apuntaron a un hombre apodado “Memo” como el responsable de su desaparición. El sujeto, aseguraban, contaba con antecedentes penales y ese día se encontraba en los alrededores del cerro donde se perdió la pista del niño, lo que habría quedado registrado en una fotografía que fue subida y posteriormente borrada por el hombre de sus redes sociales.

En abril del año pasado, la persecutora regional señaló que hasta ese momento había “más de una persona que está siendo investigada como sospechosa. Algunas sí (han declarado), otras no”.

Luego de finalizada la búsqueda y tras el hallazgo del menor de edad, el cuerpo de Tomás Bravo pasó 56 días en el Servicio Médico Legal de Concepción (SML) debido a las múltiples pericias biológicas, siendo entregado a su familia, finalmente, el 23 de abril.

El informe de autopsia, según consignó La Tercera, sostuvo que había “ausencia de signos macroscópicos de trauma, como tampoco lesiones de lucha ni defensa”, “sutiles signos” de edema cerebral y pulmonar y “ausencia de signos macroscópicos de violencia sexual”.

Lo que sostiene que “la causa de muerte es indeterminada en estudio”. Junto con eso, asegura que “no es posible confirmar ni descartar la participación de terceras personas”, “no es posible confirmar ni descartar la ocurrencia de hechos de violencia sexual” y que “el intervalo post mortem (...) se estima entre cinco y siete días”.

Luego de aquello, las pruebas biológicas del menor fueron derivadas a peritajes internacionales, uno de ellos a Estados Unidos, el que descartó la tesis inicial del SML. Según pudo determinar el informe, sí existió intervención de terceros en la muerte del menor, aunque no pudo determinar la causa de su muerte.

Posterior a eso, y ante las críticas, el SML de Concepción publicó un comunicado en el que afirmó que “respecto de nuevas pericias y resultados, el organismo no ha sido informado de ningún nuevo antecedente sobre la materia. Y que, además, tampoco se ha solicitado un nuevo informe sobre la investigación”.

El mismo órgano se excusó en que “en ningún momento y en ningún informe emanado desde el SML se ha calificado el fallecimiento como ‘accidental’ y ‘natural’ (...). En ese sentido, la causa de muerte definida por este caso (hipotermia e inanición) es calificada legalmente como una muerte “violenta””.

Para el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, “la causa de muerte es un elemento esencial en esta investigación”. Quien además apuntó a que lo sostenido por el SML es “completamente equivocado y que no se sostiene científicamente o si esta muerte se ha debido a intervención de terceros, es decir, una causa homicida”. Que es la tesis que ellos creen que se va a establecer efectivamente.

Hasta la fecha, la causa de muerte del menor, y a pesar de las indagatorias, continúa como indeterminada. A pesar de eso y conocidas las pericias internacionales, la fiscalía señaló que “la indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas”.

Todas esas dudas podrían ser confirmadas con la finalización de las pericias encargadas a organismos nacionales e internacionales. Para eso, y según asegura la defensa del papá de Tomás, lo más probable es que se extienda, nuevamente, el plazo de investigación. Esto, porque una de las últimas indagatorias que se han realizado fueron durante este mes de febrero, en circunstancias de temperatura y climatología similares a las que había en la época en que desapareció este niño el año pasado.

Independientemente de aquello, Espinoza espera que se establezca la verdad y que “el responsable de este crimen sea juzgado y condenado a la pena que merece una persona que ha realizado un crimen de esta magnitud y envergadura”, concluyó.