Keiko Fujimori ante pedido de la Corte IDH para que Perú no libere a expresidente: “Cuando se trata de mi padre no existen los DD.HH.”

El abogado César Nakazaki, defensor legal de Alberto Fujimori, se mostró pesimista hoy sobre la inminente liberación del expresidente peruano, un día después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado suspender su salida del penal de Barbadillo, en Lima, donde -desde 2007- cumple una pena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su gobierno (1990-2000). “Yo creo que el expresidente Fujimori no va a ser excarcelado hasta lo que finalmente se decida el día 6 (de abril)”, estimó Nakazaki en entrevista con RPP Noticias.

El 17 de marzo, el Tribunal Constitucional decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, luego de que la votación del recurso de habeas corpus, que solicitó esa medida, quedó empatada en tres votos a favor y tres en contra.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.

Nakazaki explicó que mañana la Corte IDH discutirá si suspende la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que dispone la libertad del exmandatario hasta el día 6 de abril, fecha en la que decidirá si esta medida viola o no lo que previamente había determinado sobre su situación legal.

En efecto, la Corte IDH convocó para mañana a una audiencia pública, a fin de tratar la solicitud de medidas provisionales que realizaron los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ante la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar un habeas corpus que restituye el indulto a Fujimori. Esto con el fin de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

Sin embargo, Nakazaki expresó su preocupación ante la orden de la Corte IDH, al considerar que la justicia peruana dispuso recientemente medidas de comparecencia contra el exmandatario. “Lo que me preocupa es esto; ¿le habrán informado (al presidente de la Corte IDH) que hace cuatro días ya en Perú se ha dictado una comparecencia con restricciones y un impedimento de salida por 18 meses que ha dictado el Poder Judicial y que nosotros nos hemos allanado?”, indicó.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, en tanto, ya había aclarado el miércoles que el requerimiento de la Corte IDH tiene la “intención de ponerse al tanto” de lo ocurrido con la sentencia del máximo órgano constitucional autónomo sobre la restitución del indulto a Fujimori. “Lo que está haciendo la Corte (IDH) es dándose un tiempo para poderlo discutir y el tiempo es corto, porque justamente se había convocado para la revisión de la sentencia del caso Barrios Altos el 6 y 7 de abril”, agregó.

Además, Espinosa-Saldaña sostuvo que la solicitud de la Corte IDH “no es una hojita que no tiene importancia”, ya que es un documento firmado por el secretario general de la Corte IDH, que es una suerte de fedatario de toda comunicación que hace el tribunal internacional o del pleno.

Al respecto, el procurador especializado supranacional y representante de Perú ante la Corte IDH, Carlos Miguel Reaño, señaló a RPP Noticias que el país se encuentra en la obligación de cumplir dicha solicitud pues está bajo la jurisdicción del organismo internacional. En ese sentido, la decisión debe ser comunicada a las instancias respectivas para su ejecución.

Pese a ello, la excandidata presidencial e hija del exmandatario, Keiko Fujimori, lamentó este miércoles el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la exarcelación de Alberto Fujimori”, dijo en un audio difundido en sus redes sociales.

“Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”, agregó la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori señaló que ahora está en manos del actual gobierno allanarse o no a una medida que calificó de “tan precaria como injusta”. “Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo de Tribunal Constitucional”, consideró. El diario limeño La República recordó que en 2018 Keiko ordenó a su entonces mayoría parlamentaria de Fuerza Popular que se enfocara en la nueva tarea: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”.

Pero, a través de las redes sociales, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, indicó que se respetará la decisión de la Corte IDH a fin de fortalecer el compromiso como Estado democrático ante la comunidad internacional. “Valoramos la decisión de la Corte IDH. Respetar su mandato fortalece nuestro compromiso como Estado democrático ante el ámbito de la comunidad internacional y nos compromete a todos los ciudadanos con los valores asociados a la defensa de los derechos humanos”, escribió Boluarte en su cuenta de Twitter.

El miércoles, entre megáfonos, pancartas e incluso paralizando el tránsito en la vía principal, simpatizantes de Alberto Fujimori llegaron desde muy temprano al penal Barbadillo en Ate para exigir la excarcelación del exmandatario, luego que el lunes el Tribunal Constitucional publicara la resolución que ordenaba su liberación. “Esperamos que en las próximas horas pueda salir”, había dicho el miércoles Keiko Fujimori, esperando que la excarcelación se hiciera efectiva hoy.

Pero el procurador ya notificó al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario del Perú el requerimiento para detener temporalmente la excarcelación del condenado exmandatario, destacó La República.

La exministra de Cultura Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, aseguró que en la Corte Suprema “se demostró” que el indulto otorgado a Fujimori en 2017 fue “negociado”, motivo por el cual fue revocado. “La única razón (para el indulto) sería una razón médica. No somos los familiares los que ponemos estos requisitos, sino el propio sistema de justicia, como debe ser en un país donde se respeta la ley”, refirió. Y agregó: “Lo que los familiares estamos exigiendo es que se respete el derecho a la justicia que tenemos”.

Espinoza-Saldaña señaló que la Corte IDH puede anular el fallo que ordena la liberación de Fujimori, pero que también puede pedir que se evalúe el estado de salud del expresidente para analizar si corresponde un indulto por razones humanitarias. El magistrado explicó que la Corte considera que ninguna persona debe morir en la cárcel, pero que los indultos solo deben proceder en caso de enfermos terminales.

“Frente a esta situación, la Corte puede hacer varias cosas, puede decir que el TC viola los parámetros de la sentencia por Barrios Altos y La Cantuta y dejar sin efecto el fallo. También puede suspender la sentencia del tribunal y pedir que se haga un estudio de su estado de salud, porque el sistema no quiere que nadie muera en la cárcel, pero su estado de salud tiene que acreditarse y ser un enfermo terminal”, aseveró.