La crítica transversal de académicos y funcionarios del Ministerio Público a la idea de eliminar la figura del fiscal nacional

Reformar al Ministerio Público, para eliminar la figura del fiscal nacional y reemplazarlo por un Consejo Superior, integrado por siete personas, que esté a cargo de la dirección de todo el ente perseguidor penal. Eso fue lo que aprobó en particular el martes 28 de marzo la Comisión de Sistemas de Justicia.

La idea, que se despachará al pleno para ser votada, de inmediato despertó duras críticas entre abogados, académicos, funcionarios y fiscales. Entre ellos no hay claros y oscuros, ni medias tintas, la opinión es transversal: es una mala idea, sin experiencia comparada en ningún país y que puede agravar los problemas que actualmente tiene el Ministerio Público. Lo problemático de este asunto, comentan los expertos, es que el Ministerio Público es un órgano de gestión y que por eso mismo en el mundo no hay registros de que se haya eliminado la dirección unipersonal por una colegiada.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portal Cristián Riego es enfático en que “esto no puede sino salir mal, es una barbaridad”. Riego conoce muy de cerca el sistema procesal penal ya que fue uno de sus impulsores cuando se tramitó la reforma. Desde esa vereda el abogado parte de la base de que si los convencionales tienen el diagnóstico de que la figura del fiscal nacional está contaminada por políticos y poderes fácticos empresariales, querer solucionar eso eliminando el cargo para crear un órgano colegiado es avanzar justamente en el sentido contrario a lo que se pretende corregir.

“No cabe ninguna duda de que es mejor tener un fiscal nacional individual, al que puedes controlar por sus actuaciones personales y hacerle valer su responsabilidad individual que tener un grupo colectivo en el cual este tipo de discusiones se diluiría y nadie se hace responsable”, plantea Riego.

El académico agrega que este órgano colegiado es aún más vulnerable a las presiones externas: “Si se quisiera aumentar la rendición de cuentas ante el público, por el temor de que las elites, grupos de interés y los poderes fácticos manipulen a la Fiscalía para que actúe de una manera poco igualitaria y favoreciendo a los poderosos, lo mejor es tener un fiscal sometido a distintas formas de control popular. Al crear un consejo los poderes fácticos, ya sea empresarios o políticos, pueden seguir cuoteando para tener personas cercanas y presionarlas para que tomen ciertas decisiones. Con ese diseño, será mucho más fácil para los poderes fácticos intervenir”.

Por eso Riego es de la idea de que para combatir el problema identificado por los convencionales, hay que buscar las soluciones correctas. “Si se quisiera aumentar el control sobre el fiscal nacional, entonces haz que se elija por votación popular. Si les parece que es mucho, bueno entonces se puede establecer un mandato revocatorio, o sea que si al público no le gusta el fiscal se consigue determinada cantidad de firmas y se le echa si la votación así lo dice. Si eso tampoco gusta, entonces que el control lo haga el Congreso mediante un juicio político, es decir, una acusación constitucional. Con eso, se obtiene un fiscal nacional muy sensible al público y más controlado, que es lo que al parecer quieren los convencionales”, asegura el abogado.

La visión de Riego no es única. “A mi juicio la propuesta es profundamente equivocada. El Ministerio Público es un ente jerárquico y que goza de autonomía constitucional. En ese sentido, me parece absolutamente necesaria la figura de un fiscal nacional que lidere la política de persecución criminal, pero que también se haga responsable de la misma, sin diluciones. Distinta puede ser la figura de un consejo consultivo del fiscal nacional, estrictamente técnico”, afirma la académica de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) Joanna Heskia.

Heskia, quien además participó núcleo constitucional de la UAH, cree que si se quiere combatir los problemas que actualmente tiene el cargo de fiscal nacional, el camino es otro: “Me parece necesario cambiar la forma de nombramiento, no parece prudente la intervención del Poder Judicial y además se debe mejorar la transparencia en el proceso. Eso ayuda a la instauración de una figura políticamente relevante. Además, me parece necesario mejorar la rendición de cuentas, es decir, dar cuenta del cumplimiento de metas precisas en base a una política de persecución criminal definida y transparentada, la que además debiese ser fruto de un trabajo interinstitucional con autoridades del Ejecutivo y la comunidad”.

El profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Matías Insunza también se suma a estas voces críticas: “Eliminar la figura del fiscal nacional y sustituirlo por un Consejo Superior que asuma sus funciones generará más problemas que soluciones, pues un órgano colegiado burocratizará decisiones relevantes que se deben adoptar de manera rápida y eficaz. Se podría discutir sobre el proceso de nombramiento del fiscal nacional, pero en caso alguno reemplazar la institución”.

En esa misma línea, la también abogada penalista y académica de la Universidad Católica María Elena Santibáñez reafirma lo riesgoso de avanzar en esta dirección. “Creo que es muy difícil el funcionamiento del Ministerio Público sobre la base de un consejo colegiado para efectos de poder tomar acuerdos que inciden en la política de persecución penal. Puede tener mayores atribuciones el consejo de fiscales regionales que también pudiese tener una conformación con externos calificados, pero creo que es errado pensar en eliminar la figura del fiscal nacional”, expone la abogada.

Santibáñez agrega que “lo que debe hacerse sin duda, y es lo que se demanda con fuerza, es tener mayor transparencia en la elección del fiscal nacional”. Para eso la académica propone “mayores controles de las actuaciones de los fiscales de manera de evitar abusos y decisiones completamente arbitrarias, que en definitiva afectan el derecho a la igualdad ante la ley penal y contribuyen a dar una sensación de denegación de justicia”.

Pese a este punto, para Santibáñez sí hay un punto destacable en lo que ya quedó aprobado en particular en la comisión. Por ejemplo, la norma que termina con la denominada “silla musical”: “Me refiero a la norma que establece que sólo pueden ser fiscales regionales quienes se hayan desempeñado antes como fiscales adjuntos y que no pueden haber sido fiscales regionales antes para evitar esto de las llamadas sillas musicales que ha generado tanta crítica. Lo mismo el hecho de garantizar que quienes han sido fiscales regionales puedan volver al cargo que tenían antes”.

El penalista y académico de la Universidad de Chile Julián López también manifiesta su diferencia con lo aprobado en la comisión de la Convención. “En mi opinión, en general, es mejor tener órganos colegiados cuando la función principal es la deliberación y es mejor tener órganos unipersonales cuando la función principal es la gestión. En este sentido, la propuesta me parece un desacierto porque, si bien el Ministerio Público participa en la definición de políticas públicas en materia de persecución penal, su principal desafío consiste en gestionar una persecución penal eficaz y eficiente, que articule el trabajo de cientos de fiscales y policías bajo estándares comunes de actuación”, dice López.

Por lo mismo el abogado está en contra del artículo que se aprobó en particular: “Mirando el asunto con ánimo constructivo, uno podría considerar adecuado entregar mayores funciones deliberativas a un órgano colegiado asesor de la propia institución, pero incorporar en ese órgano a representantes gremiales y parlamentarios y darle funciones en la gestión, poniéndolo jerárquicamente por encima de quienes tienen que cumplir los roles ejecutivos, no me parece que cumpla ningún propósito virtuoso ni pueda defenderse desde la experiencia internacional”.

Las ocho asociaciones de funcionarios del Ministerio Público también están en contra de lo aprobado por la comisión. Estos gremios representan a más de 3.200 trabajadores de la Fiscalía. “Materializar aquello no necesariamente pasa por entregar la dirección institucional a un grupo de personas sino, muy por el contrario, en concretar mecanismos que garanticen efectivamente la participación ciudadana, el diálogo social, la gobernanza institucional, el control administrativo, el acceso a la información, estándares de transparencia y probidad cuestiones que no están garantizadas actualmente en ninguna propuesta de la comisión”, plantean en un comunicado.

“Nos preocupa la burocracia y la lentitud que pueda generar un órgano colegiado y con ello la falta de oportunidad de las decisiones que corresponda adoptar, desde la tarea cotidiana hasta las políticas institucionales, más aún, cuando no existe una experiencia comparada en ninguna otra parte del mundo”, agregan los funcionarios quienes pidieron ser escuchados por la Convención, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Los trabajadores hacen un llamado al pleno a rechazar todos los artículos relativos al Ministerio Público y le enviaron por correo, a cada uno de los convencionales, su postura sobre el tema.

La misma postura tiene la Asociación Nacional de Fiscales. Su presidente Francisco Bravo ha reiterado públicamente en diversas ocaciones lo dañino que es eliminar el cargo de fiscal nacional dado que es un error desde el punto de vista del diseño institucional ya que, al igual que lo planteado por los académicos, puede conseguir el efecto contrario al deseado.